Trinidad y Tobago aplicó la pena capital por primera vez en casi cinco años hoy al ejecutar a tres presos, a pesar de que organizaciones internacionales de derechos humanos pidieron que los condenados recibieran un castigo alternativo.
Dole Chadee, de 46 años, fue colgado este viernes de mañana, minutos después de que el Consejo Privado del Reino, de Gran Bretaña, rechazara un pedido de los abogados de la defensa para aplazar la ejecución.
El Consejo Privado del Reino actúa como tribunal supremo de justicia para la mayoría de los países de la Comunidad Británica de Naciones.
"La primera persona ahorcada esta mañana fue Dole Chadee, a las seis de la mañana. Su cuerpo permanecerá colgado durante una hora, hasta que Joey Ramiah sea ahorcado a continuación", declaró a la prensa el comisionado de la cárcel, Cipriani Baptiste, en la capital.
Ramiah, de 30 años, fue el siguiente, y luego fue ahorcado Ramkalawan Singh, de 31 años. Los tres fueron ejecutados en un lapso de tres horas.
Baptiste dijo que ninguno de los tres ejecutados quiso hacer declaraciones finales y que estaban tranquilos antes de la ejecución.
La última ejecución anterior a las de este viernes fue la de Glen Ashby, en 1994, que fue ahorcado mientras su apelación era examinada por el Consejo Privado del Reino.
El activista por los derechos humanos Ishmael Samad colocó una pancarta fuera de la cárcel, en la cual denunciaba las ejecuciones. "Deberíamos mantener nuestros principios morales", dijo a la prensa nacional e internacional reunida para la ocasión.
Chadee, junto con ocho miembros de su banda, fue sentenciado a muerte en 1996 por haber asesinado, dos años antes, a cuatro miembros de una familia del pueblo rural de Williamsville.
Tres de los seis hombres de la banda irán a la horca el sábado, y los otros tres serán ejecutados el lunes.
Los familiares directos de los ejecutados no fueron vistos en la prisión. El jueves declararon a la prensa que los funcionarios de la cárcel les habían negado la última oportunidad de visitar a los condenados.
Los abogados de Ramiah y Singh intentaron un recurso de último momento el jueves, y alegaron ante el tribunal que las penas de muerte debían ser conmutadas por cadena perpetua porque a los presos se les había anunciado la ejecución en tres ocasiones distintas, lo que calificaron de inconstitucional y de tortura.
Los dos condenados presentaron una declaración jurada en la cual sostenían que el hecho de abrir y golpear las puertas del cadalso antes de cada anuncio de ejecución, y los artículos publicados en la prensa sobre las tumbas cavadas para ellos constituían una forma de tortura cruel y trato inhumano.
Pero el Tribunal de Apelaciones, presidido por el juez Michael De La Bastide, rechazó el alegato y declaró que no permitiría que nadie se burlara de la justicia.
El Consejo Privado del Reino también rechazaron el pedido luego de una reunión que se llevó a cabo este viernes de mañana.
Las ejecuciones se aplicaron a pesar de una apelación presentada por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional y de una petición firmada por más de 145 personalidades reconocidas en el mundo, entre ellos el arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu, y el líder de los derechos civiles de Estados Unidos, Jesse Jackson.
La petición instaba al gobierno del primer ministro Basdeo Panday a adoptar leyes que fueran una alternativa para la pena capital, "como un primer paso, para unirse a la mayoría de las naciones del mundo y abolir la pena de muerte".
Pero muchas personas reunidas fuera de la cárcel apoyaban la decisión de ahorcar a los acusados.
El diario The Daily Express opinó que el hecho de que las autoridades hubieran rechazado la "vigilia por la vida" pedida por el arzobispo Anthony Pantin a comienzos de esta semana muestra que pretenden "limitar la influencia de la Iglesia Católica sobre la opinión pública".
"El gobierno repitió en varias ocasiones que se reanudó la horca para satisfacer las demandas de la población. Ahora parece decidido a sofocar las sugerencias de que la voz del pueblo no es la voz de dios", observó el periódico.
El columnista del diario, Denis Solomon, contrario a la pena de muerte, sostuvo que las desigualdades sociales convierten a la sanción máxima en algo inherentemente injusto.
Pero el abogado defensor, Israel Khan, dijo haber rechazado 250.000 dólares para representar a Chadee porque cree que un hombre merece la hora cuando comete un asesinado deliberado y malvado.
El gobierno no hizo declaraciones públicas sobre las ejecuciones ni sobre los pedidos de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de personalidades para suspender la ejecución. (FIN/IPS/tra-en/pr/cb/ceb/aq/hd/99
