Estados Unidos ofreció por primera vez palabras de relativo apoyo al Tribunal Penal Internacional (TPI) desde su aprobación hace un año, pero grupos de activistas esperan que Washington acompañe su discurso con acciones.
Mientras decenas de gobiernos se disponen a finalizar este viernes en Washington tres semanas de trabajos preparatorios para definir los procedimientos del tribunal, diplomáticos estadounidenses declararon que no desean debilitar a la corte, destinada a juzgar crímenes contra la humanidad, genocidios y crímenes de guerra.
Esa mera declaración representa un cambio positivo, señalaron activistas de los derechos humanos.
El cambio de postura fue reflejado por el embajador estadounidense David Scheffer, jefe de la delegación presente en las conversaciones, quien destacó esta semana que su gobierno no se propone debilitar el estatuto de 1998 que estableció el TPI.
"Scheffer dejó claro que no desea modificar el tratado ni debilitar al tribunal", y esto representa un cambio respecto de la postura de Estados Unidos durante el año pasado, de abierta oposición a la corte, subrayó Richard Dicker, consejero asociado de la organización Human Rights Watch.
Hasta ahora, 84 países firmaron el estatuto y cuatro (Senegal, Trinidad y Tobago, San Marino e Italia) lo ratificaron. Pero para que el TPI entre en vigor, 60 países deben firmar el estatuto, y ese número sólo se alcanzará alrededor del 2001, según estimaciones.
Estados Unidos, uno de los siete países que votaron contra la creación del tribunal en una conferencia especial celebrada en Roma en julio de 1998, se había destacado hasta la semana pasada por el condicionamiento de su firma a una modificación sustancial del estatuto.
Pero la mayoría de las propuestas de Washington para "enmendar" el tribunal lo volverían ineficaz y además todos los gobiernos que apoyan al TPI se oponen a ellas, señalaron activistas.
En particular, los grupos defensores de los derechos humanos temen que Washington aún desee imponer definiciones de crímenes que impidan el procesamiento de militares estadounidenses.
Una posible excepción en consideración es que los militares que actúen en su "calidad oficial" sean excluidos de la jurisdicción del TPI, observó Jelena Pejic, funcionaria de programa del Comité de Abogados por los Derechos Humanos.
Otra propuesta estadounidense es que cada país, y no el TPI, determine si sus propios tribunales tienen jurisdicción para juzgar genocidios y otros crímenes mayores.
"Las propuestas de Estados Unidos son inaceptables", sentenció Pejic. "Paralizarían a la corte".
Sin embargo, el cambio de postura de Washington en las últimas semanas sugiere que la administración de Bill Clinton todavía está dispuesta a firmar el tratado de creación de la corte pese a la oposición del Pentágono (Departamento de Defensa) y del Congreso, de mayoría republicana.
"Estados Unidos manifestó reiteradamente que si se realizan algunas enmiendas que propone, firmará el tratado dentro de esta administración", señaló Bill Pace, presidente de la Coalición para un Tribunal Penal Internacional, una confederación de organizaciones no gubernamentales.
Funcionarios de gobierno creen que hay un plazo de seis meses en que Clinton podría firmar el estatuto del TPI si los diplomáticos estadounidenses lograran ciertos ajustes, señaló Dicker.
Más allá de ese plazo, sin embargo, las probabilidades serían nulas con el comienzo de la campaña presidencial. La administración Clinton no desea que el TPI se transforme en una cuestión electoral, observó Dicker.
El cambio de postura de Washington demuestra "cuán aislado está en este tema", sostuvo.
Al igual que con la aprobación de la Convención de Ottawa sobre Minas de Tierra en 1997, también sin el apoyo de Estados Unidos, parece que el TPI se convertirá en realidad pese a la oposición de Washington, vaticinó Dicker.
Es improbable que Clinton obtenga la ratificación del tratado en los 17 meses que le quedan de mandato, dado que ambas cámaras del Congreso están encabezadas por republicanos recelosos de las organizaciones internacionales.
No obstante, si Washington firma el estatuto, le dará un gran impulso a la efectividad del TPI, opinaron activistas. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/mlm/hd/99
