La derecha de Italia manifestó hoy indignación ante el otorgamiento por parte el gobierno de centroizquierda de 58.000 permisos de residencia a inmigrantes del Sur en desarrollo y de Europa oriental.
Estos permisos se agregan a los 300.000 permisos de residencia concedidas el año pasado por el gobierno a inmigrantes que llegaron a Italia antes del 27 de marzo de 1998, fecha en que se sancionó la nueva ley sobre la emigración.
"El gobierno continúa con su política demagógica y fracasada", dijo el coordinador de la derechista Alianza Nacional, Maurizio Gasparri, en alusión a los permisos concedidos el año pasado.
Carlo Giovanardi, vicepresidente del Centro Cristiano Democrático, grupo surgido de la desaparecida Democracia Cristiana que integra la coalición opositora de centroderecha, dijo que se trataba de "propuestas confusas y contradictorias".
El gobierno no se preocupa de adoptar medidas severas contra quienes deben ser expulsados, sostuvo Giovanardi.
La ministra de Solidaridad social, Livia Turco, argumentó que las empresas plantean "una consistente petición de trabajadores extracomunitarios", como se denomina a los procedentes de países ajenos a la Unión Europea, en especial los del Sur en desarrollo y Europa oriental.
Los nuevos 58.000 permisos fueron emitidos en el marco del programa de ingresos controlados, que, según esa ley, el gobierno debe fijar cada año el techo máximo de acuerdo con la mano de obra extranjera requerida por el mercado del trabajo nacional.
El Consejo de Ministros reglamentó la ley el miércoles, en su última sesión antes del receso veraniego de este mes.
Los nuevos permisos de residencia, en gran parte temporales, servirán para legalizar los provisorios otorgados por el Ministerio del Trabajo a inmigrantes que ya se encuentran en Italia.
La ley prevé un mecanismo de suscripción anticipada ante las embajadas italianas a las cuales se deben dirigir los interesados en emigrar a Italia, o bien deben ser las empresas las que deben solicitar el ingreso de trabajadores extranjeros.
Sin embargo, como a Italia continúan llegando trabajadores extranjeros fuera de los canales legales, el gobierno concedió la residencia a estos 58.000 inmigrantes que habían entrado de forma ilegal, pero que cuentan con trabajo.
Algunos mueren en el intento, como Zohira Tokiff, una kurda iraquí de 43 años, ahogada el miércoles en el canal de Otranto, al sur de italia, a pocos metros de la costa.
Traficantes de inmigrantes clandestinos arrojaron a Tokiff al mar junto con otras 27 personas, para escapar al control de la guardia costera.
Tokiff pretendía continuar viaje hacia Suecia para operarse de cáncer de seno. Llevaba con ella al más pequeño de sus cinco hijos, dijo su hermano, Raúl Tokif.
Otranto, el canal entre Italia y Albania, se transforma a menudo en la tumba de los emigrantes. Solo en mayo murieron allí cinco personas.
La reglamentación de la ley de inmigración reconoció la residencia permanente a quienes viven y trabajan en Italia hace más de seis años. La residencia supone el derecho a acceder a servicios de salud y a otros beneficios sociales.
La norma establece una ayuda especial a las inmigrantes que han caído en la prostitución. Si deciden dejar las redes de proxenetas, deberán denunciar a sus explotadores. Entonces, serán acogidas en centros especiales y recibirán permiso de residencia y ofrecimiento de trabajo.
La ley también prevé permisos por un período de 20 días a un máximo de nueve meses.
Un paquete de permisos son reservados a tres países con los cuales Italia firmó acuerdos especiales. Así, Marruecos contará con 3.000 permisos, Túnez, con 3.000, y Albania, con 6.000.
La reglamentación de la ley señala que los inmigrantes expulsados deberán permanecer en un centro especial hasta un máximo de 30 días, tiempo en el cual puede apelar la medida.
Antes, como no existían esos centros, los inmigrantes que recibían orden de expulsión aprovechaban el tiempo que les daba la ley para entrar en clandestinidad y evitar el viaje.
Las últimas cifras oficiales indican que en Italia hay 1.333.000 inmigrantes regulares y calcula que los clandestinos son 400.000. (FIN/IPS/jp/mj/hd pr/99
