La investigación en Brasil de ministros que utilizaban aviones de la Fuerza Aérea para sus vacaciones en islas del nordeste puso en evidencia la extendida confusión entre funcionarios de lo público y lo privado.
La confusión empieza en la misma presidencia de la República. En efecto, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Clovis Carvalho, es el primer involucrado en el escándalo del uso de aviones oficiales con fines particulares.
Carvalho, poderoso auxiliar directo y amigo del presidente Fernando Henrique Cardoso, estuvo de vacaciones del 12 al 19 de febrero con su esposa, sus cinco hijos y dos amigos en el arquipélago de Fernando de Noronha, un paraíso ecológico en el océano Atlántico, a 340 kilómetros de la costa brasileña.
La prensa informó del hecho y Carvalho intentó corregir su falta con el pago de 25.000 reales (15.000 dólares) al Ministerio de Aeronáutica, precio estimado de un vuelo en avión privado de Brasilia a las islas de Fernando de Noronha.
Cardoso defendió a su colaborador, arguyendo que Carvalho no cometió ningún acto ilícito, ya que no hay reglamentación sobre el empleo de aviones oficiales para distinguir misiones gubernamentales y uso privado.
Se trata de un pequeño escándalo en comparación con los centenares de millones de dólares comprometidos en las irregularidades del sistema financiero y del Poder Judicial que son investigadas por comisiones parlamentarias.
La ayuda del Banco Central a dos bancos en dificultades por la devaluación de la moneda del 13 de enero significó a la sociedad brasileña la pérdida de 900 millones de dólares, el monto transferido al sector financiero privado.
Las pérdidas del Banco Central en el proceso de devaluación del real sumaron cerca de 4.500 millones de dólares, admitieron las autoridades.
Pero el caso Carvalho dio lugar a nuevas denuncias sobre los viajes particulares de funcionarios a Fernando de Noronha utilizando recursos públicos. Carvalho es reincidente, ya que también había usado un avión de la Fuerza Aérea para sus vacaciones del año anterior.
Así mismo, el ministro de Educación, Paulo Renato Souza, estuvo en el archipiélago en 1997, y su colega de Política Agraria, Raul Jungmann, lo hizo varias veces.
Jungmann reconoció que estuvo tres veces en Fernando de Noronha, en viaje de esparcimiento, pero arguyó que la legislación permite esa prerrogativa a altos funcionarios, por cuestiones de seguridad y no de privilegio.
Por eso afirmó que seguirá utilizando los aviones de la Fuerza Aérea y que -al contrario de Carvalho- no reembolsará al gobierno los gastos en ese tipo de traslados.
Asesores del ministro de Educación intentaron justificar el viaje de Souza asegurando que éste fue invitado por la Fuerza Aerea. El Ministerio de Aeronáutica desmintió esa versión, y dijo que el avión y las instalaciones en Fernando de Noronha fueron pedidos formalmente por el gabinete del ministro.
En situación aún más incómoda quedó el Procurador General de la República, Geraldo Brindeiro, sorprendido por la información de que también hizo uso de esas facilidades durante 10 días en enero, junto con su esposa y tres hijos.
Brindeiro encabeza el Ministerio Público, organismo independiente encargado de defender los intereses públicos y, como tal, de iniciar acciones judiciales incluso contra funcionarios sospechosos de aprovechamiento indebido de bienes del Estado.
El Procurador General intentó evitar mayores repercusiones pagando 18.000 reales (10.700 dólares) por el uso de bienes públicos. Su segundo mandato de dos años en el cargo finaliza próximamente y el presidente Cardoso, a quien corresponde confirmarlo, no ha dicho si lo hará.
Los subordinados de Brindeiro en Brasilia decidieron investigar los viajes turísticos de su propio jefe y de los ministros, como sospechosos de falta de honestidad administrativa. Con esa finalidad, 14 de los 17 procuradores de la capital firmaron la orden de investigación.
La Constitución y la legislación relativa a la administración pública prohiben el uso de bienes públicos en provecho personal, señalaron los procuradores.
Para impedir la confusión de lo público y lo privado, considerada normal por muchos funcionarios, el Consejo de Reforma del Estado, creado por Cardoso, propuso un código de conducta para los titulares de altos cargos.
El proyecto está paralizado en el Gabinete Civil de la Presidencia, el área controlada por Carvalho, aseguró el diario O Estado de Sao Paulo. (FIN/IPS/mo/ff/ip/99
