Cuatro diputadas plantearon hoy al gobierno de Chile medidas para proteger a quienes denuncian a agresores según la Ley de Violencia Intrafamiliar, tras el impacto causado por el asesinato de una estudiante universitaria.
Las parlamentarias oficialistas Fany Pollarolo, Adriana Muñoz y María Antonieta Saa se reunieron con el viceministro del Interior, Guillermo Pickering, para pedirle que el gobierno regule mediante decreto los procedimientos policiales de esa ley.
La estudiante Alejandra Araneda creía que la Ley de Violencia Intrafamiliar, vigente en Chile desde agosto de 1994, protege, como debe ser, a las víctimas y a quienes denuncian los abusos, pero en la realidad no es así y pagó ese "error" con su vida.
Araneda, de 22 años, estudiante de ingeniería comercial en una universidad católica de Concepción, 515 kilómetros al sur de Santiago, fue asesinada el domingo por Miguel Sepúlveda, de 36 años, quien le disparó al rostro con una escopeta de dos cañones.
Minutos antes del crimen, efectivos de la policía de Carabineros habían llevado a un hospital a Natalia Silva, de 28 años, esposa de Sepúlveda, luego de que la estudiante denunciara telefónicamente que el hombre golpeaba brutalmente a la mujer.
Los hechos ocurrieron durante la noche en el domicilio de la pareja, donde Araneda alquilaba un cuarto y pagaba pensión alimenticia, ya que su familia reside en Chillán, 120 kilómetros al norte de Concepción.
Desde la denuncia hasta la intervención policial, todo el procedimiento se enmarcó en la Ley de Violencia Intrafamiliar, promulgada por el presidente Eduardo Frei, considerada uno de los principales instrumentos para combatir los maltratos en el hogar.
Pero la efectividad de esa ley queda en duda a la luz del asesinato de la estudiante, pues los policías no detuvieron a Sepúlveda, limitándose a trasladar a su esposa al hospital para certificar las lesiones.
La actitud de los carabineros resulta aún más controvertida si se considera que en la tarde del domingo, la propia Silva había denunciado una golpiza de Sepúlveda, quien la llevó personalmente a un centro médico, donde dijo a la policía que se trataba "sólo de una discusión".
Al día siguiente del asesinato de Araneda, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Josefina Bilbao, se declaró consternada y criticó a los policías, señalando que era su obligación arrestar a Sepúlveda.
"Lo que más me duele es que ella (Araneda) entendió el compromiso que pedimos y apoyó a una víctima de violencia. Pero su asesinato nos aleja la posibilidad de que la gente se comprometa (con la ley)", dijo Bilbao.
La generala Mireya Pérez, directora de Asuntos de la Familia de Carabineros, refutó a la ministra y sostuvo que el proceder policial se ajustó a la ley, porque "al parecer", Silva no tenía lesiones visibles, lo cual obligaba al examen médico antes de detener al agresor.
Las explicaciones de Pérez no contuvieron la indignación de las organizaciones femeninas. El miércoles, compañeras de Araneda y otros cientos de mujeres desfilaron por las calles de Concepción con pancartas a propósito de este caso.
"No a la violencia, si a la justicia", "Las mujeres somos más agredidas en las casas que en las calles", "Alejandra, tu valentía nos moviliza a exigir justicia para todas las mujeres maltratadas", decían las pancartas y lienzos.
Las diputadas Pollarolo, socialista, Saa y Muñoz, del Partido Por la Democracia, señalaron la necesidad de una reforma a la Ley de Violencia Intrafamiliar que establezca sin equívocos la detención preventiva inmediata de los agresores.
Las parlamentarias, que presentarán también indicaciones en ese sentido a una ley en trámite sobre tribunales familiares, advirtieron que los cuerpos legales tendrán poco efecto si no se genera un profundo cambio cultural ante a la violencia hogareña.
Las denuncias de maltrato se multiplicaron con la ley, de 27.196 en 1995 a 41.256 en 1997, pero sólo cinco por ciento de los casos llegan a una resolución judicial, porque las víctimas desisten, aconsejadas a veces por jueces o la propia policía.
Los encargados de aplicar la ley se suman así a una conducta social de los chilenos, que observa la violencia intrafamiliar como un fenómeno que debe tratarse dentro de las cuatro paredes del hogar y castiga así a quienes denuncian maltratos.
El asesino de Alejandra Araneda estuvo prófugo más de 24 horas, gracias a un vecino que lo ocultó y además intentó vender piezas de camiones, robadas por el propio Sepúlveda en la empresa donde trabajaba, para facilitarle la huida.
En el momento de ser capturado, el criminal no demostró arrepentimiento por el asesinato de la joven e insistió en que golpeaba a su esposa por celos. En otras palabras, en defensa de su "honor" como hombre. (FIN/IPS/ggr/ff/hd/99
