Los camioneros de Venezuela levantaron hoy la huelga que por 15 días paralizó la frontera con Colombia, al triunfar en su objetivo de que el gobierno suspenda el libre tránsito por el territorio de transportistas de países andinos.
El gobierno de Hugo Chávez publicó este jueves un decreto de suspensión unilateral y por un año de la norma de la Comunidad Andina (CAN) que garantiza la circulación por la subregión de los transportistas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Un ruido ensordecedor de las bocinas de 3.000 vehículos de carga y de pasajeros estacionados en la Avenida Antonio José de Sucre de la fronteriza ciudad de San Cristobal festejó este jueves la culminación triunfal del paro, mientras sus choferes prendían los motores y reiniciaban sus labores.
Los 2.000 transportistas del estado de Táchira, del que es capital San Cristobal, alegaron que Colombia no garantiza la seguridad en su territorio, lo que impide la aplicación de la libre circulación andina, y bajo esa premisa demandaron el bloqueo a la actividad de sus colegas colombianos en el país.
Detrás del argumento se esconde una falta de competitividad de la flota venezolana respecto a la colombiana, que ha recibido altos incentivos del gobierno para su desarrollo, lo que llevó a que en 1998 sólo 15 por ciento de la carga binacional fuera transportada por vehículos venezolanos.
La delegación colombiana que llegó a San Cristobal para realizar un esfuerzo extremo que evitase la adopción del bloqueo, considerado ilegal por Bogotá, se encontró "el hecho cumplido" del decreto y debió resignarse a "evaluar" la situación con tres ministros desplazados allí desde la noche del miércoles.
El ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, subrayó que Venezuela debió adoptar la medida para enfrentar un problema de orden público, ya que Táchira fue virtualmente paralizado, sin combustible y con sus carreteras bloqueadas.
Además, los "gandoleros" como en Venezuela se llama a los transportistas de carga pesada, obtuvieron con sus movilizaciones la creciente solidaridad de otros gremios del sector, lo que provocó esta semana la paralización de 70 por ciento del transporte de pasajeros del occidente del país, incluida Caracas.
Dos buses de pasajeros con destino a Perú, "rehenes" de los camioneros en conflicto desde hace una semana, fueron de los primeros a los que los camioneros abrieron la ruta al superarse el conflicto, y representa una muestra de los efectos del paro.
Bocinas sonando despidieron a los buses bloqueados "porque queremos que se sepa que no estamos contra la integración andina y que nuestra lucha es en defensa social de nuestra sobrevivencia y de nuestras familias", dijo a IPS desde un teléfono móvil Federico Ochoa, del comité de conflicto de los camioneros.
El ministro del Interior, Luis Miquelena, que encabezó la misión trasladada a San Cristobal, a 800 kilómetros al sudoeste de Caracas, subrayó que como dice el decreto se trata de "un correctivo con carácter provisional y de emergencia".
La disposición que suspende la decisión (ley) 399 de la Comunidad Andina deberá ser refrendada, revisada o anulada por la Secretaría General del bloque en el plazo de un mes, y los delegados colombianos ya adelantaron que demandarán su anulación.
El decreto, con nueve consideraciones y siete resoluciones, fijo que los vehículos de transporte internacional de carreteras deberán contunar e ltranspote de mercancias mediante el procedimiento de cabezales en la frontera venezolana.
Sólo quedó exceptuado del trasbordo fronterizo a camiones venezolanos el transporte de carga líquida -menos los combustibles- , de productos químicos, a granel, refrigerados, de vidrio, vehículos, y en tránsito aduanero.
Aquellos camiones con matrícula extranjera autorizados a llevar la mercancia dentro de Venezuela, deberán volver vacios a su país de origen.
El gobierno de Bogotá planteó una reunión urgente en la Secretaría General de la CAN en Lima para decidir una salida a la crisis, pero Caracas arguyó que los efectos del conflicto eran explosivos y no había más margen de tiempo ante la emergencia.
Un miembro de la delegación colombiana dijo en el aeropuerto de San Cristobal que "pedimos reflexión porque la medida perjudica al vital comercio binacional y en particular a Venezuela, que tiene un superávit con Colombia", segundo destino de las exportaciones extrapetroleras de este país.
Los empresarios venezolanos esperan que la medida sea revisada o anulada por la CAN y el presidente de la Confederación de Industriales, Henrique Ball, adelantó que habrá un incremento de costos que desincentivará el prospero comercio binacional, situado en torno a 2.500 millones de dólares anuales.
La medida "sólo puede ser muy transitoria, para capear la explosiva crisis fronteriza, porque si no será un caos, ya que el trasbordo en la frontera de la carga es un absurdo y no hay ni instalaciones ni equipos para ejecutarlo", insistió Ball.
"Es como si a las aerolíneas de los dos países las obligasen a aterrizar en San Antonio (punto fronterizo venezolano) y a los pasajeros a cambiarse de un avión a otro para volar en aviones con matrícula de cada país", criticó el empresario. (Fin/IPS/eg/if la/99
