El gobierno de Brasil anuncia este 1 de Mayo un aumento del salario mínimo que, como en los tres últimos años, incumple la promesa del presidente Fernando Henrique Cardoso de mantenerlo por encima de cien dólares y causa frustración en los trabajadores.
Su valor actual, de 130 reales, equivale a 78 dólares, tras la devaluación iniciada el 13 de enero y no se espera que sea aumentado a más de 140 reales (84 dólares). En realidad, las autoridades económicas querían corregirlo sólo por la inflación de los últimos 12 meses, de 5,1 por ciento.
De todas formas, continúa como el más bajo salario mínimo del Mercosur, integrado también por Argentina, Paraguay y Uruguay, y uno de los más bajos del mundo.
Las centrales sindicales reclaman la restauración de una equivalencia a cien dólares, lo que demandaría una corrección de cerca de 30 por ciento.
Pero las exigencias fiscales, agravadas por la crisis financiera, impiden un aumento mayor del salario mínimo para mejorar el ingreso de los sectores más pobres y reducir las enormes desigualdades sociales en el país.
El ministro de Trabajo, Francisco Dornelles, sostuvo incluso que un gran aumento sería más perjudicial que benéfico para los trabajadores, ya que provocaría desempleo en las áreas más pobres del país y elevaría el déficit del sistema público de previsión social, amenazando la estabilización económica.
Además, en sus cuentas, la medida solo beneficiará a 2,8 millones de trabajadores activos, entre ellos 1,2 millones de empleados públicos, de los cuales dos tercios están empleados en alcaldías pobres del noreste del país, que tendrían que promover despidos para equilibrar sus cuentas.
Pero de los 18 millones de jubilados y pensionistas del Instituto Nacional de Seguridad Social, 12,2 millones ganan sólo el salario mínimo.
Este es el obstáculo. Cualquier aumento en el sueldo básico presiona el déficit fiscal, cuya reducción es la principal meta del acuerdo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional para obtención de una ayuda de 41.500 millones de dólares.
La previsión social es la mayor fuente de desequilibrio en las cuentas públicas primarias, es decir excluyendo los intereses de la deuda.
El ministro de Previsión Social, Waldeck Ornelas, ha destacado la importancia de los beneficios pagados por su cartera.
Estos constituyen un inmenso programa de ingreso mínimo, sin el cual al menos 7,3 millones de familias brasileñas "estarían excluidas de la sociedad y probablemente condenados a la indigencia y al hambre", señaló.
Se trata de ancianos que se benefician por lo que denomina "previsión asistencial", que reciben el salario mínimo como jubilados aunque no hayan contribuido al sistema cuando trabajaban, la mayoría en el campo.
Cada real más recibido por esas personas reduce la pobreza en el país y la distancia en relación a las capas más ricas.
El aumento del sueldo básico en 40 por ciento, concedida por el gobierno de Cardoso en 1995, permitió salir de la pobreza a unos 17 millones de brasileños, según Marcelo Neri, investigador del gubernamental Instituto de Investigación Económica Aplicada.
Además, su reflejo en el incremento de los salarios en general supera ampliamente el ámbito de los 2,8 millones de trabajadores activos que, según el ministro del Trabajo, reciben la menor remuneración legal de la mano de obra empleada.
Una gran parte de los mejor remunerados tienen sus salarios o ingresos fijados en múltiplos del salario mínimo y alcanzan a 12 por ciento entre los asalariados formales y 22 por ciento de los informales, estimó Neri. Ese universo adicional también será directamente favorecido por un aumento este 1 de Mayo.
El argumento de que los aumentos salariales producen un efecto negativo para los propios trabajadores, al elevar la inflación, persiste en el oficialismo, pese a los precios bajo control, incluso en estos meses posteriores a la devaluación que se temía fuera el estímulo de un fuerte rebrote inflacionario.
Un fuerte aumento del salario mínimo constituye un "populismo" perjudicial, opinó Antonio Kandir, ex ministro de Planificación y diputado del Partido Socialdemócrata, al que pertenece también el presidente Cardoso.
El gobierno postergó hasta última hora una decisión sobre el nuevo piso salarial que regirá a partir de mayo, presionado por sus dificultades financieras, por un lado, y las promesas electorales, que establecieron la referencia de cien dólares y la continuidad de las políticas sociales por la equidad.
El diputado Paulo Paim, del opositor Partido de los Trabajadores, presentó un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo a 180 reales (107 dólares), pero la mayoría oficialista se negó a ponerlo a votación.
Esa suma debería multiplicarse por cinco para que el salario recuperara el poder de compra de 1938, cuando fue instituido, para asegurar alimentación, vivienda, salud, enseñanza y esparcimiento a una familia de cuatro personas, estimó el parlamentario.
Paim, un ex sindicalista, calcula que el salario mínimo influye en la vida de cien millones de brasileños y que cada 10 por ciento de aumento de su valor reduce en cinco por ciento la pobreza en el país. (FIN/IPS/mo/ag/if-dv/99
