La banca de México o la historia de la irresponsabilidad y el desastre, parece ser el título de una auditoría internacional a ese sector, uno de los peores dolores de cabeza del presidente Ernesto Zedillo y explosiva herencia para quien lo sucederá en el 2000.
Los más de 80.000 millones de dólares invertidos por el Estado los últimos tres años para evitar la quiebra de los bancos, es sólo el corolario de 20 años de problemas marcados por un "ambiente de fraude", indica la auditoria realizada por el canadiense Michael Mackey y entregada el lunes a los diputados.
El informe, resultado de casi seis meses de trabajo en los que el auditor no tuvo la cooperación adecuada y oportuna de las autoridades, según denunció, muestra que la corrupción y la impunidad han reinado entre banqueros y funcionarios, interpretaron este martes opositores y analistas.
En cambio, para el gobierno la auditoría internacional, que en su comienzo aceptó a regañadientes, permitió comprobar que las autoridades hicieron bien en regular el sistema y salvarlo del colapso.
No hay evidencias para incriminar en el ámbito penal a funcionarios públicos por el tema del rescate, como pedía la oposición, aseguró el portavoz de la Secretaría (ministerio) de Hacienda, Marco Provencio.
Los bancos, estatizados y vueltos a pivatizar entre 1982 y 1993, entraron en crisis con la devaluación de fines de 1994, por lo cual el gobierno de Zedillo se lanzó, entre cuestionamientos de sus opositores, a un millonario rescate bajo el principio de que si los bancos quebraban caía todo el sistema financiero.
No hay evidencia clara de que la intervención del Estado, con un monto equivalente a 20 por ciento del producto interno bruto, haya resultado una salida más barata que cerrar algunos bancos, señala la auditoría, que fue autorizada por el gobierno luego de largas negociaciones y conflictos con la oposición.
La banca mexicana, vigilada de cerca por las autoridades para evitar que haya malos manejos, hoy no presta dinero, tiene deudas y un futuro difícil, coinciden en reconocer sus ejecutivos, que esperan una recuperación en el crecimiento general de la economía y los negocios.
Jaime Sanz, analista de la calificadora de riesgo crediticio Duff and Phelps, advirtió la semana pasada que la falta de créditos bancarios y las restricciones fiscales originadas por el costo de los rescates a esas instituciones constituyen a largo plazo una situación explosiva para México.
El próximo gobierno, que asumirá en diciembre del 2000, podría enfrentar una severa crisis económica derivada de los problemas bancarios, advierten los partidos políticos de oposición.
Pero el gobierno de Ernesto Zedillo niega que en el futuro haya riesgos. Los bancos están en un proceso de saneamiento y el crecimiento económico, que en los últimos cuatro años registró un promedio de 2,6 por ciento, demuestra la buena salud de las finanzas.
Mackey y su equipo indicaron que a pesar que no se les permitió acceder a toda clase de información y que enfrentaron dificultades para obtener datos de empresarios y el gobierno, se encontró que desde los años 80 los banqueros trabajaron de forma irregular e irresponsable.
Préstamos vinculados, triangulación de dinero a empresas sin respaldo y prestamos sin garantías y para pagar deudas de los propios bancos y banqueros, fueron algunos de los problemas detectados.
La estatización de la banca en los años 80 generó una irregular entrega de créditos y una laxa supervisión contable, y la privatización posterior derivó en la entrega de bancos a personas insolventes y poco profesionales, dice el informe.
En el documento se añade que la crisis financiera de fines de 1994 desnudó los problemas llevando al gobierno a planificar un rescate millonario, que en gran parte lo pagarán los contribuyentes.
Desde el primer mes de su gestión, iniciada en diciembre de 1994, Zedillo tuvo como uno de los objetivos centrales de su gobierno la defensa de los bancos, con el respaldo de organismos internacionales.
Sus planes generaron un movimiento de deudores sin precedentes, que se alineó con la oposición, y creó conflictos políticos y dificultades para aprobar las leyes de saneamiento bancario.
Luego de negociaciones conflictivas y de divisiones entre la oposición, los diputados aceptaron que el millonario rescate pase a las espaldas del erario, pero con la condición de realizar una auditoría para identificar a los culpables del quebranto bancario.
El informe de Mackey encontró que sólo 7,2 millones de dólares del rescate bancario estarían ligados a operaciones irregulares, pero aclara que con información adicional esa cifra podría llegar a ser mucho mayor.
Las denuncias de la oposición sobre financiamientos irregulares para el gobernante Partido Revolucionario Institucional a través de algunos banqueros no quedaron aclaradas, pues las autoridades negaron al auditor información sobre ese tema.
Según los acuerdos entre el gobierno y la oposición, mayoritaria en la Cámara de Diputados, el informe de Mackey, de 300 páginas, será analizado detalladamente para ver si se encuentran evidencias que permitan procesar a funcionarios, ejecutivos o empresarios ligados a las quiebras bancarias. (FIN/IPS/dc/dm/if ip/99)
