El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró hoy que su gobierno mantendrá la estabilidad de la economía y de sus reglas de juego, en medio del conflicto político que acompaña la transición hacia un nuevo modelo democrático.
Chávez dijo que la agria tensión entre los poderes públicos y en la calle que se vive en Venezuela desde hace 10 días, "no ha afectado a los indicadores económicos" y que los inversores tienen evidencias de que no van a obstaculizarse sus actividades.
"Hemos dado señales y hemos sido reiterativos en esto", dijo Chávez a corresponsales extranjeros en la sede del gobierno, para subrayar que el conflicto entre los poderes y la tensión son inevitables en este periodo, pero se circunscriben a lo político.
Chávez también reiteró que su gobierno tiene "la máxima voluntad de llegar a acuerdos con los organismos multilaterales", y en particular con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y mantiene conversaciones con ese fin.
Versiones no confirmadas dijeron el miércoles que el FMI no enviará una proyectada misión, hasta que culmine el enardecido debate entre Chávez y el Congreso sobre la aprobación de poderes especiales para que el mandatario enfrente la crisis finaciera.
La tensión entre el gobierno y el Congreso cedió este jueves, ante la disposición legislativa de darle al presidente casi todas las facultades que pidió en materia financiera, tributaria, administrativa y económica, para limitar a la mitad un deficit fiscal de unos 9.000 millones de dólares.
Chávez amenazó con decretar un estado de emergencia económica si el Congreso mantenía las limitaciones a la ley que le faculta a legislar por decreto, mientras que manifestantes enardecidos demandaron durante dos días la disolución del parlamento.
El presidente aseguró que el plan económico de su gobierno se ajusta al esquema modernizador de apertura y promueve la estabilidad, además de impulsar medidas de urgencia para enfrentar un abultado deficit fiscal.
"Estamos trabajando con intensidad, orientados a facilitar las inversiones", dijo Chávez, un teniente coronel retirado de 44 años, apoyado por una alianza de izquierda, que no impuso ningún control en la economía desde que asumió el gobierno el 2 de febrero, al contrario de lo que vaticinaban sus opositores.
Chávez afirmó que el proceso de la reconstrucción del ordenamiento jurídico y la redacción de una nueva Constitución que iniciará en julio una Asamblea Constituyente, pretende "transformar el sistema político, en democracia y en paz".
Pero esa Constituyente, que funcionará durante seis meses, si su convocatoria es respaldada el día 25 en un referendo, tal como adelantan los sondeos, "no definirá las líneas económicas, porque ese no es su objetivo, eminentemente político", explico.
También insistió en que el rediseño político reforzará la seguridad jurídica y promoverá que se cumplan las leyes y las instituciones sean honestas y funcionen, tal como vienen exigiendo los inversores desde hace años para operar en el país.
El presidente replicó así a los análisis de sectores financieros y políticos, según los cuales no vendrán inversiones al país hasta que no culmine el proceso constituyente, el año próximo, ante el temor de que se produzcan cambios en las reglas de juego y en los acuerdos establecidos.
"La Asamblea Constituyente para nada tocará eso (el sector de inversiones)", afirmó Chávez.
El triunfo de Chávez barrió del poder a los partidos tradicionales que dominaron la escena 40 años y a los que 80 por ciento de la población del país, que vive en pobreza, culpa de su situación, por la corrupción y su oposición a las reformas.
También abrió la transición hacia un nuevo ciclo político, que saldrá de la Constituyente, la gran oferta electoral de Chávez, para acabar con la corrupción y promover una democracia de orientación social y participativa.
Pero la oposición, que domina el Congreso, insiste en que Chávez lo que pretende es un "asambleazo" y que el proceso constituyente es el instrumento para instaurar una autocracia.
Chávez insurgió en la vida pública venezolana cuando hace siete años fracasó en un intento de golpe de Estado, y pasó a la política tras permanecer en prisión dos años.
El presidente aviva los críticas con su propuesta de que la Asamblea Constituyente disuelva el Congreso e intervenga la Corte Suprema de Justicia, una vez instalada, en lugar de esperar a que los cambios en la nueva Constitución fuercen naturalmente la reelección de esos poderes, al final del proceso.
"Yo no quiero disolver el Congreso y no voy a disolver el Congreso, porque eso sólo podría decidirlo la Asamblea", aseguró este jueves el presidente.
Pero añadió que la Asamblea tendría derecho a limitar el funcionamiento de los poderes establecidos, incluida la Presidencia, si ellos "se dedican a obstaculizar y tratar de frenar el proceso", como a su juicio han hecho hasta ahora el Congreso y la Corte Suprema, mediante argucias jurídicas.
El canciller venezolano, José Vicente Rangel, aseguró el miércoles, en respuesta a la pública preocupación de Estados Unidos por la situación local, que "no debe existir duda alguna sobre la voluntad democrática" de Chávez. (Fin/IPS/eg/if la/99
