Los aborígenes del estado sureño de Kerala, en India, comenzaron a recuperar los miles de hectáreas de tierras ancestrales que les arrebataron los colonos en los últimos 25 años.
El primer ministro marxista de Kerala, E.K. Nayanar, pidió un crédito para reintegrar, en los próximos 18 meses, cerca de 10.000 hectáreas de tierras cultivables que les fueron quitadas a los indígenas.
Kerala es el único estado del país que realmente implementó reformas agrarias y logró alfabetizar a casi todos sus habitantes, pero la oposición critica que la restitución de las tierras se hizo tarde, a regañadientes, y por orden judicial.
La legislación que protege los derechos de los indígenas data de 1975, cuando un gobierno marxista aprobó una ley según la cual todas las transacciones realizadas con tierras indígenas a partir de 1960 quedaban anuladas.
Pero la aplicación de la ley causó dificultades políticas a los sucesivos gobiernos de coalición, poco interesados en los apenas 300.000 indígenas que viven en Kerala, cuya población total es de 30 millones de habitantes.
El presidente de India, que tiene la obligación constitucional de proteger los derechos de las tribus aborígenes, fue informado de todos los intentos de burlar la decisión del tribunal a través de ordenanzas y enmiendas.
Los indígenas no se quejan. "Al menos mi hijo, Nanji, recibirá nuestras tierras tradicionales. Mi época se terminó", comentó Nanju Mooppan, jefe de un pueblo de la región indígena de Attapadi, en el distrito de Palghat.
Mooppan, de unos ochenta años, fue uno de los beneficiarios de las cerca de 600 hectáreas distribuidas en una entrega inicial que realizó Nayanar personalmente en Attapadi a comienzos de este mes.
La distribución de las tierras significa el final de décadas de lucha entre los 300.000 indígenas desposeídos de los distritos de Palghat, Idukki, Kannur y Kasargode y los 4.000 ocupantes de las escasas tierras de Kerala, un estado densamente poblado.
También marca un hito en la India independiente, ya que los aborígenes tuvieron serios problemas no sólo a causa de los ocupantes de tierra y los comerciantes, sino también por los proyectos de desarrollo del gobierno, tales como represas, minas, y plantas generadoras de energía.
Los propios indígenas fueron quienes recuperaron sus tierras al resistir durante toda una generación, sostuvo J. Chittaranjan, líder del Partido Comunista de India en la cámara alta del Parlamento.
"Las tribus de Kerala son un ejemplo para las del resto del país, que aún son explotadas de todas las maneras que se pueda concebir", declaró.
No pudieron negar las tierras a los aborígenes simplemente porque la Constitución establece claramente la necesidad de proteger a los indígenas de toda forma de explotación, en particular de las transacciones comerciales injustas, señaló Chittaranjan, destacado sindicalista.
Además, India ratificó las convenciones sobre propiedades indígenas de la Organización Internacional del Trabajo.
Las enmiendas propuestas violaban la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que está ahora en discusión en la Comisión de Derechos Humanos del foro internacional, comentó Chittaranjan.
Pero al final, el gobierno se vio obligado a acatar la restitución de las tierras debido a las amenazas de los indígenas, decididos a causar disturbios en el pacífico estado de Kerala.
Un grupo de militantes por los derechos de los aborígenes, autodenominado "Ayyankali Pada", secuestró al administrador del distrito de Palghat en 1996 y lo liberó pocas horas más tarde con la condición de que no se presentaran más acusaciones en su contra.
Sin embargo, aunque los indígenas recuperaron sus tierras ancestrales, la mayoría cultivables, su presencia se redujo en regiones donde hasta hace poco eran mayoría.
En 1961, casi 63 por ciento de la población de Attapadi era indígena, pero en 1991 sólo quedaba 30 por ciento de aborígenes, según el censo nacional de ese año.
La experiencia de Kerala es otro ejemplo de que la Constitución, que establece los derechos indígenas, no es más fuerte que los gobiernos influidos por grupos más numerosos y de gran poder económico.
"En la India moderna, las nacionalidades o etnias predominantes se dedican a pisotear los intereses, la cultura, las riquezas y los recursos de los aborígenes", observó Anil Chaudhury, un activista de Nueva Delhi.
India intenta anular con nuevas leyes los derechos especiales de los indígenas, algo que incluso el poder colonial británico se vio obligado a respetar, agregó Chaudhury.
Un nuevo proyecto de ley promueve la adquisición de tierras ancestrales indígenas por parte de firmas privadas, siempre que sea con "fines públicos", pero no explicita el significado de tal expresión, insistió el activista. (FIN/IPS/tra-en/rdr/an/ceb/aq/hd/99
