Organizaciones indígenas de Ecuador pronosticaron estallidos de violencia de persistir la explotación petrolera en la selva tropical amazónica.
Líderes indígenas y ambientalistas advirtieron que la compañía British Petroleum-Amoco heredará una "pesadilla" cuando se haga cargo de la empresa Atlantic Richfield (ARCO), que promueve la explotación de hidrocarburos en áreas selváticas ecuatorianas a pesar de la oposición local.
En 1998, ARCO Oriente, subsidiaria de ARCO, cuya matriz está en el estado de California, firmó un contrato con el gobierno ecuatoriano por los derechos de exploración y explotación en un área conocida como bloque petrolero 24.
Se trata de 200.000 hectáreas en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, en el este de Ecuador. La mayor parte del área está cubierta por selva tropical primaria y es el hogar de miles de nativos de los pueblos shuar y achuar, informó Acción Ecológica, organización ambientalista radicada en Quito.
"Estamos en guerra con ARCO. Decidimos que no queremos en nuestras tierras la contaminación y las enfermedades que causan las compañías petroleras en áreas indígenas del norte de la Amazonia ecuatoriana", dijo Santiago Kawarim, presidente de la Federación Interprovincial Nativa de Ecuador (FINAE).
"ARCO Oriente está negociando directamente con ciertas familias y no con organizaciones importantes", a la vez que crea organizaciones "fantasma" integradas por indígenas achuar y shuar que favorables a la explotación petrolera, apuntó Kawarim.
"Tratan de dividirnos para ganar acceso a nuestro territorio. Si siguen insistiendo habrá un enfrentamiento que pondrá en peligro a nuestras comunidades", agregó
La cuestión es materia polémica en los pueblos achuar y shuar. A comienzos de mes, antes de una reunión entre ARCO y el Ministerio de Energía y Minas con los líderes indígenas, cinco empleados de ARCO fueron golpeados por indígenas que los acusaron de traidores.
Herb Vickers, portavoz de ARCO en Quito, dijo que la compañía se ha concentrado en trabajar más a nivel local porque, en su opinión, las grandes organizaciones indígenas ya no representan a su pueblo.
"Esas grandes organizaciones son máquinas políticas. La gente a la cual se supone que esas entidades deben representar nos ha dicho que no está adecuadamente respaldada", declaró Vickers, para quien la mayoría de los indígenas quieren que ARCO construya caminos en el área, como ha prometido.
Kawarin calificó los dichos de Vickers de "mentira total", e indicó que la compañía viola derechos amparados por la Constitución ecuatoriana, que reconoce el derecho a la autonomía de las colectividades indígenas para decidir el destino de sus territorios.
Los pueblos achuar y shuar tienen una cultura que acepta la muerte como un castigo. Los conflictos pueden agravarse si ARCO sigue adelante con la exploracion del territorio, según Ivonne Ramos, quien estudia el impacto del desarrollo petrolero para Acción Ecológica.
"Existe peligro de que no se pueda poner fin a la espiral de asesinatos por venganza y represalias", advirtió.
El gobierno ha tratado de establecer algún tipo de diálogo entre ARCO y las organizaciones indígenas, pero fracasó porque éstas sostienen que su posición es definitiva y no quieren negociar.
La ministra de Ambiente de Ecuador, Yolanda Kalabadse, admitió que el gobierno es en parte culpable por el bloqueo de la situación porque no ha jugado un papel de mediación entre la compañía y las organizaciones indígenas.
"Esa situación no debe continuar. El diálogo debe tener lugar con la participación del gobierno, que debe dar el espacio y las bases para las negociaciones", declaró Kalabadse.
Las negociaciones con las comunidades se han complicado porque los líderes indígenas no consultan con todo el grupo que representan, o sus dirigentes son cambiados sin aviso previo, según la ministra.
ARCO afronta una oposición similar contra la explotación petrolera en otra área de la selva tropical conocida como bloque 10, en la provincia de Pastaza, que es hogar de miles de grupos indígenas achuar, shuar y quechua.
En esa área el bombeo de crudo comenzó hace un mes, pero la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) está en conflicto con la compañía desde 1988, cuando ARCO firmó contrato con el gobierno de Ecuador para explotar el bloque 10.
Vickers dijo que la empresa utiliza tecnología de última generación para no dañar el ambiente. Tendió un oleoducto de 136 kilómetros con ayuda de helicópteros y sin construir un camino, para evitar que colonos, ganaderos y madereros incursionaran dentro de la selva.
Pero OPIP y Acción Ecológica afirmaron que los helicópteros espantan a los animales silvestres de cuya caza depende la subsistencia de muchos pueblos, y que el oleoducto ocasionó derrames de petróleo, erosión del suelo y daños a los peces en los ríos vecinos.
ARCO dijo que OPIP no debe ser considerada representante de todos los pueblos indígenas de Pastaza, y aseguró que trabaja pacíficamente con otros grupos como la Asociación para el Desarrollo Indígena en el Amazonas (ASODIRA).
Susan Sawyer, doctora en Antropología de la Universidad de Stanford, California, que realizó trabajos académicos en la provincia de Pastaza, calificó a ASODIRA de organización "títere" de ARCO.
"ASODIRA representa, haciendo un cálculo generoso, a 100 personas. En cambio, OPIP representa a 20.000 personas, incluyendo algunos de los principales líderes indígenas", señaló Sawyer en el periódico universitario estadounidense Environment. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/ego/mj/en dv pr/99
