Los inmigrantes que hayan cometido delitos en Estados Unidos pueden ser detenidos y deportados a su país de origen, incluso por una ofensa menor como la de arrojar desperdicios en una propiedad privada.
El hondureño Antonio Barrios se declaró culpable de ese delito y el juez lo condenó a 20 horas de servicio a la comunidad, como había supuesto su abogado.
Pero el juez también le informó que, al declararse culpable, podría ser deportado legalmente de este país.
La Ley de Reforma de la Inmigración ilegal y Responsabilidad en la Inmigración (IIRAIRA), vigente desde abril de 1997, prevé que Barrios pueda ser declarado criminal convicto por el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y deportado de Estados Unidos, aunque este se declaró culpable de un delito menor.
Además, según la Ley Contra el Terrorismo, aprobada luego del bombardeo de Oklahoma en 1996, Barrios puede ser arrestado y detenido hasta su deportación.
Ambas leyes son consideradas las más opresivas de una serie de medidas contra la inmigración aprobadas desde que el opositor Partido Republicano obtuvo el control de la cámara de representantes en 1994.
El aspecto más peligroso de estas leyes es que pueden ser aplicadas con retroactividad, protestan las organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes y otros grupos activistas.
En 1996, advirtieron que las víctimas de la ley serán las personas que viven en Estados Unidos desde hace años e incluso décadas, y que cometieron delitos, a veces menores, por las que ya fueron castigadas.
Las cláusulas retroactivas son inconstitucionales, ya que podrían llevar a que alguien fuera castigado dos veces por el mismo delito, señalaron.
Estas leyes permitirán que haya deportaciones masivas, lo cual podría ser una pesada carga para la INS y para los países hacia los cuales se dirigen los deportados.
Organizaciones contrarias a la inmigración denunciaron que las advertencias son "alarmistas". El número de deportados por el INS aumentó a 113.968 personas en 1997, 23.000 más de la meta prevista del organismo. El INS declaró que 51.000 deportados eran criminales convictos.
Muchos deportados proceden del Caribe. Más de 15.000 personas fueron enviadas de vuelta a esa región desde 1993. En 1995, los deportados caribeños sumaban 2.600, en 1996 eran 3.000, en 1997, 3.800, y el año pasado llegaron a ser 5.824.
A pesar del aumento, las deportaciones no están a la par de la cantidad de detenidos y las instalaciones del INS están superpobladas. La agencia anunció que necesita 16.000 camas más. Algunos detenidos y deportados son criminales peligrosos.
Una operación secreta realizada en conjunto por la Patrulla de Frontera (el brazo ejecutor del INS), la oficina del comisario de Palm Beach y la policía logró detener en 1998 a 31 hombres convictos que ya habían estado presos por delitos sexuales, incluso por violar a niños de seis años.
El más viejo de los convictos era un hombre de 70 años que vivía en Estados Unidos desde hace 17 años, y fue deportado junto con los demás.
El inmigrante cubano Alberto San Pedro, de 48 años, que hizo el doblaje de la película "The Great Corrupter" (El gran corruptor) para la televisión de Miami, fue declarado culpable de cinco casos de corrupción en 1986 y estuvo tres años en prisión.
En 1989 fue liberado y luego vuelto a arrestar en 1991 por conspiración para asesinar, contrabando de drogas, chantaje y soborno.
Un jurado lo absolvió del cargo de soborno. El juez rechazó el resto de los cargos y aceptó el argumento de San Pedro de que el FBI no cumplía con el trato según el cual él brindaría información sobre algunos de sus ex socios a cambio de que no fuera acusado de ninguno de los crímenes señalados.
Ahora, el INS inició el procedimiento de deportación de San Pedro, que vive en Estados Unidos desde que tenía dos años. Su abogado sostiene que se trata de una venganza.
La segunda esposa de San Pedro, Lourdes, asegura que la vida de su marido cambió por completo desde que salió de la cárcel, y que ahora es misionero cristiano, tiene un negocio familiar y educa a dos hijos adolescentes de su anterior matrimonio.
La INS, en cambio, afirma que San Pedro es un peligroso criminal que debe ser deportado.
Pero muchos de los deportados no son criminales, indican los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes.
La maestra Luying Deng, y su marido, el estudiante de Derecho Hou-Lin Li serán deportados a China si un tribunal de Chicago los declara culpables de dar una bofetada a su hija de ocho años por mentir.
Los asistentes sociales que manejan este caso aseguran que la niña no resultó herida e intentan reducir los cargos presentados para eliminar las posibilidades de deportación.
El presidente del Colegio de Abogados de Estados Unidos, Philip S. Anderson, relató la historia de Olufolake Olaleye, de Nigeria, que entró legalmente a Estados Unidos en 1984 y obtuvo la residencia permanente en 1990.
Olaleye fue arrestada en 1993 acusada de haber robado ropa de bebé por valor de 14,99 dólares. La mujer afirma que había comprado esas prendas el día anterior, no le sirvieron y volvió a la tienda para cambiarlas, pero no pudo encontrar la boleta.
Olaleye supuso que se trataba de un malentendido y se presentó ante el tribunal sin abogado. Se declaró culpable para terminar rápidamente con el asunto.
Pero le aplicaron una multa de 360 dólares, una sentencia de un año sin cárcel y 12 meses de libertad condicional. Ambas condenas se levantaron dos meses más tarde cuando pagó la multa completa.
Olaleye no volvió a tener problemas con la ley. Nunca vivió de la seguridad social, y mantenía a sus dos hijos trabajando como empleada en una estación de servicio.
Su pedido de ciudadanía estadounidense fue aprobado en octubre de 1996. El INS revisó su castigo en 1993 y lo clasificó como delito menor. Después de eso, el Congreso aprobó las leyes en cuestión.
Olaleye se vio afectada por la ley por la posibilidad que se arroga el INS de clasificar cualquier delito como grave y por la retroactividad.
El INS reabrió el caso en agosto de 1997 para investigar las posibles aplicaciones de la ley. En octubre, clasificó el robo e la tienda como un delito agravado y le negó la ciudadanía.
En junio de 1998, ordenaron su deportación. Olaleye será separaráda de sus hijos, ciudadanos estadounidenses, o los obligarán a salir del país donde nacieron.
Anderson tomó a su cargo el caso de Olaleye y cuestiona la constitucionalidad de la ley, alegando que el Congreso no puede haber tenido la intención de que esa ley se utilice para deportar personas como Olaleye. (FIN/IPS/tra-en/ps/cb/ceb/aq/hd/99
