Unos 25.000 eritreos, entre los cuales había un bebé de seis meses y un anciano de 80 años, fueron deportados de Etiopía desde que comenzó su conflicto fronterizo con Eritrea en mayo de 1998, según la Cruz Roja Internacional.
Las deportaciones se realizaron entre el 10 de agosto del año pasado y julio de 1999, indicó la Cruz Roja, que garantizó la seguridad de los expulsados cuando atravesaron la frontera, en un informe que fue entregado a IPS esta semana.
Etiopía anunció el 12 de junio de 1998, un mes después del comienzo de la disputa de fronteras, que 1.045 eritreos serían deportados y que el 11 de julio se expulsaría a otros 1.000, recordó la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, que supervisó las operaciones.
"Las expulsiones continuaron durante el resto del año pasado y comienzos de 1999, y hubo un período en el cual más de 1.500 deportados cruzaban la frontera con Eritrea cada semana", afirmó AI.
"Otros cientos de eritreos fueron trasladados a Moyale, en la frontera entre el sur de Etiopía y Kenia, y en la del noreste con Djibouti", añadió la organización, que estimó el número total de eritreos detenidos y expulsados entre junio de 1998 y el 6 de febrero de este año en unos 54.000.
Eritrea deportó formalmente un número mucho menor de etíopes, pero se estima unos 22.000 etíopes que vivían en Eritrea decidieron "regresar voluntariamente" a Etiopía con la ayuda de la Cruz Roja, que advirtió que esa cifra no es definitiva.
"Una de las deportaciones masivas de Eritrea ocurrió el 23 de marzo, cuando 2.800 etíopes debieron dejar ese país cruzando el puesto fronterizo de Humera", según el presidente de la Cruz Roja de Etiopía, Yves Giovannoni.
Addis Abeba afirma que más de 40.000 etíopes han regresado desde Eritrea desde que comenzó el conflicto, y asegura que sólo deportó a los eritreos que representaban un "peligro para la seguridad".
Entre esos deportados hubo ex combatientes del gobernante Frente de Liberación del Pueblo de Eritrea, que según un portavoz del gobierno de Etiopía podían volverse espías o movilizar recursos financieros o de otro tipo para apoyar la "agresión" de Eritrea.
"Las autoridades de Etiopía tienen el derecho legal de deportar a los eritreos que significan un peligro para la seguridad nacional porque son ciudadanos de otro país", subrayó el portavoz.
Una mujer etíope cuyo marido eritreo fue deportado a comienzos de julio relató que tres policías se presentaron en su casa a las 5 de la mañana para llevárselo.
"Cuando abrí la puerta me preguntaron por mi marido. Les pregunté si podía lavarse la cara y se lo llevaron por la fuerza", recordó la mujer, que ahora busca un empleo para poder mantener a su hijo de nueve años y a su suegra inválida.
La madre, la hermana menor y dos hermanos de una muchacha de 18 años fueron expulsados, y la joven se propone encontrarse con su familia en cuanto pueda. "Iré cuando termine de vender nuestros muebles. Tengo posibilidades de conseguir trabajo en Eritrea", aseguró.
Muchos deportados fueron arrestados en plena noche, y estuvieron detenidos durante días o meses antes de ser expulsados, observó AI.
"Un anciano llegó a Eritrea en pijamas y sandalias, ya que no le habían permitido llevarse nada más", informó la organización humanitaria.
"En muchos casos, las propiedades de los eritreos deportados fueron confiscadas, supuestamente para pagar impuestos o préstamos, y en algunas ocasiones fueron adquiridas por otras personas en forma ilegal", según el informe de AI, que estimó el valor total de esas propiedades en cientos de millones de dólares.
El informe denunció que las expulsiones masivas de eritreos se llevaron a cabo en condiciones "crueles e inhumanas".
Amnistía Internacional denunció que las fuerzas de seguridad de Eritrea maltrataron a algunos etíopes, pero aseguró que no existen pruebas de que hayan existido políticas sistemáticas de maltrato o expulsión de etíopes por parte de Asmara.
"Ninguno de los etíopes que volvieron a su país y fueron entrevistados por AI dijo haber sido expulsado de Eritrea", observaron los autores del informe, titulado "Etiopía y Eritrea, Cuestiones de derechos humanos en un año de conflicto armado".
La Cruz Roja señaló a su vez, refiriéndose a los etíopes que regresaron voluntariamente a su país, que "ningún funcionario del gobierno de Eritrea o de la policía les ordenó irse, y tampoco les quitaron oficialmente su derecho a permanecer en ese país como extranjeros o trabajadores inmigrantes".
"Si hay más deportaciones, deberían respetar la dignidad humana y permitir que cada persona arme su equipaje para irse", señaló la Cruz Roja. (FIN/IPS/tra-en/yb/mn/ceb/mp/ip pr/99
