La oposición de India acusa al Partido Bharatiya Janata en el gobierno de haber aceptado sobornos para favorecer a transnacionales de telecomunicaciones, lo cual podría perjudicar al primer ministro Atal Bihari Bajpayee en las elecciones generales de septiembre y octubre.
Bajpayee habría recibido pagos millonarios para favorecer una nueva política de telecomunicaciones que libera a las transnacionales de amortizar cuantiosas obligaciones contractuales y licencias atrasadas.
Documentos oficiales filtrados a la prensa revelaron que el ex ministro de Telecomunicaciones, el ministro de Finanzas y el Fiscal General se habrían resistido a las presiones de las transnacionales.
A principios de julio, el presidente K.R. Narayanan convocó al ex ministro de Telecomunicaciones Jagmohan, quien fuera despedido en junio antes de que se decretara la nueva política, para ser informado sobre el asunto.
Esta semana, presionada por la oposición, la comisión electoral pidió ver los documentos filtrados para determinar si la nueva política viola el modelo de código de conducta que inhibe a los gobiernos de introducir cambios en la gestión una vez que se inicia la campaña electoral.
La comisión ya rechazó intentos del gobierno para introducir por medio de una ordenanza emisiones televisadas "directas a casa" promovidas por el magnate australiano de la prensa Rupert Murdoch.
La comisión, tras describir la medida como "una importante decisión política en el sector de las transmisiones", determinó que la cuestión de las emisiones directas, impugnadas durante años por los actuales operadores de televisión por cable, debe esperar la decisión del nuevo Parlamento.
No es probable que la comisión electoral apruebe la nueva política de telecomunicaciones, que permite pasar de un pago fijo de licencias a un sistema de ingresos compartido y fue anunciada mediante una ordenanza el mes pasado.
Además, la nueva política fue denunciada ante los tribunales de Nueva Delhi por el no gubernamental Foro de la Ciencia, cuya abogada Indira Jaisingh arguyó que los operadores de telecomunicaciones ya obtienen grandes beneficios con la medida.
Tras despedir a Jagmohan, el primer ministro efectuó importantes cambios en la política de telecomunicaciones, tras ignorar las advertencias de los ministerios de Finanzas y Comunicaciones, según los documentos filtrados.
"¿Cómo puede hablar el gobierno de ingresos compartidos cuando todavía debe definirse en qué consisten esos beneficios?", preguntó el diputado Niloptal Basu en la cámara alta del Parlamento.
Basu, ingeniero en comunicaciones y miembro del Partido Comunista de India-Marxista (PCI-M), expresó que, como están las cosas, las trasnacionales podrían vender los programas de tal manera que evitarían la coparticipación de ingresos con el gobierno.
Según Basu, el gobierno no sólo benefició a las transnacionales sino que cambió la política de telecomunicaciones establecida cuando se liberalizó el sector en 1994, lo cual dará como resultado pérdidas por 12.500 millones de dólares en ingresos potenciales durante los próximos 15 años.
"Todo esto no puede haber ocurrido sin pagos sustanciales 'bajo la mesa' en los más altos niveles", afirmó Basu, quien está a la vanguardia en la campaña contra la política por parte del Frente Comunista de Izquierda y el Partido del Congreso.
Por el momento, el gobierno rechazó los cargos. Sushma Swaraj, un ex ministro de Comunicaciones y vocero del partido oificial, aseguró que la política no puede postergarse porque se produciría "el colapso de la industria de telecomunicaciones".
El gobierno también sostuvo que la demora en la política habría dejado expuestas a instituciones bancarias, las cuales prestaron dinero a las trasnacionales, a pérdidas calculadas en 25.000 millones de dólares.
El gobierno también se enfrenta a la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India (TRAI), que se sintió completamente desplazada y pidió a la Corte Suprema de Nueva Delhi que defina su autoridad.
No obstante, Basu piensa que el conflicto entre la TRAI y el gobierno sólo provocará más demoras que beneficiarán a las transnacionales, las cuales tendrán una nueva excusa para no pagar las licencias atrasadas.
El fiscal general, Sori Sorabjee, aconsejó al gobierno en enero que no permitiera a las transnacionales "violar las condiciones de las licencias y quedar retrasadas para luego exigir cambios más favorables". (FIN/IPS/tra-en/rdr/an/ego/aq/ip-if/99
