/REPETICION/ ARGENTINA: Explotación de niños y niñas, como si no existiera

La explotación sexual infantil en Argentina, que victimiza sobre todo a niñas cada vez más pequeñas, es un tema "invisible" para el Estado, la policía y la sociedad misma, que tolera en silencio esta situación.

La conclusión surgió de unas jornadas sobre explotación sexual infantil convocadas este mes por autoridades gubernamentales, judiciales, académicos y organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan con niños, niñas y adolescentes.

"La explotación sexual infantil no existe como tal en la agenda de ninguna institución que trabaje con menores, ni hay datos estadísticos concretos o registros formales", denunciaron los participantes en la reunión, convocada por la Fundación Pibes Unidos, y anotaron también el vacío legal que hay sobre el tema.

El fenómeno afecta principalmente a niñas y adolescentes, y más si son pobres. Asimismo, comienza cada vez más temprano: si bien hay un "límite de tolerancia psíquica" para aceptar una denuncia, los datos permiten situar la edad de inicio entre los ocho y 10 años.

"Las niñas son consideradas un objeto menos valioso que los niños", aseguran los expertos, y señalan como muestra de la diferencia la explotación que comienza dentro del hogar, donde se carga más a las niñas de trabajo doméstico que a los varones.

El encuentro organizado por la Fundación Pibes Unidos se propuso trabajar sobre un documento que constituye un diagnóstico del problema y recomienda una serie de medidas para "intervenir" en un asunto que las propias autoridades muchas veces no ven como delito.

En Argentina, hay un millón de niños y niñas que trabajan, y unos 6.000 que viven en la calle, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Sólo en Buenos Aires viven 2.000 menores sin techo, de los cuáles 400 son niñas, más vulnerables a la explotación sexual.

No obstante, la legislación vigente no considera este delito, y las leyes que se discuten actualmente en el parlamento tampoco. Este año se dio media sanción a una iniciativa de protección a los derechos de la infancia que no hace referencia explícita a la explotación sexual.

La presidenta de la Fundación Pibes Unidos, María del Carmen Bianchi, dijo a IPS que el tema tiene poca visibilidad porque "hay una negación social" de un asunto difícil de tolerar, que está dificultando las posibilidades de intervenir para frenarla.

Por eso realizaron este estudio, con apoyo de la Cooperación Italiana y la Universidad de Buenos Aires, que puede servir de base a una ley y se construyó con fragmentos de denuncias de abuso, fugas del hogar y entrevistas con autoridades que permiten inferir -no siempre probar- la existencia del problema.

Bianchi reveló que en la investigación encontraron "books" (libros de fotos de niñas ofrecidas como mercancía), oferta turística en hoteles y denuncias de adolescentes trasladadas de ciudad o provincia, con cambio de identidad y documentos falsos, que develarían la existencia de redes comerciales de explotación.

El denominador común de muchas entrevistas es que el tema no existe en Argentina, pero luego siempre se conoce algún caso que indica lo contrario, comentaban en la reunión quienes participaron en el trabajo de recolección de datos.

Las entrevistas arrojaron algunas pistas a los investigadores sobre el rumbo que toma este fenómeno. En muchas provincias, una mujer prostituta es profesional a los 18 años porque se supone que tiene, al menos, tres o cuatro años de experiencia.

Del mismo modo, en otro de los distritos indagados, se estima que 80 por ciento de fugas del hogar de niñas está relacionado con el abuso intrafamiliar que está en la base de casi todas las historias posteriores de explotación sexual de menores.

Para muchas autoridades y para la sociedad en general, los casos de niñas de 14 o 15 años explotadas sexualmente son "altamente tolerados" porque se considera que eligen libremente "dedicarse" a esa actividad a cambio de dinero.

Los investigadores revelaron además que "el gran ausente" de este fenómeno es el cliente, que no aparece en las denuncias ni en la penalización ni en la consideración social del tema. En cambio, hay una fuerte sanción moral para los menores y sus familias.

"Si no hay sanción moral, social y judicial para la demanda, no hay manera de ser exitoso por la simple persecución de la oferta", determinaron los estudiosos en su informe.

Bianchi señaló que la explotación que se mueve en redes es el principal objetivo sobre el que deben trabajar sistemática y mancomunadamente la policía, los jueces de menores, el gobierno y las ONG.

"Hay una minoría de familias que por razones históricas y culturales explotan a sus hijas, pero nosotros debemos priorizar el trabajo de las redes que victimizan a aquellos que no tienen otra cosa que su cuerpo y se convierten en una mercancía", dijo.

La experta consideró además que no se trata sólo de un tema de marginalidad y pobreza, sino de "la capacidad desenfrenada de consumo" que invita a tomar como un objeto apropiable el cuerpo de niños y niñas como "mercancía limpia" ante el avance del sida.

En este sentido, la Fundación Pibes Unidos está afiliada a EPCAT, una organización internacional de protección a los menores que surgió para frenar la explotación de menores en Asia e incluye el fenómeno de la pornografía y el tráfico de niñas, pasando por el turismo sexual, del que no está libre Argentina.

"El hecho de que se trate de un ataque de mayores a niños permite que las víctimas no sean sujetos de políticas públicas para ellos", denunció en la reunión la sexóloga María Luisa Lerer, vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Sexología.

No obstante, la tarea de las ONG que trabajan con menores en estos últimos 10 años marcan un comienzo, además de la realización en Estocolmo de una convención sobre explotación sexual infantil convocada por Unicef en 1996.

"En esta década, la consideración de niños, niñas y adolescentes como personas plenas y ciudadanos necesarios ganó espacio en las agendas de los Estados", se señaló en la reunión.

Este hecho "permite comenzar a correr el velo de impunidad que cubre las acciones privadas y públicas que se cometen contra los niños", se concluyó. (FIN/IPS/mv/ag/hd/99

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