La guerrilla zapatista no podría defenderse si el gobierno de México la atacara, pues miles de soldados ocuparon ya todas las zonas estratégicas del estado de Chiapas a pesar de las protestas de políticos y grupos de derechos humanos.
En un despliegue considerado normal y necesario por el gobierno y una invasión por la guerrilla, cientos de soldados tomaron el fin de semana nuevas posiciones en Chiapas, incluida la llamada Reserva de Montes Azules.
Esa era la única zona a la que no habían entrado los militares y en la que se refugiaban campesinos seguidores de los rebeldes.
El gobierno se niega a rebelar cuántos militares hay ahora en Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, pero diversos grupos humanitarios y políticos calculan que son más de 50.000, cifra más de ocho veces superior a la de los guerrilleros armados, muchos con escopetas de bajo calibre o simples machetes.
El gobierno de Ernesto Zedillo atribuyó las nuevas movilizaciones a su intención de defender la construcción de un camino hacia la paz y garantizar la seguridad y el combate al narcotráfico.
Los militares se establecieron en 161 lugares distintos de Chiapas, la policía en 57, personal de Instituto Nacional de Migración en 24 y agentes de la Procuraduría General en 13, informó el no gubernamental Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria.
Todos esos lugares son militarmente estratégicos y su elección tiene el objetivo de cercar al guerrillero Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), añadió el Centro.
Pero el coordinador gubernamental para el diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa, aseguró este lunes al noticiero radial Red que no hay ningún afán de provocar o atacar a los zapatistas. Rabasa reiteró, además, el llamado de la administración a negociar la paz.
La nueva movilización de militares puso a los soldados ya "a nuestras espaldas", afirmó el subcomandante Marcos, líder de la guerrilla. La intención del gobierno es atacar al EZLN y garantizar la futura explotación petrolera en la zona, donde existen importantes reservas, según dijo.
El diputado del centroizquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática, Gilberto Rivas, miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación del parlamento, también protestó.
"No podemos ser cómplices ni permanecer impávidos ante los nuevos movimientos de tropas, que ponen de manifiesto la real intención del gobierno federal de cerrar el cerco en torno del EZLN. El Congreso debe actuar con celeridad, pues es ya imposible que los zapatistas sigan retirándose más", afirmó Rivas.
Arrinconados en la frontera con Guatemala, los 5.000 hombres armados o menos que tendría el EZLN no disparan un solo tiro desde la segunda semana de enero de 1994, cuando el gobierno detuvo los ataques y abrió el diálogo de paz luego de 12 días de choques entre la guerrilla y el ejército.
Mientras se desarrollaban y se suspendían las conversaciones, el ejército ampliaba lenta pero constantemente su presencia en Chiapas "hasta dejarnos con un pie en Guatemala y otro en México", dijo Marcos hace algunos meses en tono de broma.
El diálogo está suspendido desde 1996, y aunque no hay enfrentamientos directos entre la guerrilla y el ejército, la violencia en la zona, atribuida a grupos paramilitares, problemas religiosos y discrepancias políticas, es una constante.
Al menos 1.500 indígenas opositores fueron asesinadas desde 1994 en Chiapas por grupos paramilitares, señala un informe preparado por el Partido de la Revolución Democrática y entregado en abril a la Procuraduría General.
La última "agresión militar" contra "las comunidades rebeldes fue para recordar a todos que en Chiapas hay una guerra, con un pueblo en resistencia y un ejército de ocupación", declaró Marcos el fin de semana.
El gobierno ha reiterado que la guerrilla no quiere la paz y rehuye la negociación, mientras el EZLN insiste en que es el gobierno el que engaña, persigue a sus adversarios y no cumple con compromisos.
Los contactos se interrumpieron por la negativa del gobierno a aceptar un proyecto de ley sobre derechos indígenas preparado por la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso legislativo sobre la base de los Acuerdos de San Andrés.
El gobierno propuso un proyecto diferente al preparado por los diputados de diversos partidos, incluido el gobernante Revolucionario Institucional, y respaldado por la guerrilla, pues consideró que el original otorgaba autonomía excesiva a las comunidades indígenas y ponía en riesgo la unidad del país.
Mientras la militarización continúa y el diálogo parece alejarse más allá del 2000, cuando Zedillo termina su gestión de seis años, el EZLN propone desde la selva iniciativas políticas dirigidas a denunciar la injusticia en Chiapas, unir a grupos civiles opositores y pedir cambios en estrategias de gobierno.
El gobierno, en palabras del presidente, sostiene que tiene una "paciencia infinita" para solucionar pacíficamente el conflicto de Chiapas y que nunca atacará a la guerrilla. (FIN/IPS/dc/mj/ip hd/99
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