Los últimos intentos para liberar por medios políticos al ex dictador chileno Augusto Pinochet e impedir su extradición y juicio en España tienen escasas posibilidades de prosperar, según lo sucedido esta semana en España y Gran Bretaña.
Los gobiernos de Chile y España dialogaron con respecto a un escasamente posible arbitraje en el caso, y la Fiscalía española pidió la libertad de Pinochet, detenido en Londres desde octubre.
Así mismo, la policía británica desestimó las informaciones originadas en el entorno de Pinochet y que indican que éste estaría gravemente enfermo.
Juristas, organizaciones no gubernamentales y todos los partidos de oposición de España rechazan cualquier intento oficial para liberar a Pinochet y evitar su entrega a este país. El juicio de extradición está anunciado en Londres para el 27 de septiembre.
Mientras el gobierno del centroderechista José María Aznar estudia un pedido de arbitraje extrajudicial propuesto por Chile, la Fiscalía española pide la libertad de Pinochet.
En el escrito, el fiscal Pedro Rubira compara al ex dictador con el rey Juan Carlos de España y distingue entre dos tipos de torturas, para fundamentar su solicitud.
Pinochet está detenido en Londres en respuesta a un pedido de captura y extradición efectuado por el juez español Baltasar Garzón, ante cuyo juzgado de instrucción el ex dictador está acusado de delitos de lesa humanidad, genocidio, secuestro, tortura y asesinato.
Medio centenar de organizaciones no gubernamentales y sindicales enviaron el viernes una carta al gobierno español, exigiéndole que no interfiera en el proceso judicial.
Aunque el gobierno afirma que respeta y respetará la independencia judicial, sus conversaciones con Chile sobre un eventual arbitraje y el pronunciamiento de la Fiscalía en contra del procesamiento de Pinochet, siembran dudas sobre sus verdaderas intenciones.
La mayor fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español, acusó el viernes a la Fiscalía de actuar por orden del Poder Ejecutivo.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, ante la que se realiza la instrucción del sumario, Eduardo Fungairiño, se opuso en su momento a iniciar juicio contra los ex dictadores de Argentina y Chile, con el argumento de que dieron el golpe de Estado para salvar el orden constitucional.
Ahora, el fiscal Rubira -quien depende de Fungairiño- sorprende con sus alegaciones en el escrito de fecha 29 de julio, hecho público el viernes.
Rubira sostiene que la legislación española estipula que para configurar delito, las torturas se deben producir "en el curso de una investigación policial o judicial y con el fin de obtener una confesión o un testimonio".
Añade que eso no ocurrió en Chile, pues "los torturadores chilenos lo hacían con la finalidad no de investigar hechos, sino para originar terror en la ciudadanía chilena o para obtener informaciones de otras personas".
El fiscal no explica el origen de la información que le permite atribuir esos objetivos a los torturadores chilenos.
Además, Rubira manifiesta sus "dudas de que un jefe de Estado sea autoridad o funcionario" a los efectos de responder ante la ley.
Asimismo, recuerda que la Constitución española estipula que el Rey no está sujeto a responsabilidad y que, por lo tanto, el mismo tipo de inmunidad podría ser aplicable a Pinochet.
La solicitud del fiscal tiene pocas posibilidades de ser aprobada, pues los órganos judiciales superiores a él y a Garzón ya se pronunciaron a favor de la celebración del juicio. El mayor apoyo lo produjo el Tribunal Supremo de Justicia, en una resolución aprobada por el voto unánime de los 11 miembros de la Sala que debió decidir.
En todo caso, la resolución sobre el nuevo escrito del fiscal no se producirá hasta mediados de septiembre, como muy pronto y el inicio del juicio de extradición de Pinochet, en Londres, está previsto para el 27 de ese mismo mes.
Entre las organizaciones profesionales de jueces, sólo la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura encuentra "atinado" el recurso del fiscal.
En el campo político, además de los opositores PSOE e Izquierda Unida (alianza basada en el Partido Comunista), también se pronuncian a favor del juicio a Pinochet los socios parlamentarios del gobierno: el Partido Nacionalista Vasco y la coalición nacionalista catalana Convergencia i Unió, ambos moderados y mayoritarios en sus regiones respectivas.
"Es una vergüenza para España que en la Audiencia existan fiscales con mentalidad fascistoide, que mantengan la tesis de que es legítima la tortura para originar terror y que comparen al dictador Pinochet con el rey Juan Carlos", advirtió el portavoz de Convergencia i Unió, Josep López de Lerma.
Mientras. el responsable de Asuntos Exteriores del PSOE, Rafael Estrella, reclama que el gobierno "ponga fin ya a los enredos en el caso Pinochet" y que ejerza su potestad para indicar a los fiscales que no obstaculicen el enjuiciamiento.
La generalizada oposición a las maniobras extrajudiciales seguramente influirá en la actitud futura del gobierno español. Aznar tendrá presente que antes de marzo, en una fecha aún sin determinar, se celebrarán las elecciones generales.
El electorado del centro, de cuya oscilación dependerá el triunfo del gobernante Partido Popular o del PSOE, es muy sensible ante casos como el juicio a Pinochet.
Por todo ello, será difícil impedir el juicio en Londres para la extradición de Pinochet a España, previsto de acuerdo con las resoluciones de la justicia británica y española. (FIN/IPS/td/ff/ip hd/99
