La más influyente organización defensora de los derechos humanos de Estados Unidos condenó tanto al gobierno de Cuba como a la política anticubana de Washington, a la que consideró "contraproducente" en materia de promoción de los derechos de las personas.
Cuba desarrolló en los últimos 40 años "una maquinaria de represión altamente eficaz", mantenida mediante intimidación, encarcelamiento de disidentes y un marco legal que niega los derechos básicos a los ciudadanos, denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado el viernes.
Al mismo tiempo, el embargo comercial que impuso Estados Unidos a Cuba hace 38 años en realidad perjudicó la causa de los derechos humanos en ese país, según el informe de HRW, titulado "La maquinaria represiva de Cuba: Los derechos humanos cuarenta años después de la revolución".
El embargo ofreció al régimen de Fidel Castro un pretexto para mantener un férreo control sobre la isla, agrega.
La política de Washington también frustró los esfuerzos multilaterales para lograr que el presidente cubano emprenda reformas políticas y tuvo un costo muy alto e indiscriminado para la salud y el bienestar de todos los cubanos.
"El embargo ha sido contraproducente para la promoción de los derechos humanos, ya que dividió a la comunidad internacional y permitió a Castro justificar la represión con argumentos antiimperialistas", señaló José Miguel Vivanco, director de HRW/América.
En un completo análisis de la situación de los derechos humanos en Cuba, el nuevo informe revisa los mecanismos y tácticas usados por el gobierno de Castro para negar los derechos de sus ciudadanos, así como los esfuerzos internacionales para promover el cambio.
El más fuerte de esos esfuerzos es la "Posición Común" adoptada por la Unión Europea (UE) en 1996, que condiciona la plena cooperación económica con La Habana a reformas clave en materia de derechos humanos, destacó HRW.
La organización urgió a la UE a coordinar sus esfuerzos con Canadá y países de América Latina y el Caribe.
HRW entrevistó a decenas de ex presos políticos, familiares de prisioneros actuales, activistas sindicales y de derechos humanos, periodistas y al ministro de Justicia Roberto Solongo, entre otros, para la elaboración de su informe.
El documento concluye que Cuba no cumple con las normas internacionales sobre derechos humanos.
En sus esfuerzos por reprimir disidentes, el gobierno continúa "tratando como crímenes actividades pacíficas como reuniones para discutir sobre economía, envío de cartas al gobierno, informes sobre asuntos políticos o económicos o declaraciones a la prensa extranjera", denunció Vivanco.
"Cuarenta años después de asumir el poder, el gobierno de Castro aún procesa a disidentes por expresar pacíficamente sus opiniones", sostuvo.
Los tribunales cubanos todavía se rigen por disposiciones del código penal sobre propaganda enemiga, desacato a la autoridad y otros cargos de muy vaga definición , tales como "actos contra el Estado" y "peligrosidad".
Además, Cuba niega a sus ciudadanos las garantías del debido proceso, afirmó HRW.
Por ejemplo, las leyes cubanas limitan el derecho a un juicio justo permitiendo a las más altas autoridades políticas controlar a jueces y fiscales, otorgando amplia autoridad para realizar búsquedas y arrestos y restringiendo el derecho a la defensa e incluso a un juicio público.
Una nueva ley que entró en vigor en marzo estableció penas de hasta 20 años de prisión para cualquier acción que pudiera interpretarse como un apoyo al embargo estadounidense contra Cuba, en adición a otra ley de 1996 que penaliza aun un aparente respaldo a la política de Estados Unidos.
El propio estado de las prisiones cubanas actúa como disuasor de la expresión de opiniones disidentes. La mayoría de los presos padecen desnutrición, falta de intimidad y cuidados médicos, y algunos sufren abuso físico y sexual de otros reclusos, con el consentimiento de los guardias.
Todos los presos son forzados a participar en sesiones de "reeducación" orientada políticamente.
"Las condiciones inhumanas y las medidas punitivas contra los prisioneros son tan crueles que pueden calificarse como tortura", sostiene el informe.
Además del proceso penal formal, el gobierno se vale de otros métodos de represión como detenciones a corto plazo, advertencias oficiales, despidos, vigilancia, persecución, intimidación y exilio forzado.
Tales acciones ocurren en general en rachas. Un período de calma suele ser seguido por otro de intensa persecución.
El último período de calma comenzó antes de la visita a la isla del papa Juan Pablo II, en enero de 1998, y duró cerca de un año, pero a comienzos de 1999 el gobierno lanzó una nueva ofensiva con el juicio de varios disidentes y la detención de decenas de periodistas independientes y activistas, señaló HRW.
Además, el gobierno viola los derechos de los trabajadores al prohibir los sindicatos independientes y perseguir a quienes intentan formarlos.
También condiciona las decisiones sobre contratación y despido de trabajadores a la actitud política de éstos al exigir a las empresas extranjeras que contraten sólo a aquellos trabajadores recomendados por las agencias gubernamentales de empleo.
La única señal positiva en la situación de los derechos humanos en Cuba en los últimos años se produjo en el área de la libertad de culto, que hizo posible la visita del Papa el año pasado.
Si bien la situación de los derechos humanos en Cuba es deplorable, el embargo de Washington, codificado en la llamada ley Helms-Burton de 1996, sólo la agravó, según el informe.
"En lugar de ser un instrumento calibrado que pueda promover cambios en las prácticas de derechos humanos de Cuba, el embargo es una política de todo o nada", criticó Vivanco.
Peor aún, el embargo "convirtió en enemigos a aquellos países que deberían estar más cerca de Estados Unidos en la promoción de los derechos humanos", observó Ann Manual, coautora del informe.
Manual atribuyó al enojo de algunos aliados de Washington por la ley Helms-Burton, que sanciona inversiones de terceros países en Cuba, el fracaso por primera vez en siete años de una moción estadounidense de condena a Cuba ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1998. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/mlm/hd/99
