Sindicalistas de Africa se encuentran en la capital de Estados Unidos donde negociarán hasta este miércoles con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial la forma de mejorar sus relaciones.
Los delegados pertenecen a la Organización Regional Africana de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), y el viernes se dirigirán a Nueva York para negociar también con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los líderes sindicales quieren tomar parte en la decisión y la supervisión del uso de los préstamos internacionales concedidos en el marco de programas de ajuste estructural.
También exigen una colaboración más estrecha entre las instituciones financieras multilaterales y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la reevaluación de la postura de las agencias respecto de la privatización, y la regulación de los mercados financieros.
Además, pidieron que el alivio de la deuda de los "países pobres altamente endeudados", según la clasificación del Banco Mundial y el FMI, se relacione con el respeto por los derechos de los trabajadores, y que los beneficios se viertan en programas sociales.
"El incremento del comercio y las inversiones internacionales pueden crear nuevos empleos y mejorar el nivel de vida de los más pobres del mundo, pero eso sólo si se crean programas e instituciones para redistribuir la riqueza", declaró a la prensa la CIOSL.
Un fuerte movimiento sindical es una de las instituciones clave, sostuvieron los líderes sindicales, pero las instituciones multilaterales rechazaron a los sindicatos durante 20 años, mientras presionaban para reducir el nivel de empleo en el sector público y desregular el mercado laboral.
"Los gobiernos se encuentran… entre los mercados financieros, que los castigan si no reducen los salarios, el gasto público y las garantías laborales, y los ciudadanos, que los castigan si lo hacen", explicó Kathleen Newland, del centro de investigación Carnegie Endowment for International Peace.
Sin embargo, "los ciudadanos pueden tolerar las reformas económicas si les parece que se tienen en cuenta sus intereses, y si creen que las reformas son justas y eficaces", alegó.
"Un fuerte movimiento sindical puede tener un papel importante en la construcción de la confianza pública y puede ofrecer vías para manejar el conflicto suscitado por las reformas", agregó.
El propósito manifiesto del ajuste estructural es estimular el desarrollo económico para que los países sean más atractivos a los inversores extranjeros, pero los beneficios fueron pocos y se concentraron en pocas manos, lo que aumentó la desigualdad, afirmaron los sindicalistas.
Desaparecieron empleos a pesar de que el comercio y las inversiones aumentaron, señalaron. La OIT investigó 13 países africanos, de los cuales sólo dos, Botswana e Islas Mauricio, registraron un aumento significativo de empleos entre 1986 y 1997.
El empleo se redujo en República Centroafricana, Costa de Marfil, Gana, Sudáfrica y Zambia, según el informe de la OIT. En Burundi, Sierra Leona y Zimbabwe, el aumento del empleo no cubre el crecimiento de las personas que buscan trabajo.
En la mayoría de los casos se crearon empleos sólo en las zonas de exportación, que muestran hostilidad hacia los sindicatos, en los puestos de venta callejeros y en los talleres caseros del sector "informal", donde los sindicatos aún no lograron penetrar.
Los líderes sindicales sostienen que los programas de ajuste estructural y la beligerancia del gobierno contra los sindicatos organizados son los responsables de la inestabilidad política que sacudió a Zambia en 1987 y a Argelia en 1998.
El temor a las consecuencias políticas es parte de las razones por las cuales Kenia no se abocó de lleno a la reestructura económica, agregaron.
"El FMI y el Banco Mundial expresaron inquietud por las dimensiones sociales del ajuste estructural y se mostraron dispuestos a reunirse y discutir sus políticas con los sindicatos", anunció la CIOSL.
Sin embargo, en cada vez más países africanos, "el FMI y el Banco Mundial contratan asesores favorables a la desregulación de los mercados laborales en lugar de llamar a los expertos de la OIT", agregó la CIOSL, que cita como ejemplos a Chad, Senegal y Uganda.
El Banco Mundial concedió un préstamo a Malawi en 1992, condicionado a que los gobiernos acreedores reunidos en el Club de París mantuvieran el apoyo.
La consecuencia fue que la ayuda del Banco Mundial fue condicionada a que Malawi demostrara respeto por los derechos humanos y la democracia, por insistencia del Club de París.
"Esos circunloquios son innecesarios", sostuvieron los líderes sindicales.
Los delegados, liderados por el secretario general de la Organización Regional Africana, Andrew Kailembo, piden que el Banco Mundial y el FMI condicionen la elección de los países merecedores de préstamos al grado de adopción de las medidas laborales esenciales, sobre todo las convenciones de la OIT sobre la libertad de asociación y el derecho a organizarse y negociar en forma colectiva.
La adhesión a las medidas de la OIT "evitaría las formas más extremas de explotación y la intensa competencia, a la vez que garantizaría que la promoción del libre comercio se acompase con el respeto de los derechos de los trabajadores", alegaron.
Pero las perspectivas no son buenas.
El PNUD y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo advirtieron que los países más pobres del mundo fueron perjudicados por la expansión comercial promovida en la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y Comercio.
Se calcula que los ingresos mundiales aumentarán entre 200.000 y 500.000 millones de dólares hasta el 2001, debido al incremento comercial.
Cerca de 70 por ciento de los beneficios pertenecerán a los países industrializados y el resto se repartirá entre América Latina, China y Asia oriental.
Los "países menos industrializados", sin embargo, perderán unos 600 millones de dólares por año, y Africa subsahariana perderá anualmente el doble, 1.200 millones.
La inversión extranjera también pasa por alto a Africa. Cerca de 150.000 millones de dólares en inversiones extranjeras directas fueron para el mundo en desarrollo en 1997, pero 80 por ciento del total se destinó a una docena de países relativamente en buen estado económico.
La consecuencia fue que los 136 países más pobres debieron repartirse 30.000 millones de dólares, menos de lo que obtuvo Gran Bretaña sola, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. (FIN/IPS/tra-en/aa/mk/ceb/aq/lb-dv/99
