El sistema judicial de Canadá persigue a los criminales de guerra de Africa, Asia y ex Yugoslavia que se encuentran ocultos entre los miles de refugiados que se asentaron en este país tras la segunda guerra mundial.
En el otoño boreal, Nicholas Ribic, un serbio de Bosnia, será sometido a juicio en Ottawa por el secuestro de fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad bosnia de Pale, dominada por los serbios, en mayo de 1995.
Entre los cascos azules que habría secuestrado Ribic estaba Patrick Rechner, un capitán del ejército canadiense estacionado en Pale.
La fotografía de Rechner esposado a un poste como "escudo humano" frente a los ataques aéreos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra posiciones serbias de Bosnia apareció en la prensa de todo el mundo.
Ribic, un inmigrante en Canadá que había vuelto a Bosnia, fue detenido en la ciudad canadiense de Edmonton el año pasado mientras visitaba a familiares residentes en este país.
El derecho canadiense estipula que Ribic podría ser condenado a cadena perpetua por cuatro cargos de secuestro. La ley de crímenes de guerra permite procesar a secuestradores por crímenes cometidos en el exterior.
"Canadá, junto con otros países, solemnemente se compromete a penalizar este comportamiento y a procesar a sus nacionales por un delito como este sin importar donde se cometa", dijo Peter Lamont, abogado del Departamento de Justicia federal que trabaja en el caso.
"Es la primera vez que procesamos a alguien por un secuestro cometido en el exterior", explicó.
El proceso a Ribic es parte de una ofensiva canadiense contra los criminales de guerra, paralela a la participación de este país en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Canadá es firme defensora de la Corte y envió a dos de sus jueces más destacados al tribunal internacional. Abogados e investigadores del gobierno trabajan actualmente en unos 400 casos referidos a crímenes de guerra.
Funcionarios de inmigración impidieron que 307 sospechosos de haber cometido ese tipo de delitos ingresaran al país, y 25 más fueron expulsados por esa causa por tribunales que deben verificar la condición de refugiados de los extranjeros.
Canadá también apoya activamente a los tribunales de crímenes de guerra de la ONU y al propuesto Tribunal Penal Internacional (TPI). La canadiense Louise Arbour está concluyendo su período como fiscal de uno de estos tribunales antes de ocupar una banca en la Corte Suprema canadiense en septiembre.
Estados Unidos se niega a apoyar al TPI porque teme que sus efectivos militares o dirigentes políticos sean procesados por acciones durante operaciones de "paz".
Luego de que el gobierno expulsara el año pasado a los sospechosos de haber cometido crímenes de guerra, Ottawa ahora investiga a 200 habitantes más de este país.
La mayoría llegó con los refugiados procedentes de guerras en Eritrea, Ruanda, Somalia, Yugoslavia y del sudeste de Asia.
Pero los funcionarios reconocen que no saben qué hacer con personas como la esposa y los hijos de un jefe de la guerra somalí que ingresó al país en 1990 y vive como refugiado de la ayuda estatal en una ciudad de la provincia de Ontario.
Los investigadores señalan que la mujer no cometió crímenes ni mintió sobre su esposo cuando solició ingresar como refugiada.
Desde 1995, el gobierno inició acciones penales o de deportación contra 16 sospechosos de haber cometido crímenes de guerra durante la segunda guerra mundial, pero tuvo dificultades para hallar testigos o superar los obstáculos legales presentados por la defensa de los acusados.
Es así que los investigadores ahora se concentran en los criminales de guerra de la actualidad, y no en los ex nazis.
Muchos de los procesos contra criminales de guerra de la segunda guerra mundial resultaron fiascos para el gobierno. A mediados de julio, la justicia perdió un caso para deportar a un hombre de Letonia que habría sido nazi.
El gobierno sostuvo que Eduards Podins, de 81 años, mintió cuando solicitó el ingreso a Canadá desde Gran Bretaña en 1959.
Podins pudo comprobar que era ciudadano británico en ese momento, y que los súbditos británicos no eran sometidos al mismo tipo de investigación que los inmigrantes de países ocupados por Alemania nazi.
El gobierno gastó cientos de miles de dólares en el caso Podins. Envió investigadores a Letonia para entrevistar a sobrevivientes del campo de concentración donde Podins habría trabajado entre 1941 y 1943.
El tribunal incluso sesionó en la localidad letona de Valmiera para tomar el testimonio de testigos que, por razones de salud, no podían trasladarse a Canadá.
Pero el juez William McKeown dictaminó que el campo era una cárcel para prisioneros rusos, y que Podins no cometió las atrocidades asociadas con los campamentos de la muerte nazis.
El fallo fue una derrota más para los fiscales de crímenes de guerra, que perdieron tres de los seis casos de la segunda guerra mundial presentados antes las cortes en los últimos seis años. Los tribunales analizan ahora seis casos más. (FIN/IPS/tra-en/mb/mk/aq/hd-ip/99
