La Corte Suprema de Justicia de Chile comenzó esta semana a revisar el procesamiento de cinco militares por la desaparición de 19 personas en 1973, instancia clave en los juicios por violaciones de derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
La apelación fue presentada por el general retirado Sergio Arellano Stark y otros cuatro altos oficiales también en retiro, encausados por la denominada "caravana de la muerte" el 9 de junio por el magistrado Juan Guzmán, quien también investiga una veintena de querellas contra el ex dictador Pinochet.
Si la Corte Suprema acepta el procesamiento de los inculpados por el "secuestro calificado" de 19 personas entre octubre y noviembre de 1973, y que en este caso no corresponde aplicar la ley de amnistía de 1978, abrirá la posibilidad de reabrir o iniciar otros numerosos procesos por desapariciones.
La denominada "doctrina Guzmán" establece que la amnistía no procede en casos de secuestros y que este delito es permanente en tanto no aparezca la víctima con vida o se encuentre su cadáver.
En los casi 17 años de dictadura de Pinochet hubo 1.193 casos de desapariciones forzadas documentados ante los tribunales, de los cuales se han encontrado los restos de solo un centenar de víctimas.
La mayoría de las desapariciones corresponden al primer período de la dictadura y los militares alegan que se trata de delitos contra los derechos humanos borrados por la ley de amnistía expedida en marzo de 1978 y que cubrió retroactivamente hasta marzo de 1973.
La derecha, que tradicionalmente respaldó esa interpretación de la ley de amnistía, estaría ahora dispuesta a aceptar la "doctrina Guzmán" para facilitar un amplio consenso político que abra paso a un acuerdo nacional en torno de los derechos humanos.
Los partidos derechistas, en la oposición desde el restablecimiento de la democracia en marzo de 1990, iniciaron un cambio en sus posiciones hace nueve meses, luego de que Pinochet, actual senador vitalicio, fuera arrestado en Londres el 16 de octubre.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado elaboró una propuesta, cuyo contenido en detalle se desconoce, que fue sometida a los dos principales candidatos para las elecciones presidenciales de diciembre, Ricardo Lagos, oficialista, y Joaquín Lavín, de derecha.
La fórmula, dijo este martes el diario La Tercera, fue también objeto de conversaciones con el ministro de Defensa, Edmundo Pérez, los mandos de las Fuerzas Armadas y la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD).
Los miembros de la comisión del Senado, tanto del gobierno como de la oposición, pedirán también la opinión del presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila, y de la candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Gladys Marín, según el rotativo.
De acuerdo con algunos trascendidos, la propuesta senatorial privilegia los caminos judiciales para investigar el paradero de los desaparecidos y, en este sentido, implica un respaldo a la doctrina aplicada en el caso de la "caravana de la muerte" por el juez Guzmán.
Pero, al mismo tiempo, la propuesta contempla procedimientos para garantizar la reserva sobre los inculpados de las desapariciones y garantizarles la aplicación de la ley de amnistía si entregan informes para aclarar la suerte de los desaparecidos.
La AFDD y el PC, así como abogados de derechos humanos, se opusieron antes a fórmulas de esta naturaleza en cuanto significan impunidad para los autores de graves crímenes contra los derechos humanos.
Las demandas de "verdad y justicia" de estos sectores se estrellaron constantemente contra la ley de amnistía de 1978, invocada generalmente por los tribunales castrenses para exigir el cierre de los juicios en los tribunales civiles.
Antes que Guzmán, otros magistrados sostuvieron también la tesis de que la amnistía no procedía en caso de desaparición.
Pero esta tesis cobró trascendencia en este caso, ya que el proceso a la "caravana de la muerte" se gestó a partir de las querellas criminales presentadas por el PC, la AFDD y otras organizaciones desde enero de 1998 contra Pinochet.
El general Arellano encabezó una misión especial ordenada por el entonces dictador, que entre octubre y noviembre de 1973 recorrió varias ciudades del norte y sur de Chile con la tarea de "agilizar" los juicios contra izquierdistas detenidos después del golpe.
El grupo militar ordenó el fusilamiento sumario de 72 personas, muchas de las cuales habían sido sentenciadas en primera instancia con penas menores de reclusión, y Guzmán configuró el delito de secuestro por 19 ejecutados cuyos restos continúan desaparecidos.
El procesamiento de Arellano y los otros cuatro oficiales retirados fue ratificado en junio por la Corte de Apelaciones, ante lo cual sus abogados recurrieron a la Corte Suprema, cuyo fallo debería conocerse la próxima semana. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/99
