ECUADOR: Guerra entre banqueros

Banqueros de las dos principales ciudades de Ecuador se acusaron mutuamente en el marco de una prolongada crisis del sistema financiero, que causó la quiebra de ocho instituciones en los últimos cuatro meses.

El enfrentamiento expone la rivalidad de intereses entre los banqueros de Quito (ubicada en la región de la sierra, sobre el eje central del país) y los de Guayaquil (puerto de la región de la costa del Pacífico), que es la ciudad más poblada de Ecuador y su principal centro comercial.

Se estima que el Estado ha desembolsado ya más de 1.500 millones de dólares para asistir a instituciones bancarias en crisis, mediante la Agencia de Garantía de Depósitos, creada por ley en noviembre de 1998.

Tras la quiebra y posterior salvataje estatal del Banco del Progreso, el más importante de Guayaquil, el ex presidente Rodrigo Borja (1988-1992) denunció que la bancarrota se había debido a la concesión de créditos a empresas vinculadas con los dueños de la propia institución financiera.

Entre esas empresas se encuentra Costatrading, una de las mayores exportadoras de banano, de la cual son socios Fernando Aspiazu, principal accionista del Banco del Progreso, y el diputado Juan José Pons, del partido de gobierno (Democracia Popular) y presidente del Congreso.

Borja también acusó al Banco del Progreso de otorgar créditos a un centenar de "compañías fantasmas", cuyos propietarios son accionistas de esa institución.

Aspiazu contraatacó declarando que Borja intentaba defender los intereses del Banco del Pichincha, de Quito, y señaló que, durante su gobierno, el ex presidente depositó 47 millones de dólares de la reserva monetaria ecuatoriana en una sucursal de ese banco en Bahamas.

El Banco del Pichincha es el más grande del país, con 1.200.000 clientes en una población de unos once millones. Tiene sucursales en Bahamas, Estados Unidos y Perú, y representa a la tarjeta Diners en Ecuador.

Aspiazu afirmó que existe una red de políticos y periodistas que defienden los intereses del Banco del Pichincha, y agregó que en la actualidad la mayoría de los depósitos del sector público se dirigen hacia esa institución, en perjuicio de las de la región de la costa.

El principal accionista del Banco del Progreso había sostenido anteriormente que la quiebra de esa institución se debió a la preferencia gubernamental por la banca de Quito.

Borja aclaró que la decisión de depositar parte de las reservas del país en la sucursal de Bahamas del Pichincha, en 1990, no fue suya sino de las autoridades del Banco Central.

El ex presidente agregó que "fue una decisión acertada, porque días antes el Citibank de Nueva York, en forma abusiva, había retenido 80 millones de dólares de fondos públicos de Ecuador para cobrarse una parte de la deuda externa".

Borja señaló que, para evitar que se reiteraran hechos similares, en aquel momento "el gerente general del Banco Central retiró los depósitos de Ecuador en bancos estadounidenses para ponerlos a buen recaudo".

A su vez, el principal accionista del Banco del Pichincha, Fidel Egas Grijalva, declaró que las acusaciones de Aspiazu eran injustas y que su objetivo era "desviar la atención de los motivos que ocasionaron la quiebra del Banco del Progreso".

Egas Grijalva añadió que no descartaba la posibilidad de iniciar acciones legales contra Aspiazu.

El directivo del Banco del Progreso enfrenta ya la demanda de Gabriel Tovar, un ahorrista de la institución, quien recurrió a la justicia como perjudicado por presuntas "irregularidades", contrarias a la Ley General de Instituciones Financieras, e inició juicio contra sus "autores, cómplices y encubridores".

Se prevé que en los próximos días Aspiazu preste declaraciones ante el juez, y se inicie una auditoría de la institución para averiguar si sus directivos y administardores violaron la ley.

Ante las denuncias de irregularidades en el sector financiero, el Congreso aprobó una ley que prohibe a los bancos otorgar créditos a personas o empresas vinculadas con sus propios accionistas, y permite levantar el secreto bancario de las instituciones en quiebra.

Los partidos políticos de oposición indicaron, por su parte, que podrían plantear un juicio político contra el superintendente de Bancos, Jorge Egas Peña, por no haber informado oportunamente al Congreso qué instituciones corrían riesgo de quebrar, y específicamente sobre la situación del Banco del Progreso.

Egas Peña fue ministro de Bienestar Social durante el gobierno del ex presidente León Febres Cordero (1984-1988), quien es actualmente alcalde de Guayaquil y abogado de las empresas de Aspiazu.

El 22 de marzo, cuando el Banco del Progreso cerró sus puertas, Aspiazu, Febres Cordero y los dirigentes de las cámaras de Industria y Comercio de Guayaquil convocaron a los habitantes de esa ciudad a defender la banca de la región de la costa.

Se realizó entonces una concentración que exacerbó el sentimiento de rechazo a Quito y exigió la autonomía política y financiera de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil.

La crisis financiera se ubica en un contexto de serios problemas económicos. Según recientes previsiones, este año el producto interno bruto caerá entre dos y diez por ciento, y la inflación podría llegar a 170 por ciento.

Algunos analistas señalaron que la guerra de intereses entre banqueros de las regiones de la costa y de la sierra recién comienza, y se preguntaron cuál será la próxima batalla. (FIN/IPS/kl/mp/if ip/99

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