Venezuela ratificó hoy su disposición a aclarar los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el "caracazo" de 1989, y manifestó "preocupación" por haber sido objeto de una demanda ante la Corte Interamericana.
Un comunicado oficial destacó que la preocupación fue generada porque "la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hubiera preferido interponer una demanda contra Venezuela, en lugar de trabajar activamente con los peticionarios y el gobierno".
El gobierno venezolano consideró que esta demanda desestima su "manifiesta y absoluta disposición" de resolver el caso "con apego irrestricto a las recomendaciones formuladas por aquella Comisión (Interamericana)".
La Comisión presentó la demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el 7 de junio, tras haber estudiado desde 1995 el caso de 44 crímenes atribuidos a fuerzas militares y policiales venezolanas.
Los hechos ocurrieron en el marco del "caracazo" o "27-F", como se conoce al amotinamiento popular que estalló el 27 de febrero de 1989 y que generó varios días de desórdenes y una feroz represión.
Según cifras oficiales esos incidentes causaron 276 muertes. Pero el número real de víctimas aún es un misterio, aunque organizaciones de derechos humanos contabilizaron 364, a las que se sumaron 68 cadáveres que aparecieron luego en fosas comunes.
El caso de 44 muertes y despariciones fue presentado a la Comisión Interamericana por el Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic), que consideró el proceso como una "preciosa oportunidad" para que el gobierno reafirme su compromiso con los derechos humanos.
El comunicado difundido este jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano calificó al 27-F como "tragedia nacional" y revisó los pasos dados por el gobierno de Hugo Chávez para resolver el problema de la impunidad.
Según dijo, en marzo de este año Venezuela pidió a la Comisión Interamericana ayudar a lograr un acuerdo con familiares de las víctimas.
En mayo el Agente del Estado venezolano entregó a la Comisión información sobre los pasos que ha dado para cumplir con sus recomendaciones y le planteó su interés por lograr "una solución honorable".
La cancillería destacó que el gobierno "reitera su plena voluntad de cumplir con todas las obligaciones internacionales emanadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Chávez, un teniente coronel retirado que en reiteradas ocasiones criticó el papel represivo asumido por el ejército el 27- F cuando él aún estaba activo, aseguró que en este caso el gobierno "va a asumir toda su responsbilidad".
Por su parte la embajadora de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Virginia Contreras, confirmó que el presidente le dio instrucciones para resolver todos los casos que lleguen hasta la Comisión Interamericana.
"Aquí no se trata de un problema de ganar o perder, sino de que no vuelvan a ocurrir este tipo de violaciones a los derechos humanos en el país", dijo Contreras en declaraciones al matutino "El Universal" de Caracas. (Fin/IPS/lc/eg/hr la/99
