Las inversiones extranjeras que llegaron a Perú atraídas por el aperturista programa económico emprendido en 1990 por el gobierno del presidente Alberto Fujimori generan empleo, pero en otros países, aseguró un reconocido experto laboralista.
Jorge Bernedo, de la organización no gubernamental Población y Desarrollo, aseveró que "ni la apertura al mercado internacional ni el ingreso de nuevos capitales han podido resolver el objetivo social más importante de cualquier gobierno en nuestro país: reducir el desempleo".
Por el contrario, en el sector industrial, que debía crecer rápidamente mediante la captación de inversiones, "hay una aguda recesión porque la apertura provocó que la importación sea mayor que la exportación, desequilibrio que no es solamente comercial sino también social, pues aumenta el desempleo", añadió.
"En consecuencia, resultamos favoreciendo la generación de empleos en los países de donde proceden las inversiones", concluyó Bernedo.
Fujimori, que encontró en 1990 un país con una hiperinflación de 7.500 por ciento, aplicó un drástico programa de ajuste que logró revertir la inflación y reestructuró el aparato productivo, caracterizado antes por una fuerte participación estatal, deficitaria, y una tendencia proteccionista.
La reforma contempló la privatización del extenso sector publico de la economía, la eliminación de subsidios y la baja de aranceles, imponiendo un modelo neoliberal y aperturista destinado a atraer inversiones.
Pero según señalan analistas independientes y lo admiten incluso voceros oficiales, como el primer ministro Victor Joy Way, el modelo ha fracasado porque no consiguió el objetivo económico de crecimiento ni el resultado social esperado, de mayor empleo.
"La estrategia de Fujimori en esta década a punto de concluir consistió en considerar que el crecimiento económico, liderado por la inversión privada, era el mecanismo principal para generar empleo e ingresos y eliminar la pobreza", dijo Pedro Francke.
"Para promover la inversión privada ofreció condiciones atractivas en términos tributarios, libre movilidad de capitales y eliminó las leyes que protegían la estabilidad laboral y el salario mínimo. Pero esas medidas (…) han fracasado porque no originaron el esperado crecimiento económico", añadió.
Después de superar la hiperinflación y resolver los problemas pendientes con acreedores externos, Fujimori esperó una fuerte afluencia de inversiones, que no tuvo la magnitud esperada.
Las reformas económicas provocaron entre 1993 y 1995 un crecimiento acelerado, con porcentajes anuales que variaban entre cinco y siete por ciento, entró entre 1996 y 1997 en un ritmo descendente y desembocó en 1998 en una fuerte crisis.
El desempleo absoluto en Perú es de 8,4 por ciento, pero los subempleados, es decir los trabajadores que ganan menos del mínimo de subsistencia y carecen de seguridad social, ascienden a 39 por ciento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
El desempleo entre las mujeres es de ocho por ciento, en tanto que en el segmento de los jóvenes de 14 a 24 años, es de 13,9 por ciento.
Gran parte de las nuevas inversiones mencionadas en los discursos oficiales se dirigieron a la compra de empresas del Estado, mediante una privatización estimulada tributariamente, pero como se trataba de empresas existentes no generaron empleo.
"Por el contrario, lo hicieron disminuir, pues los nuevos propietarios fueron autorizados a efectuar despidos masivos", comentó el dirigente sindical Oscar Fuentes.
La privatización de empresas públicas significó una reducción de 109.000 trabajadores, que fueron declarados excedentes antes de la venta de las empresas o por los nuevos propietarios, según cifras oficiales.
Estos trabajadores cesantes se lanzaron al mercado laboral en momentos en que el gobierno ponía en práctica la "desregulación laboral", es decir la supresión de las leyes que protegían el salario y la estabilidad en el empleo, lo que provocó un impacto negativo en los salarios de los trabajadores del sector privado.
La desregulación laboral propició la sustitución de los empleos fijos por precarios, generalmente informales.
El ex ministro de Trabajo Jorge González Izquierdo, señaló que "la experiencia de este gobierno demuestra que reducir salarios y derechos laborales no es la vía para aumentar el empleo".
En cuanto al efecto de la política de atraer inversiones mediante la desregulación laboral, el ex ministro de Economía Javier Silva Ruete dio la voz de alarma a fines de 1998, al señalar que la economía peruana estaría ingresando a un ciclo pernicioso.
"La actual situación se caracteriza por una caída de la demanda interna, menor producción y el consiguiente despido masivo de trabajadores, lo que a su vez contrae la demanda y reinicia el proceso en una espiral descendente", señaló.
Silva Ruete sostuvo que de la actual crisis recesiva sólo se puede salir flexibilizando el programa, mediante inversiones públicas y reducciones tributarias destinadas a incrementar el empleo y repotenciar la capacidad adquisitiva de la población. (FIN/IPS/al/ag/if/99