La diplomacia cubana no pudo evitar el retorno de la isla al banquillo de los acusados en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que aprobó hoy por apretado margen una resolución de condena patrocinada por dos países ex socialistas.
La noticia fue difundida por Radio Martí, una emisora radicada en Florida (Estados Unidos) que, no obstante el esfuerzo del gobierno cubano por interferir su señal, puede ser escuchada en este país.
El portavoz de la cancillería, Alejandro González, había dicho el jueves que "toda maniobra contra Cuba" en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra "está destinada al fracaso".
González afirmó, en su habitual encuentro semanal con la prensa acreditada, que el gobierno de Fidel Castro rechaza no sólo el proyecto de resolución presentado por Hungría y República Checa en Ginebra, sino cualquier tipo de mecanismo de carácter discriminatorio.
"Estamos convencidos de que la gran mayoría de la comunidad internacional comprende nuestra posición y comparte nuestras serias preocupaciones sobre la politización y selectividad que algunos países pretenden introducir en ese foro", dijo González.
El proyecto de resolución, aprobado por 21 países, tuvo 20 votos en contra y hubo así mismo 12 abstenciones. Los dos estados patrocinantes fueron socios económicos y políticos de Cuba hasta el derrumbe del campo socialista europeo.
Funcionarios cubanos calificaron a los proponentes de la moción de "títeres" de Estados Unidos, y acusaron a Washington de recurrir a "extorsiones" y a otras presiones para lograr sus objetivos en la Comisión de la ONU.
La resolución señala la "inquietud" de la Comisión ante "la represión que continúa ejerciéndose (en Cuba) contra los miembros de la oposición política" y por el hecho de que "los disidentes sean detenidos".
Pide asimismo "la liberación de las personas detenidas o en prisión por haber expresado de manera pacífica sus opiniones", acusación que el gobierno de Castro rechaza, arguyendo que nadie está encarcelado en este país por ese motivo.
La delegación de Estados Unidos ante la Comisión de Ginebra emitió un comunicado poco después de la votación para expresar su deseo de que la resolución llame "la atención del gobierno cubano para que empiece a proteger los derechos humanos y preparar una transición hacia la demcoracia".
Por su parte, el jefe de la delegación cubana, Carlos Amat, defendió el derecho de este país a la autodeterminación y a la independencia e invocó el principio de no injerencia en asuntos internos de otros estados.
Amat consideró "una victoria moral" de Cuba que, pese al "chantaje" y las "presiones" de Estados Unidos sobre una serie de países, el resultado marcó una diferencia de sólo un voto. La Comisión de Derechos Humanos está integrada por 53 estados.
El gobierno de Castro celebró el año pasado como "un acto de justicia" la derrota de una resolución de condena a Cuba promovida por Estados Unidos en la misma Comisión de la ONU, que dejó sin efecto el nombramiento de un relator especial para los derechos humanos para el caso cubano.
Washington mantuvo en la Comisión un proyecto de resolución en tal sentido desde 1991. La iniciativa aprobada ahora se diferencia de aquel en que no respalda las sanciones económicas contra la isla, un punto que separa a Washington de muchos de sus aliados.
El gobierno cubano elevó en marzo la jerarquía de su representación en la Comisión de Ginebra, intentando evitar un pronunciamiento adverso, y en una intervención especial, el vicepresidente Carlos Lage acusó a Estados Unidos de ser el mayor violador de derechos humanos.
Lage exhortó entonces a la Comisión de Derechos Humanos a no dejarse politizar ni manipular por los representantes de Estados Unidos, en alusión a los nuevos patrocinantes de la resolución.
Observadores indicaron como causas de la pérdida del espacio ganado el año pasado en el foro de Ginebra las señales de endurecimiento interno emitidas en los últimos meses por las autoridades de la isla.
Al respecto, mencionaron el juicio contra cuatro opositores encabezados por Vladimiro Roca, que fueron condenados a penas de tres y medio a cinco años de cárcel, y la promulgación en febrero de la Ley de protección de la soberanía y la economía cubana.
El proyecto arobado en Ginebra objeta expresamente Ley de protección de la soberanía y la economía y manifiesta inquietud por la condena de los cuatro miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna.
El gobierno defendió la legislación aprobada como una respuesta a leyes de Estados Unidos como la Helms-Burton, de 1996, que endurece el bloqueo contra la isla y tiene alcance extraterritorial en algunos artículos.
Pero en el área internacional, el cuerpo legal promulgado en febrero fue caracterizado como represivo y orientado en particular contra el llamado periodismo independiente, que no está autorizado por el Estado cubano.
Cuba se considera un modelo de respeto de los derechos humanos por su política social y el acceso en igualdad de condiciones de sus ciudadanos a los servicios de salud, educación, empleo y seguridad social.
Pero no existe el mismo tratamiento hacia determinados derechos civiles. La libertad de asociación y reunión está restringida por el régimen de partido único y se prohibe la prensa opuesta al gobierno. (FIN/IPS/pg/ff/hd ip/99
