Comunidades negras e indígenas de Honduras se declararon en alerta permanente ante la inminente aprobación de una reforma constitucional que abriría las zonas costeras donde habita la etnia garífuna a inversiones turísticas extranjeras.
La enmienda que se estudia "prácticamente nos quiere quitar las tierras y derechos ancestrales", dijo este martes Mateo Martínez, de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), que aglutina a unos 100.000 garífunas, nombre que reciben los negros que habitan en el litoral atlántico.
La reforma permitiría la inversión de capital extranjero con fines turísticos en las zonas costeras donde habitan los garífunas, una de las siete etnias de Honduras.
La polémica reforma implicaría la derogación del artículo 107 de la Constitución, que prohíbe la adquisición de tierras en las zonas costeras y fronterizas.
La norma responde al hecho de que Honduras no ha definido aún sus límites terrestres y marítimos con varias naciones de América Central, del Sur y el Caribe.
No obstante, la depresión económica que sufre el país, agudizada por el paso del huracán Mitch hace ya 10 meses, obligó al gobierno de Carlos Flores a acelerar la aprobación de una ley de concesiones e incentivos a la inversión, que incluye la reforma al artículo 107.
El presidente del parlamento, Rafael Pineda, dijo este martes que nada podrá detener la reforma del artículo 107. "Necesitamos atraer recursos para la inversión, máxime ahora que sufrimos esta importante caída de los precios internacionales del café y están subiendo los del petróleo", afirmó.
"Si queremos atraer capital y fomentar el desarrollo tenemos que aprobar proyectos y la reforma al artículo 107 es algo urgente", agregó Pineda.
"No estamos afectando a los garífunas. Al contrario, los hemos invitado a que trabajen en la reforma con nosotros, pero ellos parece que quieren seguir vendiendo pan de coco que apostar al desarrollo", dijo el legislador.
Este año, según previsiones oficiales, la economía del país caerá dos por ciento, mientras el gobierno tiene dificultades para pagar el servicio de deuda externa que cada año insume 300 millones de dólares.
La ministra de Finanzas, Gabriela Núnez, dijo que apenas se pudo pagar este año poco más de 100 millones de dólares. "Si no obtenemos recursos frescos ni generamos inversión, estaremos a la puertas de un crisis económica inmanejable", afirmó.
Este panorama, así como presiones empresariales privadas, llevaron al gobierno a urgir la reforma constitucional, pese a la oposición de grupos indígenas y garífunas que ven tras la reforma, una escalada para despojarlos de sus tierras y bienes.
La Ofranehb afirma que la reforma al artículo 107 afecta la tenencia de tierras que ancestralmente les corresponde por herencia de sus antecesores, y que además viola el convenio 169 de la Convención de Pueblos Indígenas y Tribales aprobada y ratificada por Honduras.
Martínez dijo este martes que los pueblos negros e indígenas de Honduras se han declarado, en una asamblea popular celebrada el fin de semana en el litoral atlántico, en alerta permanente ante la inminente aprobación de esa polémica reforma.
"Prácticamente nos quiere quitar las tierras y derechos ancestrales", afirmó Martínez.
Martínez demandó una mayor participación de los grupos indígenas en la reforma del artículo 107 para garantizar que la estabilidad de las comunidades garífunas no está en peligro, "ni la soberanía ni la integridad territorial" de este país.
"Nosotros tememos que tras estas reformas, al margen de que nos quiten nuestras tierras y el derecho a trabajar, puedan venir grupos fantasma que podrían estar vinculados al narcotráfico, y ahí si terminamos de fregar este país", dijo Martínez.
Pineda afirmó, por su parte, que a la par de la reforma del artículo 107 se elaborará una ley secundaria que garantizaría los derechos de los garífunas e indígenas.
La intención es "demostrar que no queremos expulsarlos, como ellos alegan", dijo. "Esa ley les va garantizar estabilidad y tenencias de sus propiedades, siempre y cuando tengan los títulos adjudicatorios correspondientes", agregó.
Lo que debe hacerse antes de aprobar la reforma es dar garantías a las etnias que nadie les va quitar sus tierras y darles títulos de propiedad, afirmó. Si ellos después deciden venderlas, "el Estado no puede hacer nada, porque será una decisión que ellos tomarán a futuro", añadió.
En Honduras, existen siete grupos indígenas que aglutinan a más de 500.000 personas que desde hace cuatro años reclaman sus derechos postergados.
Algunas de esas demandas se han atendido parcialmente, pero asuntos espinosos como la reforma del artículo 107 y un proyecto para generar energía eléctrica en la frontera con El Salvador han desatado una férrea oposición de estos grupos.
Los garífunas anunciaron movilizaciones populares para frenar la ratificación de la reforma constitucional y anunciaron demandas internacionales si el gobierno no les garantiza la tenencia de la tierra y de sus bienes. (FIN/IPS/tm/mj/ip pr/99
