Veinte pequeños agricultores que iniciaron en Benín un movimiento contra la expropiación de sus tierras fueron detenidos, encarcelados y torturados por la policía, denunció la Liga por la Defensa de los Derechos Humanos (LDH).
Unos 300 policías bien armados rodearon a 10 aldeas en la subprefectura de Ze, 60 kilómetros al norte de Cotonou, y detuvieron a los granjeros.
El "operativo fue la culminación de una semana de acciones policiales contra los líderes del movimiento campesino, que se convirtió en una espina para los funcionarios locales", declaró Valentín Avade, portavoz de los campesinos.
A comienzos de los años 60, el gobierno comenzó a arrendar tierras a los granjeros de Ze, con el objetivo de promover la producción del aceite de palma mediante un plan de desarrollo rural.
Los campos fueron convertidos en cooperativas de desarrollo rural y algunos de los campesinos se unieron a esas entidades o se convirtieron en sus empleados. El estado pagó a cada propietario de tierras 450 francos CFA por hectárea (un dólar equivale a 522 francos CFA).
Pero el Estado no pagó el arrendamiento en los últimos 10 años, y los reclamos y protestas de los pequeños agricultores cayeron en oídos sordos.
A comienzos de esta década, el gobierno autorizó que las tierras arrendadas volvieran a manos de sus propietarios originales como parte de un programa de reforma agrícola.
No obstante, una compañía estatal encargada de trabajar las tierras arrendadas recomendó en cambio que los campesinos "crearan nuevas cooperativas y alquilaran las tierras por un período renovable de 50 años".
"Para nosotros significa el intento de perpetuar nuestra explotación sin control", dijo Avade.
Los granjeros rechazaron la propuesta de la compañía y exigieron que sus títulos de propiedad fueran devueltos sin nuevas dilaciones. Entre sus miembros, eligieron un comité inter- cooperativo "para coordinar y armonizar las demandas de todos los propietarios de tierras", señaló Avade.
Para mostrar la seriedad de su propósito, los campesinos ocuparon las tierras y bloquearon las actividades de la compañía, agregó.
Varias comisiones ministeriales intentaron disuadir a los campesinos de su acción, pero no les ofrecieron alternativas concretas.
Como resultado, los agricultores se negaron a colaborar y crerraron las oficinas de nuevas cooperativas que, segun expresaron, "no tienen derecho legal de existir".
La policía abrió fuego con munición de combate e hirió a tres granjeros. Otros cuatro fueron detenidos.
Testigos denunciaron que los granjeros fueron torturados y engrillados antes de que una decena de ellos fueran transferidos a una prisión civil en Cotonou. Los demás fueron liberados después de varios días de detención preventiva.
"El propósito de ese operativo fue aislar a nuestros líderes y matar el movimiento campesino. Aquellos de nosotros que evitaron la cárcel lo lograron pasando a la clandestinidad", sostuvo. La policía busca a los dirigentes prófugos.
El presidente de la LDH, Julien Todbadja, protestó por el "cruel e inhumano tratamiento que recibieron los granjeros".
Los campesinos tienen derecho a administrar sus tierras y son libres de hacer lo que quieran con sus propiedades. También tienen derecho a rechazar su participación en una cooperativa que los está arruinando, aseguró.
"Parece evidente que las prácticas represivas usadas por las autoridades para abatir a los terratenientes campesinos de Ze son ilegales y constituyen una grave violación de los derechos ciudadanos", manifestó.
La LDH dijo que las autoridades "practican la represión en gran escala para aterrorizar a los agricultores y romper su propósito. Son tratados como delincuentes comunes y acusados de conspiración, robo de propiedades cooperativas, destrucción de plantaciones y derribos no autorizados de árboles, entre otras cosas".
Magloire Yansunnu, ex titular de la LDH y abogado defensor de los granjeros detenidos, describió los cargos contra sus clientes como "ajenos a los hechos" y también coo "violación de sus derechos".
Yansunnu cree que la rebelión campesina se extenderá a todo el país, porque casos como los que ocurrieron en Ze ya "son legendarios".
"Todos los granjeros cuyas tierras fueron arrebatadas y entregadas a compañías estatales están pidiendo la devolución de sus propiedades. El Estado no puede seguir negando esta situación", comentó.
La LDH exige la inmediata e incondicional liberación de todos los granjeros detenidos, y el cese de las intimidaciones contra aquellos que aún están en libertad.
También reclamó que las tierras de propiedad de los campesinos sean devueltas inmediatamente y que el gobierno reconozca el derecho de los agricultores de hacer lo que quieran con sus granjas. (FIN/IPS/tra-en/mb/nrn/sz/mn/ego/aq/hd/99
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