Organizaciones de derechos humanos de Guatemala instaron al gobierno a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) sobre apertura de los cementerios clandestinos, resarcimiento a las víctimas del conflicto armado y juicio a militares.
Feliciana Macario, dirigente de la Comisión Nacional de Viudas de Guatemala, dijo a IPS que las recomentaciones de la CEH deben ser cumplidas.
"Si hablamos de construcción de la paz, también hay que hablar de justicia", señaló el martes pasado.
Los militares involucrados en terribles violaciones a los derechos humanos deben ser juzgados, afirmó.
Por su parte, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que nuclea a familiares de detenidos desaparecidos durante el conflicto armado interno concluido en 1996, demandó al gobierno la apertura de los cementerios clandestinos, para poder recuperar a sus familiares.
"Queremos los cuerpos de nuestros familiares", dijo Nineth Montenegro, dirigente del GAM y diputada por el izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala.
"Demandamos al presidente Alvaro Arzú que se proceda a abrir todos los cementerios clandestinos que existen, incluso en las bases militares", exigió Montenegro.
El GAM anunció también que a mediados de abril se reunirá en España con el juez Baltasar Garzón, que inició un proceso legal contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet en el marco dek plan de coordinación represiva de la dictaduras latinoamericanas conocido como Operación Cóndor.
La organización humanitaria planteará a Garzón la posibilidad de iniciar procesos judiciales en contra de militares guatemaltecos, para lo que le ofrecerá información sobre crímenes cometidos contra ciudadanos españoles durante el conflicto armado interno.
Entre las víctimas que figuran en el informe de la CEH están cuatro sacerdotes españoles asesinados en Guatemala entre 1980 y 1981.
Familiares de las víctimas también señalaron que las viudas y los huérfanos no están esperando "dádivas", aludiendo al millón y medio de dólares que el gobierno ofreció como resarcimiento a los sobrevivientes del conflicto armado.
Sin embargo, Raquel Zelaya, directora de la gubernamental Secretaría de la Paz, dijo que esa cantidad de dinero "no es el techo, sino el piso" del plan de resarcimiento a las víctimas.
"El presidente Arzú nos ha dicho que si se utilizan bien los fondos está en la mejor disposición de otorgar más recursos al plan de resarcimiento", agregó.
Aldo Morales, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala, dijo que el gobierno ha desestimado el informe de la CEH.
El tema del resarcimiento a las víctimas es concebido por el gobierno como "un programa de infraestructura social, pero no tiene nada que ver con la reparación del daño causado a las víctimas", observó.
Guatemala sufrió un conflicto armado interno que duró 36 años y causó más de 200.000 víctimas. Tras casi una década de diálogo entre el gobierno y los grupos insurgentes se firmó la paz el 29 de diciembre de 1996.
La CEH, en cumplimiento de los acuerdos de paz, recogió miles de testimonios de víctimas, de testigos y de protagonistas del conflicto y presentó su informe el 25 de febrero de ese año, pero se sabía que el mismo no daría nombres ni tendría efectos penales.
La Comisión, presidida por el alemán Christian Tomuschat, la indígena Otilia Lux de Cotí y el abogado Alfredo Balsells, concluyó que "las fuerzas de Estado y grupos paramilitares fueron responsables del 93 por ciento de las violaciones documentadas" y los insurgentes de izquierda del tres por ciento.
El informe concluye que "en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre 1981 y 1983, agentes del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya".
La CEH hizo una serie de recomendaciones al gobierno, como un programa nacional de reparación que incluye medidas puntuales de resarcimiento colectivo e individual, una política activa de exhumaciones de los centenares de cementerios clandestinos y la identificación final del paradero de los desaparecidos.
El gobierno tardó casi un mes en dar su posición sobre el informe y lo hizo a través de un anuncio pagado en los diarios, hecho que molestó a las organizaciones de derechos humanos, que lo consideraron como una forma de restarle importancia.
El comunicado del gobierno consideró al informe de la CEH como "un aporte para una tarea que apenas comienza y que, por su naturaleza, exigirá permanente análisis, dada la complejidad del tema y su carácter controversial".
Las organizaciones humanitarias consideraron que el Ejecutivo intentaba desestimar el documento de la CEH debido a presiones del ejército "para no cargar con el costo político y para no perder el poder que todavía conserva". (FIN/IPS/cz/dg/ip-hd/99
