Los líderes del oficialismo respaldaron hoy en Chile la posición asumida por el presidente Eduardo Frei sobre derechos humanos y emplazaron a los militares a entregar información sobre el paradero de restos de desaparecidos.
El candidato presidencial de la gobernante Concertación por la Democracia, Ricardo Lagos, advirtió que, si los implicados en desapariciones forzadas no suministran información, "el Poder Judicial debe seguir haciendo su tarea".
El diputado Gutenberg Martínez, presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) al que pertenece Frei, dijo que "es el momento" para que los militares "entreguen información", porque quienes no lo hagan resultarán a la postre más perjudicados, añadió.
Frei señaló este lunes que el gobierno no facilitará ningún pacto legislativo para solucionar los casos pendientes de derechos humanos mientras no se entreguen antecedentes sobre el paradero de los detenidos-desaparecidos.
El mandatario salió así al paso de la virtual presión de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y senadores derechistas, que impugnaron el fallo de la Corte Suprema a favor del procesamiento de cinco oficiales de la llamada "caravana de la muerte".
Según este fallo, aprobado el día 19, el delito de secuestro es permanente y no puede ser objeto de amnistía si, como en el caso de desaparición, no aparece la víctima con vida o su cadáver.
La Corte Suprema avaló así la decisión del juez Juan Guzmán, quien el 9 de junio acusó del secuestro calificado de 19 personas en 1973 a los miembros de la "caravana" y les negó el beneficio de la ley de amnistía de 1978.
La "caravana de la muerte" fue una misión especial del Ejército, designada por el entonces dictador Augusto Pinochet para "agilizar" procesos contra izquierdistas en tribunales de guerra tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El grupo, dirigido por el general Sergio Arellano Stark, recorrió varias ciudades del norte y sur de Chile entre octubre y noviembre de 1973 y ordenó fusilar a 73 personas, pero los restos de 19 de ellas no han aparecido hasta la fecha.
La causa contra el ahora general Arellano Stark, un brigadier, dos coroneles y un capitán, todos ellos en retiro, se abrió a raíz de una querella que el Partido Comunista presentó en enero de 1998 contra Pinochet.
El ex gobernante de facto (1973-1990) y actual senador vitalicio fue arrestado en octubre de 1998 en Londres por solicitud del juez español Baltasar Garzón, quien lo acusa de delitos de genocidio, secuestros, torturas y terrorismo internacional.
La detención de Pinochet, quien podría ser extraditado a España, reactualizó el problema de las violaciones de derechos humanos no aclaradas en Chile, especialmente en lo que respecta a 1.198 casos documentados de detenidos-desaparecidos.
Un acuerdo para facilitar el hallazgo de restos de desaparecidos fue negociado por senadores de la coalición de gobierno de centroizquierda, la oposición derechista y los designados sin mediar el voto popular a propuesta de distintas corporaciones, entre ellas las Fuerzas Armadas.
Un primer borrador del acuerdo, conocido hace dos semanas, planteaba un mecanismo legal para que los involucrados dieran información a los tribunales, con plena reserva de su identidad y garantías de aplicación automática de la ley de amnistía.
El fallo de la Corte Suprema sobre la "caravana de la muerte" significó un revés para esa fórmula, ya que la Corte Suprema consagró la jurisprudencia que tipifica al secuestro como delito permanente en tanto la víctima no aparezca viva o muerta.
Así, el máximo tribunal estableció la inaplicabilidad de la ley de amnistía para Arellano y los otros cuatro oficiales en retiro, lo cual motivó la semana pasada reacciones de los senadores derechistas y de los mandos de las Fuerzas Armadas.
Senadores de los partidos de derecha y designados sostuvieron el jueves que la Corte Suprema estaba "reinterpretando" la ley de amnistía y sugieron una posible acusación constitucional contra los cinco jueces que emitieron el fallo.
Los comandantes de las Fuerzas Armadas y la policía de Carabineros expresaron el viernes al ministro de Defensa, Edmundo Pérez, su inquietud por el dictamen de la corte y urgieron una solución legal definitiva en los juicios de derechos humanos.
El presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila, ministros y dirigentes oficialistas pidieron que se respetara la autonomía de los jueces, planteamiento al que se unió paradójicamente el candidato presidencial de la derecha, Joaquín Lavín.
Con el planteamiento formulado ayer por Frei, el gobierno no sólo respaldó la supuesta "reinterpretación" de la ley de amnistía, sino que además canceló por ahora la viabilidad del acuerdo legislativo negociado por los senadores.
Las palabras de Frei causaron satisfacción en la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, que antes rechazó el acuerdo legislativo por considerarlo una ley encubierta de "punto final" y respaldó el dictamen de la Corte Suprema.
El diputado Martínez puntualizó que no hay condiciones para un acuerdo ni una ley previa y que el único camino, según la jurisprudencia establecida por el Poder Judicial, es la entrega de informes sobre el paradero de cadáveres de desaparecidos.
El presidente del PDC pidió también que los senadores derechistas y de la "bancada militar" que la semana pasada criticaron a los cinco jueces de la sala penal de la Corte Suprema se retracten de sus dichos.
Lagos dijo que desde el punto de vista de los familiares de las víctimas y el impacto social no puede haber soluciones definitivas en materia de derechos humanos, "pero sí son posibles avances", agregó.
"Estamos en vías de un avance importante en materia de verdad" y si los implicados en desapariciones no entregan información "el Poder Judicial debe seguir haciendo su tarea", comentó el candidato oficialista. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/99
