WASHINGTON – Las últimas asambleas de accionistas de grandes empresas estadounidenses como la petrolera Chevron o la minera Freeport McMoRan fueron escenario de choques de directivos con inversores preocupados por los derechos humanos y el ambiente.
En una reunión de accionistas de Freeport McMoRan, el activista indonesio John Rumbiak denunció la semana pasada la contratación de militares que cometieron torturas cerca de su mina Grasberg en Irian Jaya, así como la contaminación de ríos.
Varios accionistas propusieron en la asamblea de Texaco que se investiguen las acusaciones de destrucción ambiental o complicidad en violaciones de los derechos humanos, en especial contra indígenas cofan, secoya, quichua y haourani, en Ecuador.
La semana pasada, siete por ciento de los accionistas en una asamblea de Chevron apoyaron una moción, rechazada por los directivos, para que se documentaran las emisiones de gases que producen el efecto invernadero, y seis por ciento se abstuvo.
En la reunión anual de la Occidental Petroleum, 13 por ciento de los accionistas votaron una moción que planteaba analizar los riesgos de los planes de perforación en tierras de los indígena u'wa, en Colombia, —-
