Los transportistas de carga de Venezuela alcanzaron su objetivo de que el gobierno proteja las carreteras locales de la competencia colombiana, después de 12 días de una huelga que paralizó la frontera e impactó al resto del país.
El Consejo de Ministros decidió este martes que la emergencia faculta a aplicar una salvaguardia temporal sobre la norma de la Comunidad Andina, que apuntala la apertura del transporte en el bloque formado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Márquez, informó que la suspensión del libre transito de los vehículos de carga en la frontera colombo-venezolana será un hecho inmediato.
Pero precisó que el gobierno de Caracas esperará hasta este miércoles la adopción de una indesada medida unilateral, ante la esperanza de que Bogotá acepte participar en una solución binacional para la crisis, lo que no se obtuvo hasta ahora.
Márquez planteó que la restricción en el transporte binacional, cuya consecuencia inmediata será el encarecimiento de los fletes para intercambio comercial, se mantendría "hasta que se igualen las condiciones para el transporte en ambos países".
La huelga ha costado al menos diez millones de dólares diarios, según la Cámara de Integración Venezolano-Colombiana, mientras dejo sin combustible y el suministro de bienes esenciales a los estados occidentales del país.
Los conductores de los buses de las rutas que conectan Caracas, situada en el centro-norte venezolano, con el occidente del país se sumaron este martes al paro, en solidaridad con los 2.000 camioneros de Táchira, lo que agudizó y extendió el problema.
Márquez pidió a los transportistas que pongan fin al paro y a la escalada de movilizaciones, cuyos efectos económicos son cada vez más generales y extendidos geográficamente, ante el compromiso del gobierno de solventar la crisis.
Pero desde el estado de Táchira, dirigentes del gremio en huelga señalaron que la tregua sólo se producirá cuando la restricción sea un hecho, mientras mediante un operativo cívico- militar se restableció parcialmente el suministro de combustible.
El ministro subrayó que Venezuela decidió actuar "con prudencia" y dentro del marco legal de la Comunidad Andina en sus pasos para suspender temporalmente la aplicación de la decisión (ley) 399 del bloque, que establece la libre circulación de los vehículos de carga.
En ese sentido, Márquez adelantó que Venezuela hará uso del artículo 108 del Acuerdo de Cartagena, que rige al bloque, y que permite imponer medidas de salvaguardía en situaciones de emergencia, que en 30 días deben ser ratificadas o revocadas por la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Las medidas que se proyecta adoptar incluyen la istalación de un "puerto seco" en la frontera, donde se embarquen y desembarquen las mercancias, para ser transportadas por vehículos de cada país.
También se contempla el cambio de las cabinas de los caminones de gran tonelaje, para que la carga sea conducida en cada país por transportistas nacionales, y el permiso para el desplazamiento de vehículos cuya carga no puede ser transportada, como combustibles y camiones-cavas.
"Nuestra propueta es muy sencilla: que el tranmsporte en Colombia lo hagan los colombianos y en Venezuela, los venzolanos", dijo a IPS Carlos Fernández, presidente del privado Consejo del Transporte.
Detras del conflicto está el hecho de que los transportistas colombianos han renovado su flota y adquirido 4.000 camiones nuevos, en una estrategia orientada a atender el floreciente intercambio binacional, que en 1998 sumó 2.500 millones de dólares, según admitió el abogado de Fernández, Yuvan Rosales.
Rosales aseguró que la flota venezolana, peor dotada, es víctima de medidas específicas para "disuadir" a los camioneros extranjeros a circular por Colombia, como las requisas por autoridades viales, el cobro de peaje o el secuestro de la guerrilla y los secuestros.
Pero transportistas colombianos contactados por teléfono en la frontera, expresaron que todo son situaciones imaginarias, con las que se quiere tapar la incapacidad para competir, como dijo Pedro Rico.
Henrique Ball, dirigente de la Confederación de Industriales, criticó la adopción de medidas como el transbordo de la mercancia, que dañará a los productos, aumentará los fletes y erosionará el comercio intraandino.
El dirigente empresarial planteó que la solución debe darse por la creación de incentivos a la modernización de la flota venezolana, como hizo el gobierno colombiano, y no por medidas proteccionistas, que afectarán a muchos sectores en el país. (Fin/IPS/eg/if la/99
