La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó preocupación por algunos aspectos del juicio y de la sentencia de la pena capital dictada en Turquía contra el lider independentista kurdo Abdullah Ocalan.
Mary Robinson, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que ciertos procedimientos seguidos en la causa contra Ocalán contradicen las normas internacionales sobre el derecho a un proceso justo ante un tribunal independiente e imparcial.
Una corte turca condenó el martes a la pena de muerte al líder del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), que acaudilló en los últimos años la lucha de unos 20 millones de kurdos por el reconocimiento de su identidad cultural y de un estado propio.
Apenas conocido el fallo, la ONU reforzó la vigilancia de su sede de Ginebra, que se encuentra protegida con alambradas de púas y custodiada por efectivos del ejército suizo desde febrero pasado, cuando Ocalán fue atrapado en Kenia por comandos de inteligencia de Turquía.
Con frecuencia, los ciudadanos kurdos residentes en Suiza y en otros países europeos han elegido la sede ginebrina de la ONU como escenario de sus manifestaciones para reclamar el apoyo a su causa y protestar contra el enjuiciamiento de "Apo", el nombre de guerra de Ocalán.
Un portavoz de los grupos kurdos en Suiza, Malik Osden, aseguró a la agencia de noticias helvética ATS que unos 5.000 militantes del PKK se han declarado dispuestos a cometer atentados suicidas en Turquía.
Osden manifestó que el veredicto del jurado no los sorprendía porque "todos los líderes de la resistencia kurda arrestados han sido después eliminados de una manera u otra".
La declaración de la funcionaria de la ONU reconoce pese a todo "la gravedad de las acusaciones por las cuales Ocalan ha sido condenado".
Las inquietudes de la ONU comenzaron con el período de detención de Ocalán previo al juicio. El líder del PKK fue sometido a incomunicación durante 10 días, en violación de las leyes vigentes en Turquía, afirmó Robinson.
Los contactos de Ocalán con sus defensores fueron limitados severamente y sólo se pudieron realizar en presencia de personal militar encapuchado.
El derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente fue quebrantado y los defensores de Ocalán soportaron amenazas y abusos repetidos, sostuvo la Alta Comisionada.
Robinson, que había encomendado su representación durante el desarrollo del juicio al ex jefe de la Comisión Internacional de Juristas William Butler, expresó también preocupación por la independencia e imparcialidad de los jueces.
La declaración de la ONU se define en favor de la reciente reforma constitucional en Turquía que eliminó a los oficiales militares del tribunal de tres miembros.
Los militares que se desempeñaban como magistrados fueron reemplazados por civiles pero el cambio sólo se produjo durante el juicio, observó la declaración.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos recordó que la pena de muerte no ha sido aplicada en Turquía en los últimos 15 años.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó en su reunión anual de este año una resolución que pide a los estados donde aún rige la pena capital que reduzcan progresivamente el número de delitos a los que se aplica y establezcan una moratoria en las ejecuciones, como paso previo a la abolición total.
Robinson solicitó al gobierno de Turquía que respete las salvaguardias de la ONU que garantizan la protección de los derechos de los condenados a muerte y, en especial, que respete el derecho de apelación de Ocalán. (FIN/IPS/pc/dg/ip hd/99
