Un comité de derechos humanos de la ONU admitió su impotencia ante la gravedad de la violencia en Colombia y expresó comprensión con los esfuerzos del gobierno en la eliminación de la discriminación racial.
El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial estimó que el país sudamericano atraviesa una situación extremadamente delicada debido a la guerra civil y a sus consecuencias sobre los derechos humanos de sus 37 millones de habitantes.
El experto Theodoor Van Boven, de Holanda, reconoció que "al comité le resulta difícil decir lo que se puede hacer" ante la proliferación "de todo tipo de actividades militares y paramilitares arduas de controlar".
De todos modos, el comité dictaminó que las comunidades indígenas y negras afrontan marginalización política, pobreza extrema y sufren de manera desproporcionada los efectos de la violencia dominante en el país.
El comité, encargado de vigilar la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, examinó esta semana, entre otros, el caso de Colombia, uno de los 155 estados partes del tratado.
Las tareas del comité, que funciona en la órbita de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), se vieron allanadas por la autocrítica efectuada por el representante colombiano, Pastor Murillo, en nombre de su estado.
Murillo, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de la situación política de la población negra de su país, reconoció la existencia de problemas graves y estructurales que afectan el desarrollo y la igualdad de comunidades indígenas y de origen africano.
Con una franqueza desusada en los documentos gubernamentales, el informe aludió a las desventajas que soportan las comunidades minoritarias, entre ellas unos seis millones de afrocolombianos, alrededor de 16 por ciento de la población total, y 603.280 autóctonos, o sea dos por ciento.
El estado de salud de la población afrocolombiana es precario, con índices de mortalidad infantil registrados en la costa del Pacífico de 117 por cada 1.000 nacidos vivos, que cuadriplica la media nacional.
Las condiciones sanitarias en que se encuentran las comunidades negras de la isla de San Andrés, de las costas atlántica y pacífica y de distintos centros urbanos se ubican entre "las más deficitarias" de todo el país. reconoció el informe.
La cobertura del servicio educativo para esos grupos "es baja". Los datos ofrecidos por el informe la sitúan en 77 por ciento para escuela primaria, mientras que el promedio nacional sube a 86 por ciento.
En el caso de la población indígena, el último censo, de 1985, elevó a 44 por ciento su analfabetismo, comparado con un 30,6 por ciento que registraba el sector rural del país. La cobertura primaria llegaba para los indígenas a solo 11,3 por ciento.
La relatora del comité encargada del caso colombiano, Gay McDougall, estimó que la aplicación de la convención se entorpece debido al clima de violencia reinante en Colombia, relacionado con el conflicto armado interno, con el tráfico de drogas y con la actividad de grupos armados.
La experta, de nacionalidad estadounidense, lamentó que los choques armados causen "efectos desproporcionados entre las poblaciones indígenas y afrocolombianas".
La intensificación de las hostilidades entre fuerzas rebeldes, paramilitares y tropas regulares ha determinado que los pobladores indígenas se conviertan en blanco preferido, dijo McDougall.
El comité observó que en la actualidad existen en Colombia alrededor de un millón de desplazados, una de las cifras más altas del mundo en ese rubro, como reconoce la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Las principales críticas del comité al gobierno de Colombia se relacionan con la falta de legislación adecuada para otorgar fuerza a las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dsicriminación Racial.
McDougall recomendó a las autoridades colombianas la aplicación urgente de las diversas leyes y disposiciones existentes.
La experta se declaró alentada por el hecho de oir al representante de un gobierno "diciendo que la discriminación es persistente en su país y que es algo estructural".
El comité, integrado por 18 expertos independientes, divulgará antes de la conclusión de su actual período de sesiones, el 27 de agosto, sus observaciones finales sobre el informe de Colombia. (FIN/IPS/pc/mj/hd ip/99) = 08181725 NYC066
