Con elogios, pero también dudas en cuanto a su eficacia, fue recibido en Chile el "pacto por el respeto ciudadano", que el gobierno lanzó con el propósito de solucionar el cada vez más complejo conflicto indígena.
La negativa de los empresarios a suscribir el pacto y la ausencia de medidas acerca de las explotaciones forestales en tierras reclamadas por comunidades mapuches, aparecen como los flancos débiles del plan que el presidente Eduardo Frei presentó el jueves.
El conflicto indígena se agudizó desde enero, con actos de violencia en las regiones del Bío-bio y la Araucanía, entre 400 y 800 kilómetros al sur de Santiago, en torno de actividades de compañías madereras y proyectos energéticos.
El gobierno inició el 28 de mayo un proceso de diálogo con las comunidades mapuches, admitiendo que la raíz de los problemas es de carácter social, económico y cultural y está ligadas a la discriminación de las minorías étnicas.
A pesar de que el diálogo registró algunos accidentados episodios y a que no detuvo los conflictos de tierra, se logró completar su cronograma y traducirlo en un pacto que es a la vez un plan de desarrollo indígena.
El "pacto por el respeto ciudadano" fue firmado en el palacio presidencial de La Moneda ante 1.200 invitados especiales, incluyendo a 800 "lonkos" (jefes) de las comunidades mapuches y a dirigentes de otras etnias.
El documento implica un virtual "mea culpa" del Estado chileno respecto de la situación de abandono de un millón de indígenas, la mayoría de los cuales emigraron en las últimas décadas de sus tierras y residen actualmente en Santiago.
El gobierno se compromete en el pacto al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y a ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre discriminación positiva en favor de las minorías étnicas.
Entre las tareas concretas, se anuncia la puesta en marcha de un plan interministerial con inversiones entre este año y el 2002 de 280 millones de dólares en proyectos de vivienda, salud, educación, agricultura e infraestructura en las comunidades.
A cuenta de estas inversiones se asignarán fondos para compras de tierras en favor de las comunidades ya decididas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, organismo en que participan las minorías étnicas.
El "lonko" Arnoldo Ñanculef elogió muchas de las medidas previstas en el plan, pero protestó por la falta de propuestas de solución de los enfrentamientos entre comunidades y compañías forestales que ocupan tierras reclamadas por los mapuches.
Otros dirigentes de las numerosas organizaciones en que se alinean las comunidades coincidieron con la queja de Ñanculef, en tanto las pugnas con las empresas madereras son el principal foco de discordia en las regiones del Bío-bio y la Araucanía.
Francisco Huenchumilla, diputado de origen mapuche del Partido Demócrata Cristiano, al cual pertenece Frei, dijo que el anuncio del plan "generó una serie de expectativas que lamentablemente no se cumplieron".
La Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco y el Consejo de Todas las Tierras, las dos agrupaciones indígenas más radicalizadas, que se marginaron del diálogo con el gobierno, no participaron en la firma del pacto.
Estos grupos propugnan que el Estado chileno se declare multiétnico y que reconozca a las naciones indígenas, otorgando estatuto de autonomía territorial y política a las comunidades mapuches.
Además del gobierno y dirigentes mapuches, el "pacto por el respeto ciudadano" fue firmado por autoridades judiciales y legislativas, alcaldes de numerosos municipios y personalidades académicas y del mundo cultural.
Los empresarios, sin embargo, declinaron adherir, por considerar que las propuestas aprobadas ya están incorporadas a la Constitución, según indicó Felipe Lamarca, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril.
Ricardo Ariztía, de la Sociedad Nacional de Agricultura, objetó también aspectos jurídicos y constitucionales del pacto, aunque anunció que su entidad tomará una decisión final en los próximos días.
Dirigentes de la Corporación de la Madera, que reúne a las compañías forestales, señalaron que el documento preparado por el gobierno no fue sometido previamente a su conocimiento y, por ello, declinaron participar en la ceremonia de firma. (FIN/IPS/ggr/ff/hd dv/99
