Un escaso número de votantes participará en el referendum del 16 de mayo en Guatemala sobre la reforma constitucional prevista en los acuerdos de paz, pronosticó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La tendencia a la abstención, confirmada en este país de una votación a otra, "continúa latente en los procesos electorales, y la consulta popular (de mayo) no está fuera de ello", declaró el presidente del TSE, Felix Castillo.
Castillo advirtió que la abstención podría ser muy importante en la consulta anunciada, porque la población debe pronunciarse por una ley de reforma constitucional de numerosos artículos.
"Es muy difícil que todos los ciudadanos los comprendan" y que el proyecto "los entusiasme para ir a votar", agregó.
De igual forma se expresó el Mario Guerra, también del TSE, quién consideró que no sólo la población analfabeta (33 por ciento del total) tendrá dificultades para conocer la propuesta, sino que "personas de nivel educativo elevado no saben qué reformas se harán".
La participación popular en las elecciones presidenciales de 1995 fue de 46,8 por ciento, y un año antes, un referendum para modificar la cantidad de integrantes del parlamento marcó una abstención de 85 por ciento.
Guerra dijo que se necesitarían años para que el pueblo tomara en cuenta y conociera todas las reformas que estarán en juego en la consulta del mes próximo. Los problemas de educación cívica "no se pueden resolver" sólo con la campaña para un referendum, por intensa que ésta sea, agregó.
No obstante, predijo que la asistencia a las urnas no será tan baja en esta ocasión como en 1994.
Las reformas constitucionales a votarse fueron aprobada por el Congreso en octubre y deben ser ratificadas por el cuerpo electoral, que responderá "sí" o "no" a cada una de cuatro preguntas.
Las preguntas se refieren a la unidad de la nación y a derechos sociales, a modificaciones en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo, y al Poder Judicial y a la administración de justicia.
Las reformas servirán de base legal a los tratados de paz firmados por el gobierno y la guerrilla el 29 de diciembre de 1996 y tienen como finalidad la modernización del Estado y lograr una mejor convivencia democrática y participativa.
Las modificaciones propuestas a la carta fundamental contribuirán, según los firmantes de los tratados de paz, a la estabilidad política, el fortalecimiento del poder civil y la redefinición de las funciones del ejército.
La firma de la paz puso fin a un conflicto armado interno que duró 36 años y causo más de 200.000 víctimas, un millón de desplazados internos y 100.000 refugiados en el exterior.
Entre las reformas que la población deberá avalar o rechazar se cuenta el expreso reconocimiento de la identidad de los pueblos mayas, garífuna y xinca, dentro de la unidad de la nación guatemalteca.
La lengua de esas etnias indígenas deberá ser admitida y promovida por el Estado, si los votantes aceptan esa propuesta, que formalizaría la condición de Guatemala como país multiétnico, pluricultural y multilingüe.
Respecto del ejército, sus funciones se limitarán a "la defensa de la soberanía y la integridad del territorio".
"Las reformas aprobadas fueron discutidas a alto nivel por los diputados y comités ejecutivos de los partidos, y no se consultó a las bases, por lo que éstas las desconocen", advirtió el presidente del TSE.
Pero el "si" se perfila como ganador en la consulta popular, según una encuesta efectuada por la empresa Borge y Asociados a pedido de la Misión de Verificación de Naciones Unidas para Guatemala, encargada de verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Sesenta por ciento de las personas consultadas por Borge y Asociados se manifestaron a favor de las reformas, y sólo 13 por ciento se declararon en contra, mientras 23 por ciento no respondieron.
La gran mayoría de los encuestados consideraron que las reformas presentadas a referendum permitirán consolidar la paz. (FIN/IPS/cz/ff/ip hd/99
