El resurgimiento en Honduras de grupos paramilitares para proteger a ciudadanos de delincuentes comunes, generó preocupación hoy en el gobierno y en organizaciones de derechos humanos, luego que ganaderos anunciaran la contratación de 520 hombres armados.
Los ganaderos acusan de negligencia a los organismos estatales por no poner orden en el nororiental departamento de Olancho, uno de los más grandes del país, cuyos municipios del norte son víctimas constantes de robos, asaltos, secuestros y violaciones.
La región, productora de granos básicos, ganado y derivados de la leche, está rodeada de selvas, lo cual resulta propicio para las acciones delictivas al grado que sus pobladores la han denominado "el corredor de la muerte".
Manuel Antonio Zelaya, presidente de la Asociación de Ganaderos de los municipios del norte de Olancho, dijo estar cansado de tanta inseguridad y "no me importa que me acusen de sedición, pero vamos organizar nuestra gente y contratar hombres armados para que nos defiendan".
Informó que se formará un grupo de 520 hombres armados, en principio, para "exterminar a los delincuentes, porque si esperamos respuestas del gobierno vamos a perder nuestras vidas, tierras y capital". "Se nos agotó la paciencia", dijo.
"Tememos quedarnos incomunicados del resto del país, no por falta de vías de comunicación sino porque los comerciantes y productores no van a exponer su vida y capital para que la delincuencia se los arrebate", agregó.
Zelaya indicó que la contratación de esos hombres es algo concertado con todos los sectores.
"Son gente honesta dispuesta a ofrecer sus vidas para cuidar nuestros intereses, y entre ellos incluso hay algunos hijos de ganaderos y hacendados", afirmó.
El anuncio de los ganaderos de Olancho, una región donde predomina la cultura del machismo, la violencia y la muerte por venganza entre familias, y el portar un fusil automático AK-47 es algo normal, inmediatamente generó el repudio de los organismos defensores de los derechos humanos.
Las organizaciones humanitarias advirtieron sobre el resurgimiento de grupos paramilitares de derecha para ejecutar a cualquier persona.
Leo Valladares, del estatal Comisionado de los Derechos Humanos, dijo que "hablar de armar gente civil es alentar el resurgimiento de los grupos paramilitares para volver a la época de la barbarie".
"No hay duda que detrás de esas bandas organizadas han de existir uno que otro militar cabeza caliente que quiere sacar provecho de las cosas", señaló.
Valladares indicó que hay que "apoyar al Ministerio de Seguridad (interior), reforzar la policía civil y diseñar con urgencia una política de seguridad ciudadana que garantice los bienes y vidas de las personas, para no sentirse desprotegidas ante la delincuencia".
Sostuvo que armar grupos al margen de la ley viola la Constitución y los preceptos democráticos del país, además alentar a los delincuentes para que también formen sus propios ejércitos, en especial el narcotráfico".
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro, dijo en tono indignado que quienes promueven la formación de "grupos al margen de la ley son falsos agricultores y ganaderos que han querido extorsionar a empresarios de la madera por la explotación de bosques en ese lugar".
"A quien le corresponde garantizar la seguridad pública y de sus ciudadanos es a la policía y al Ministerio de Seguridad. Hay que investigar que existe detrás de esa amenaza, que me parece absurda, carente de lógica y un desafío a la democracia que no podemos permitir", señaló.
La ministra de Seguridad, Elizabeth Chiuz Sierra, si bien reconoció que se carece de una política de seguridad pública, "hacemos lo que podemos y nuestros policías intentan controlar la delincuencia, pero venir a decir que van a crear grupos paralelos me parece que es querer crear la anarquía en el país".
"Si los olanchanos se arman y causan muertes tendrán que atenerse a las consecuencias, pues les vamos a aplicar todo el peso de la ley. No vamos a permitir que nos desafíen solo porque se creen valientes y tienen cuerpos armados a su favor", afirmó.
La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que azota a Honduras en los últimos tres años, cuando empezaron a proliferar los secuestros, el robo de vehículos y los ajustes de cuenta por divergencias en el narcotráfico.
El Ministerio de Seguridad ha hecho un llamado a la población civil a colaborar para contrarrestar la violencia, pero la falta de una política coherente que garantice un clima de mutua confianza entre policías y ciudadanos, ha impedido coordinar esquemas de cooperación.
La población no confía de manera plena en la policía civil por considerar que muchos de sus cuadros no fueron depurados y siguen vinculados a fuertes sectores del crimen organizado, indican varias encuestas.
Esta falta de estructuración sobre el perfil de una nueva policía, es para la analista Julieta Castellanos uno de los aspectos que "desencantan al pueblo y lo obligan a tomar acciones cerradas, como el absurdo de organizar grupos civiles armados".
Los grupos paramilitares operaron en el país en la década de los años 80 financiados por sectores empresariales, políticos y del Estado y promovidos por las Fuerzas Armadas, a quienes se responsabiliza de la violación de los derechos humanos y desaparición forzada de personas. (FIN/IPS/tm/dm/dh ip/99)
