Activistas de derechos humanos denunciaron una campaña del gobierno de Uzbekistán para silenciar las críticas a la represión de musulmanes religiosos y otros opositores, aunque las autoridades arguyen que sólo se trata de medidas para preservar la estabilidad política.
"El gobierno uzbeko no puede ser más radical de lo que es ahora", declaró Abdufattah Mannapov, subdirector del comité asiático del Centro de Derechos Humanos, con sede en Moscú.
El último golpe a la imagen de Uzbekistán en el exterior fue la sentencia a cinco años de prisión a la activista de derechos humanos Mahbuba Kasymova, el día 14, en el último ataque del gobierno a la Organización Independiente de Derechos Humanos de Uzbekistán (OIDHU).
El fiscal se habría referido a la ODHU como "una organización ilegal", según trascendió.
"La condena a Kasymova es una farsa", acusó Holly Cartner, directora ejecutiva de la división europea y centroasiática de la organización Human Rights Watch (HRW).
"Parece que el objetivo de las autoridades consiste en silenciar a todos los activistas independientes de derechos humanos", añadió.
La sentencia de Kasymova siguió a la muerte bajo custodia, el 19 de junio, del miembro de OIDHU Ajmadjon Turajonov, a la detención y posterior golpiza el 25 de junio del presidente del grupo, Mijail Ardzinov, y al arresto el 12 de este mes del integrante de OIDHU Ismail Adylov.
Los críticos sostienen que la policía introdujo panfletos de una organización islámica prohibida en la casa de Adylov durante un registro.
HRW entrevistó a casi 100 personas en 1998 y 1999 que contaron historias similares de simulación de pruebas por la policía.
"Existe un gran riesgo de tortura durante la detención previa al juicio en Uzbekistán, en particular cuando los sospechosos están incomunicados", denunció Alexander Petrov, subdirector de la oficina en Moscú de HRW para la Federación Rusa.
Según estos activistas, Uzbekistán es uno de los estados con más persecución de sus ciudadanos de la antigua Unión Soviética, aunque el gobierno sostiene que sólo intenta preservar la estabilidad.
Cerca de 95 por ciento de los habitantes de Uzbekistán, la nación más poblada de los cinco estados centroasiáticos con 24 millones, vive en la pobreza, según el líder opositor Muhammad Salij.
La recesión económica mundial redujo sustancialmente el valor del algodón, el cobre, el oro y los granos, que constituyen las principales exportaciones de Uzbekistán.
El país enfrenta además una grave escasez de divisas, que redujo las importaciones en casi un tercio en 1998.
Además de los males económicos, el gobierno del presidente Islam Karimov teme un resurgimiento del extremismo islámico en Asia central y enfrentamientos religiosos y étnicos en países vecinos.
Para ahuyentar esas posibilidades, el Poder Ejecutivo fue fortalecido. Karimov designa a todos los ministros, y el parlamento nacional es esencialmente ceremonial.
En mayo de 1998, Uzbekistán y Tajikistán formaron una "troika" con Rusia para combatir el fundamentalismo y el wahabismo, una rama conservadora del islamismo sunita, que según ellos amenazaba Asia central y el norte de Rusia.
Karimov advirtió que el fanatismo religioso del movimiento Talibán, de Afganistán, y de Hizbollah, apoyado por Irán, pone en riesgo la estabilidad del país.
Sin embargo, Mannapov sostuvo que Karimov en realidad no combate el fundamentalismo, sino que utiliza su campaña de persecución para perpetuarse en el poder de manera absoluta. (FIN/IPS/tra-en/sb/js/mlm/hd/99
