Unas 530 personas huyen cada día en Colombia de las zonas en conflicto, un promedio que aumentó este año por la disputa de territorios entre guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha.
Jorge Rojas, coordinador de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), dijo a IPS que entre enero y marzo de 1999 huyeron 48.000 colombianos de sus hogares a causa de hechos de violencia que, por paradoja, coincidieron con el inicio del proceso de paz.
Entre 1994 y 1998 se registraron 726.000 desplazamientos forzados, que representaron un promedio de 15.000 mensuales, frente a los 16.000 mensuales del primer trimestre de 1999.
Las víctimas huyeron de sus tierras hacia 220 municipios de 27 departamentos.
Los primeros desplazamientos de este año se produjeron mientras el presidente Andrés Pastrana abría el diálogo de paz con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 7 de enero, con una escalada terrorista de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En esa ocasión, los paramilitares perpetraron seis masacres en municipios del nordeste y el norte, en las que ejecutaron a 94 campesinos luego de acusarlos de colaborar con los guerrilleros.
La actividad de los paramilitares recrudeció en Colombia desde 1997, con la ejecución de masacres selectivas principalmente en Urabá y Pavarandó, (noroeste), como parte de una estrategia que buscaba el dominio territorial mediante el aniquilamiento de la base social de la guerrilla.
Según la Codhes, las respuesta de la subversión a estos ataques ha sido la ejecución de civiles a los que acusan de paramilitares.
Hechos como el asalto al campamento de las AUC ocurrido en el norte de este país en diciembre de 1998 "muestran la continuidad de una estrategia de recuperación de territorio por parte de la guerrilla".
Las ciudades que mayor número de desplazados acogieron desde enero fueron Bogotá, a cerca de 7.000, y la norroccidental Medellín, que recibió a unos 3.000.
Diana Sánchez, investigadora de la Codhes, dijo a IPS que "cada masacre cometida en este último período representa un promedio de de 1.000 desplazados".
Sánchez agregó que el fenómeno del desplazamiento obedece a una estrategia político-militar que, en algunos casos, está ligada a fuertes intereses económicos que llevan a la utilización de violencia indiscriminada para aterrar a los civiles ajenos al conflicto.
El Centro de Educación y Cultura Popular afirmó que, en ocasiones, el desarrollo de proyectos macroeconómicos o mineros y la explotación de tierras con alto valor productivo han sido causa de desplazaniento forzoso de campesinos.
El terror, el miedo y la amenaza directa o indirecta que representan las acciones armadas son el preámbulo de desplazamientos masivos, en una constante que no se detiene y que "pone en entredicho el papel del Estado como garante de derechos fundamentales del individuo", dijo Rojas.
En un informe titulado "Un país que huye", la Codhes expuso además el panorama del desplazamiento forzado de pobladores en el último cuatrienio y enfatizó que ese "es un grave problema humanitario, que debe estar incluido en la agenda de negociaciones para la paz".
La Codhes realiza desde hace 12 años investigaciones en materia de derechos humanos y sobre la situación de personas desplazadas por el conflicto interno.
Su área de investigación está distribuida por todo el país y cubre zonas del conflicto armado como la costa atlántica, en el norte, el noroccidente y el sur.
El informe señala como responsables de la violación de los derechos humanos, tratándose de los desplazados, a los grupos paramilitares, con 33 por ciento de los casos, a los guerrilleros (29 por ciento) y a las fuerzas militares (14 por ciento).
En menor escala aparecen las milicias urbanas y los narcotraficantes.
Los desplazados manifiestan temor a que sus hijos menores de edad sean reclutados compulsivamente por los guerrilleros, a los grupos que dominan la zona en que viven y a las constantes incursiones de los paramilitares.
Cincuenta y cinco por ciento de las personas expulsadas por la violencia tienen menos de 18 años y muchas mujeres están al frente de familias desplazadas, debido a que los hombres son las principales víctimas de las masacres.
Los desplazamientos forzosos registrados en los primeros 90 días del año indicaron "la ausencia de la fuerza pública para proteger a los que habitan en zonas de conflicto bajo control o en disputa por parte de los grupos irregulares", observó Rojas.
Según el defensor del pueblo, José Castro, en los primeros tres meses de este año, los paramilitares y los guerrilleros perpetraron 75 masacres, con saldo de 382 muertos.
Esas matanzas determinaron la huida masiva de campesinos de cinco regiones y centeneres de ellos cruzaron la frontera para solicitar protección a las autoridades de Venezuela y de Panamá.
La expulsión masiva de personas por la violencia fue reconocida oficialmente por primera vez en este país por el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), que creó en 1994 la Consejería Presidencial para los Desplazados.
En abril de 1996 se instaló en Colombia una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Paz, que cuenta con 12 funcionarios.
La Codhes asegura que solamente 17 por ciento de los desplazados han recibido auxilios del programa del gobierno, mientras que 39 por ciento sólo fueron atendidos una vez, 36 por ciento nunca recibieron asistencia humanitaria y ocho por ciento son asistidos por parientes.
Las cifras de la Codhes indican que en 1995 hubo 89.000 desplazados, la cantidad aumentó en 1997 a 181.000, y en 1998, a 308.000. (FIN/IPS/yf/mj-ff/hd/99
