El Ministerio de Defensa de Guatemala aseguró, basándose en cuestiones formales, que es falso el informe sobre 182 detenidos-desaparecidos en este país atribuido al ejército por activistas que lo revelaron en Estados Unidos.
El ministro de Defensa, Héctor Barrios Celada, dijo el martes que el ejército tiene un manual de correspondencia que estipula cómo se elabora un documento, y que el informe difundido la semana pasada "es diferente" a los que ellos elaboran.
"Cualquier documento del ejército debe tener membrete, sello y tiene que llevar identificación", aseguró Barrios.
El documento fue extraido de archivos militares en febrero, informó el Archivo Nacional de Seguridad (NSA), uno de las cuatro organizaciones no gubernamentales estadounidenses que lo presentaron la semana pasada.
La información contenida en este "diario militar", por el que las organizaciones estadounidenses pagaron 2.000 dólares, comenzó a ser recopilada en agosto de 1983, tres semanas después de que el general Oscar Mejía Víctores derrocara al gobierno del general Efraín Ríos Montt e instauró su propia dictadura.
Las víctimas estaban relacionadas con los grupos insurgentes que integraban la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), según el propio documento.
La mayoría de las fichas de los desaparecidos contienen la fotografía del documento de identidad que las víctimas portaban cuando fueron secuestrados o muertos, y en ellas figuran nombres, seudónimos, cargos y vínculos con las organizaciones rebeldes.
A veces se menciona la suerte que corrieron las víctimas, aunque no su paradero. Hay ciertas claves que el NSA no logró descifrar, como, por ejemplo, "pasó a la U-4". En cambio, se sabe que los códigos "300" y "se lo llevó Pancho" equivalen a ejecución extrajudicial.
La guerra civil que sufrió Guatemala durante 36 años causó más de 200.000 muertes. La Comisión de Esclarecimiento Histórico, en su informe presentado en febrero, atribuyó al ejército 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la guerra que terminó en 1996.
El experto en asuntos militares Héctor Rosada, ex negociador en el diálogo de paz en nombre del gobierno, dijo que el informe impugnado por el Ministerio de Defensa es "un documento producido en las esferas de inteligencia militar".
La ausencia de membretes, sellos y firmas "es, precisamente, lo que permite eludir responsabilidades y evitar que alguien sea procesado. No tengo la menor duda de su originalidad", agregó el experto.
Organizaciones de derechos humanos de Guatemala emprendieron acciones legales para localizar a los desaparecidos sobre la base del "diario militar".
Una de allas, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), declaró este miércoles que exigirá al gobierno la creación de una Comisión Especial de Búsqueda de Detenidos-Desaparecidos. Con ese fin, solicitará audiencias con el presidente Alvaro Arzú y con el Ministro de Defensa.
Por su parte, la organización Familiares de Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) exige el nombramiento de un fiscal especial para investigar las 182 ejecuciones extrajudiciales que se atribuyen al ejército, pero no logró el apoyo del fiscal general Adolfo González Rodas.
Los casos fueron trasladados a distintas fiscalías.
Aura Elena Farfán, dirigente de Famdegua, dijo a IPS que consideraba más efectivo que se nombrara un fiscal especial para que concentrara su atención en estos casos, ya que cada uno de los fiscales que atenderán las denuncias manejan unos 1.000 casos comunes que imposibilitarían su dedicación.
Famdegua solicitó al Procurador de Derechos Humanos, Julio Arango, que se constituya como querellante en el proceso que iniciaron ante el Ministerio Público, informó Farfán.
Arango aceptó la petición, por lo que solicitará al Ministerio Público la asistencia de tres fiscales especiales.
Famdegua también solicitará a Estados Unidos desclasificar los documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre el conflicto armado, "ya que se habla de 45.000 desaparecidos". (FIN/IPS/cz/mj/hd/99
