Legisladores del Partido Republicano aprovechan el drama de Kosovo y del huracán Mitch para impulsar una ley que permita el desecho a gran escala de residuos mineros en tierras públicas de Estados Unidos, alertaron ambientalistas.
El senador republicano Slade Gordon propuso, escondida en un proyecto de enmienda a una ley sobre aportes de dinero de Washington al extranjero que no tiene relación alguna con la minería, una reforma a las regulaciones vigentes sobre los desechos que produce esta actividad.
La ley en debate es la que permite financiar actividades como el bombardeo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a Yugoslavia y la ayuda a los damnificados por el huracán Mitch, que asoló America Central en octubre y noviembre del año pasado.
La enmienda propuesta de manera furtiva por Gordon a la Ley Suplementaria de Apropiación de Emergencia permitiría a las compañías mineras que operan en Estados Unidos aumentar la superficie utilizada para arrojar desechos de sus actividades.
"Con un guiño y un gesto de asentimiento, el Congreso (legislativo) está listo para otorgar otro favor especial a la industria minera", dijo Stephen D'Esposito, conductor del Centro de Política Minera, organización ambientalista con sede en Washington.
D'Esposito acotó que el debate en curso constituye "una prueba importante para la administración" de Bill Clinton, quien pertenece al Partido Demócrata.
El gobierno de Clinton se opuso al principio a una cláusula minera como la propuesta por Gordon, senador por el estado de Washington, donde se registra una fuerte actividad minera.
Ambientalistas y analistas políticos creen que los republicanos, mayoritarios en el Senado, promueven la cláusula con la esperanza de que los demócratas la aprueben a cambio de la financiación de los ataques a Kosovo y la ayuda a los afectados por el huracán Mitch.
Este debate comenzó en las profundidades del monte Buckhorn, en la región septentrional del estado de Washington, sobre lo que una vez fue la reserva india de Colville, cerca de la frontera con Canadá.
Según las estimaciones iniciales, en la proyectada mina Crown Jewel había decenas de millones de dólares de oro. Explotar la mina, sin embargo, significa cercenar la cumbre del Buckhorn y usar 15.000 toneladas de cianuro.
La compañía Battle Mountain Gold, con sede en Texas, gastó millones de dólares en trámites legales para asegurarse los permisos estatales y locales de excavación de la mina. Comunidades locales y grupos ambientalistas temen que el cianuro contamine el agua.
"La mina Crown Jewel podría perjudicar el hábitat de la fauna y los recursos acuíferos en las tierras donde las tribus Colville cazaron, pescaron, se reunieron y adoraron a sus divinidades desde tiempos inmemoriales", dijo Joseph Pakootas, presidente del Consejo de Administración y Gobierno de las Tribus Colville.
En respuesta a esos temores, el gobierno anunció en marzo que el proyecto minero no podía seguir adelante como estaba planeado porque viola una cláusula poco conocida de la Ley de Minas de 1872.
La ley limita la cantidad de terrenos públicos que pueden emplearse para arrojar residuos a 2,5 hectareas cada 10 de explotación minera. Battle Mountain ha pedido más de 15 permisos para extraer oro y emplear 120 lugares como depósitos de residuos, lo cual está por encima de lo permitido por la ley.
"El proyecto minero habría arrojado ilegalmente residuos tóxicos sobre más de 200 hectareas de tierras públicas", apuntó Dave Kliengman, de la Alianza de Tierras Altas Okonogan, una organización comunitaria local.
"Esa norma ratifica lo que denunciábamos. La devastación a gran escala que habría causado esa mina estaba fuera de la ley", agregó Kliengman.
El gobierno de Clinton afirma que Battle Mountain todavía puede excavar el monte Buckhorn si emplea otros métodos, pero la compañía y sus aliados dijeron que las alternativas son impracticables.
"Esta es una de las decisiones más indignantes surgidas del Departamento (ministerio) del Interior en los últimos 30 años", declaró Laura Skaer, directora ejecutiva de la Asociación Minera del Noroeste, según la cual la ley vigente podría trabar futuros proyectos mineros en el oeste de Estados Unidos.
Gordon, un caracterizado opositor del gobierno de Clinton, es respaldado en su propuesta por otros legisladores según los cuales la mina daría trabajo las 24 horas del día a 144 personas durante 10 años.
"La gente de Washington oriental y Battle Mountain ha sido tratada injustamente por esta administración, y nosotros intentamos buscar soluciones para rectificar la situación", dijo Cynthia Bergman, vocera de Gordon.
La Casa Blanca todavía no dio su opinión sobre la iniciativa del senador republicano, pero los ambientalistas opinan que la controversia podría abrir el debate por la reforma de la ley minera de 1872.
"Es una ley arcaica que necesita ser revisada", afirmó Kliegman.
Los ambientalistas han tratado de reformar la vieja legislación minera, de 127 años de antigüedad, que permite a las compañías adoptar apenas precauciones ambientales mínimas para extraer oro, plata y otros minerales de tierras públicas sin cargo.
"Bajo esa ley, la industria minera extrajo más de 240.000 millones de dólares en minerales de propiedad pública sin pagar un centavo", apuntó D'Esposito.
"Mientras, se prevé que el público pague entre 32 y 72 millones de dólares de impuestos por la limpieza ambiental de más de 500.000 minas abandonadas por las compañías explotadoras", agregó.
La ley de 1872 fue aprobada en una época en que la mayor parte de la actividad minera era subterránea, con picos y mulas. Ahora, son comunes las minas a cielo abierto que pueden generar enormes volúmenes de desperdicios, como Crown Jewel. (FIN/IPS/tra- en/dk/mk/ego/mj/en/99
