El mayor juicio de la historia de Brasil, que comenzó hoy en Belem, capital del norteño estado de Pará, pone en juego la imagen internacional de este país, así como la credibilidad de su justicia y de la reforma agraria.
Son acusados 150 policías militares que participaron en la masacre de 19 campesinos sin tierra el 17 de abril de 1997, en Eldorado de Carajás, un municipio del sur de Pará, área conocida por su violencia rural.
El juicio, dividido en 27 sesiones, se prolongará hasta diciembre. La duración fijada es de 109 dias, pero es previsible una prórroga, ante las polémicas y presiones involucradas.
El primero que se sentará en el banquillo de los acusados es el coronel Mario Colares Pantoja, quien comandó la operación. Solo para esta primera sesión están convocados 18 testigos, entre ellos el gobernador de Pará, Almir Gabriel, socialdemócrata como el presidente Fernando Henrique Cardoso.
El defensor del militar, Américo Leal, argumentará que el acusado recibió órdenes del gobernador para desobstruir "a cualquier costo" la carretera ocupada por 1.500 campesinos en una manifestación por la reforma agraria.
Los soldados, cabos y sargentos podrán librarse del juicio si los oficiales juzgados son condenados, declaró el presidente de la Asociación de los Policías Militares, capitán Luiz Fernando Furtado.
La pena prevista para el homicidio premeditado, como los que se juzgan en este caso, es de 12 a 30 años de cárcel. El fiscal a cargo del caso, Marco Aurelio Nascimento, de 33 años, anunció que no pedirá el castigo máximo.
La legislación brasileña establece que los condenados a más de 20 años tienen derecho a un segundo juicio.
La mayor parte de la presión por una condena dura parte del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que promovió la marcha reprimida a tiros. Cerca de 700 de sus militantes están acampados cerca del Tribunal de Justicia en Belém.
Además habrá manifestaciones ante los principales tribunales de los demás estados del país todos los días de sesión del juicio, anunció el MST.
La masacre de Eldorado de Carajás conmovió al país, dio mayor repercusión a las acciones del MST, fortaleció la opinión nacional favorable a una reforma agraria amplia y movilizó a los movimientos internacionales de derechos humanos.
Los 1.500 campesinos se disponían a marchar más de 600 kilómetros de carreteras hasta Belém para protestar contra la lentitud de la asignación de tierras y la violencia de que son víctimas.
Pará es el estado donde ocurren más asesinatos atribuidos a conflictos por la propiedad de las haciendas, según la Comisión Pastoral de la Tierra, de la Iglesia Católica. Fueron 11 en el año pasado.
Los policías militares, encargados de reprimir la manifestación, tiraron sobre los campesinos que los recibió tirando piedras y palos.
La situación de los acusados se complicó por el examen de los cadáveres, que presentaron varios indicios de ejecución. Casi mitad fueron muertos a puñaladas o tiros de gracia en la cabeza, según dos expertos en medicina legal.
Además de los muertos hubo 69 heridos, algunos de los cuales quedaron mutilados o con secuelas permanentes.
La importancia del juicio llevó a Belém a los ministros de Justicia, José Carlos Dias, y de Asuntos Agropecuarios, Raúl Jungmann, y al secretario nacional de Derechos Humanos, José Gregori.
La impunidad es uno de los factores que empeoran la imagen de Brasil en el movimiento internacional de derechos humanos.
En un intento por evitar que los acusados fueran enjuiciados en el sur de Pará, donde se sospecharía un trato favorable, el gobierno de Cardoso logró transferir el juicio a Belém, cuyo tribunal es supuestamente menos afectado por presiones.
Además de Eldorado de Carajás, Brasil enfrenta la condena internacional por otras masacres de gran repercusión. En 1992, por ejemplo, 111 presos fueron fusilados en Sao Paulo, sin que sus responsables fueran castigados.
En el mismo año de 1996 hubo otra matanza de campesinos sin tierra, en un enfrentamiento con policías en Corumbiaria, en el estado de Rondonia, en el noroeste del país. Hubo por lo menos 10 muertos.
Otras matanzas de presos, niños de la calle, sacerdotes, sindicalistas y abogados de campesinos sin tierra agravan la imagen de impunidad generalizada e ineficacia de la justicia en Brasil. (FIN/IPS/mo/mj/hd/99
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