El Tribunal Centroamericano del Agua tendrá entre sus tareas la defensa del acceso de la población al recurso y la atención de denuncias sobre contaminación o uso irracional.
América Central cuenta con abundantes recursos hídricos, pero un tercio de la población del istmo comenzará el milenio sin agua potable.
Este Tribunal de conciencia, que no es vinculante y cuyo poder radica en la denuncia, lleva cerca de un año en funciones y desarrolla un trabajo basado en dos programas, el primero, de solución de conflictos, y el segundo, el juzgamiento de casos.
Con el fin de concretar este segundo programa se designará un jurado internacional conformado por centroamericanos, brasileños y europeos, que en junio del 2000 juzgará 12 casos de contaminación graves, "que tengan implicaciones ecológicas y sociales", dijo a IPS Javier Bogantes, coordinador del Tribunal.
Para seleccionar los casos, en septiembre comienza el examen de pruebas, a cargo de un comité de científicos. Las principales denuncias planteadas hasta ahora se relacionan con los monocultivos, como café, banano o piña, y la agroindustria.
Durante este año, el Tribunal de conciencia ha recibido y tramitado denuncias tan importantes como la del Comité para la Defensa del Golfo de Fonseca, una zona compartida por El Salvador, Honduras y Nicaragua en el océano Pacífico, donde se ha desarrollado una fuerte industria camaronera.
Esta industria de exportación, según el Comité, está acabando con la existencia del manglar y perjudica los intereses de los pequeños camaroneros.
En Guatemala, varias organizaciones se unieron para oponerse a la exploración petrolera en la Laguna del Tigre, en la selva del Petén, o en Ixabal, en la costa.
En Panamá se presentaron denuncias contra un poderoso empresario de la construcción que extrae materiales del río Pacora. A la vez, hay gran preocupación porque el 60 por ciento del territorio de ese país se está concesionando para la explotación minera, incluyendo importantes mantos acuiferos.
En Costa Rica, las denuncias más fuertes se han presentado por problemas con el procesamiento de café, pues si los residuos no reciben tratamiento y son lanzados a los ríos acaban con la vida en ellos e impiden que los habitantes puedan utilizarlo como medio de diversión.
No está decidido aún, sin embargo, cuales son los casos que irán a conocimiento del jurado que sesionará en el 2000. El Tribunal pretende realizar los juicios cada dos años, siempre con un jurado diferente.
"El trabajo del Tribunal también conlleva un componente didáctico, pues para plantear sus casos las comunidades deben unirse e investigar. Nosotros tratamos de encontrarles apoyos financieros para que puedan seguir adelante con su proyecto", explicó Bogantes.
El esfuerzo del Tribunal está justificado en las últimas estadísticas que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio a conocer sobre el agua en América Central.
La injusta distribución de este recurso implicará que, al inicio del milenio, 15 millones de centroamericanos tendrán vedado el acceso al agua o deberán pagar por ella entre 10 y 20 veces más que las clases medias y altas, que la reciben a precios subsidiados.
Por otra parte, la mala calidad del agua sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil en la región. Según la OPS, cada 22 minutos muere un niño centroamericano por diarrea aguda.
La degradación del agua o su difícil acceso para grupos marginados ha cobrado más víctimas que cualquiera de los conflictos bélicos o catástrofes que han asolado a la región.
Sólo como consecuencia de diarreas, seis millones de personas murieron en los últimos 30 años, cinco millones de los cuales eran niños menores de cinco años.
Bogantes dijo que el Tribunal se sustenta en una serie de convenios internacionales suscritos entre gobiernos, como la Declaración de Dublín, la Declaración de San José, el Convenio de Biodiversidad de Río de Janeiro, y en pronunciamientos de foros paralelos como el Tratado de Agua Dulce contenido en la Carta de la Tierra.
El organismo se propone hacer valer los instrumentos del derecho ambiental, la fuerza de la ética y la condena moral contra los responsables de perpetrar daños contra el ambiente.
"No tenemos capacidad para modificar las prácticas, pero sí para juzgar y dar difusión internacional a las sentencias", agregó Bogantes.
El Tribunal divulgó algunos estimados hechos por la organización no gubernamnetal Population Action Internacional, según los cuales hoy el agua disponible para cada centroamericano es 62 por ciento menos que en 1955.
La actividad bananera, los beneficios de café, los cultivos de flores y frutas, la minería, la industrialización, los proyectos hidroeléctricos, son los principales responsables de la disminución y el deterioro de los recursos hídricos en la región.
Centroamérica también se encuentra entre los principales consumidores de plaguicidas del mundo y es una de las zonas más afectadas por el daño ecológico, las alteraciones al ambiente y las intoxicaciones, calculadas en 100.000 al año. (FIN/IPS/mso/ag/en/99
