El Congreso de Venezuela se mostró hoy dispuesto a ampliar los poderes extraordinarios al gobierno para enfrentar la crisis económica, ante la amenaza del presidente Hugo Chávez de decretar un estado de emergencia si eso no sucede.
"Es lo más probable, hay un 99 por ciento de posibilidades", admitió Chávez este jueves, en torno a su intención de decretar el estado de emergencia, si el parlamento mantiene las muchas condiciones que impuso a la ley de poderes especiales.
"No existe un conflicto de poderes y el Congreso está dispuesto a reconsiderar lo aprobado de acuerdo a las objeciones del Ejecutivo", dijo a corresponsales extranjeros el presidente de la Cámara de Diputados, el opositor Henrique Capriles.
El Congreso inició este mismo jueves la revisión de las observaciones planteadas por Chávez a la ley habilitante, que le faculta a legislar por decreto en varias materias y que fue aprobada el 27 de marzo. Su revisión tardaría unos 12 días.
Pese a duras expresiones opositoras de que Chávez ejerce "un chantaje contra el Poder Legislativo" o de que "no pretende una emergencia, sino una dictadura", parece indudable que la estrategia del presidente le permitirá ganar el nuevo pulso echado con el Congreso y obtendrá poderes menos condicionados.
Chávez mantiene, tras dos meses en el poder, el firme apoyo del gran ejército de excluidos sociales, en un país con 80 por ciento de pobreza y 15 por ciento de desempleo, y cuya situación se agravó por el derrumbe de los precios petroleros en 1998.
El nuevo gobierno se encontró con un deficit fiscal cercano a los 9.000 millones de dólares o nueve puntos del producto interno bruto, que pretende reducir a tres puntos mediante nuevos tributos, refinaciamiento de unos 4,5 mil millones de dólares y un amplio reordenamiento de la administración pública.
El canciller y "voz política" del gobierno, José Vicente Rangel, dijo que "en ningún caso ha estado ni está planteado" la posibilidad de que gobierno vaya a disolver el Congreso, como plantea la oposición cada vez que Chávez objeta su actuación.
"No hay un afán rupturista, y nadie está pensando en cerrar el Congreso", dijo Rangel, para quien la tensión y la discrepancia entre los poderes es habitual en las democracias maduras y se vive con naturalidad en Europa y Estados Unidos.
Chávez devolvió el miércoles para su reconsideración la ley habilitante, al estimar que impone limites y condiciones que anularían su objetivo enjugar el mayor deficit fiscal de la historia y reactivar la economía y el empleo.
Es la primera ocasión en los 41 años de democracia que un presidente objeta una ley habilitante, un instrumento de uso común en Venezuela para agilizar la respuesta ante situaciones de crisis financiera y que fue demandado por Chávez el 17 de febrero, dos semanas después de llegar al poder.
Capriles, un independiente de 26 años que se estrenó en la política como presidente de la cámara baja dentro del intento del criticado Poder Legislativo de modificar su imagen, aseguró que "estamos en una emergencia, de eso somos conscientes todos".
Pero subrayó que si se decreta un estado de emergencia "no vendría ni un inversionista al país, tendrían que suspenderse garantías constitucionales y eso impediría realizar cualquier consulta electoral".
El día 25 esta previsto que se realice un referendo sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la gran propuesta electoral de Chávez, que respalda 78 por ciento de la población, según un sondeo difundido este jueves.
Chávez se ha pronunciado porque el actual Congreso sea disuelto después que la Asamblea se instale en julio, pero la Corte Suprema de Justicia desechó ya esta posibilidad, si bien su vida sería corta, de todos modos, porque debería reelegirse en el año 2000 a sus miembros, de acuerdo con la nueva Constitución.
Omar Barboza, senador del opositor partido Acción Democrática y presidente de la Comisión de Finanzas, recordó que según la Constitución actual, el estado de emergencia es, además, regulado por el Poder Legislativo, por lo que sería inútil para Chávez.
Economistas independientes, como Maxim Ross, indicaron este jueves que el problema con estas marchas y contramarchas con la ley habilitante es que "en tanto el gobierno no arranca en materia económica y la crisis del país no aguanta más inacción".
El gobierno cuenta sólo con un tercio de los escaños del Poder Legislativo, donde se concentra en al actualidad el rechazo contra los partidos tradicionales, a los que la población responsabiliza del marasmo social y económico actual.
Chávez, un teniente coronel retitado de 44 años que en 1992 intentó un golpe de Estado, barrió del poder a esos partidos y promete una revolución pacífica y democrática, apoyado por una alianza de casí toda la izquierda y antiguos militares golpistas.
La ley habilitante tiene cuatro ámbitos de acción: reforma administrativa, financiamiento, impuestos y economía sectorial.
En el primer punto, el Congreso facultó al presidente para que fusione cuatro ministerios en dos, pero no para eliminar fondos y corporaciones de desarrollo, que según el gobierno consumen 99 por ciento de su presupuesto en personal.
En materia financiera, el parlamento no aprobó ninguna de las medidas previstas de refinanciamiento de la deuda externa pública de unos 23.000 millones de dólares, o de proyectos para obtener dinero fresco, al aducir que el gobierno cometió errores técnicos en su solicitud.
El gobierno también se quejó de que en materia tributaria puso condiciones excesivas para la reforma de varios impuestos y para la institución temporal de un impuesto al débito bancario, mediante los cuales se busca reducir 1,7 por ciento del deficit. (Fin/IPS/eg/if ip/99
