La justicia de Estados Unidos determinó que las leyes nacionales prevalecen sobre las normas del comercio internacional, al respaldar trabas a las importaciones de camarón desde países donde es capturado sin proteger a la tortuga marina.
La decisión del Tribunal de Comercio Internacional estadounidense advierte al gobierno que debe modificar leyes nacionales para cumplir con normas dictadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) el año pasado.
Grupos ambientalistas como el Sierra Club y el Proyecto de Restitución de Tortugas Marinas presentaron este año una demanda contra el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos porque entienden que las normas internacionales de protección de tortugas marinas no prevalecen sobre las nacionales.
Los ambientalistas dijeron que el Departamento de Estado contraviene las leyes nacionales al permitir que disminuya la protección a las tortugas para acoger las nuevas normas de la OMC.
La ley nacional original establece que todos los países que exportan camarones a Estados Unidos deben usar dispositivos de exclusión de tortugas que impiden que éstas queden atrapadas en las redes camaroneras.
La nueva normativa de la OMC permite la importación de camarones procedentes de países que no requieren el uso de dispositivos de exclusión de tortugas. Pero el Tribunal de Comercio Internacional advirtió que la nueva propuesta es contraria a la ley nacional.
"El tribunal concluye que la sección de los lineamientos de 1998 que permiten la importación de camarones de países no certificados no cumple" con la ley, reza el fallo difundido la semana pasada.
Los ambientalistas que siguieron el caso de cerca durante varios meses festejaron su victoria, no sólo por lo que significa para la conservación de las tortugas marinas sino por lo que implica para la protección del ambiente en general.
"Esta victoria legal establece un fuerte precedente para la soberanía de las leyes estadounidenses frente a los organismos de comercio internacional", sostuvo Joshua Floum, del Grupo de Estrategias Legales de California, que representa a grupos de ambientalistas.
El Departamento de Estado aún no hizo comentarios, pero se espera que apele el fallo.
Los ambientalistas calculan que más de 150.000 tortugas se ahogarán cada año en las redes de pesca de camarones si dejan de utilizarse los dispositivos, cuyo costo es de entre 75 y 200 dólares cada uno.
Seis de las siete especies de tortugas marinas existentes figuran en la lista de especies en peligro de extinción. Las siete están cubiertas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Especies de Flora y Fauna en Peligro (CITES), que prohibe el comercio de esas especies.
La ordenanza inicial, establecida en 1996, obligaba a cada país que quisiera exportar camarones a Estados Unidos a establecer la obligatoriedad del uso del dispositivo de exclusión de tortugas.
El panel de discusión de la OMC que falló contra la prohibición estadounidense de importar camarones procedentes de cuatro países que no ordenaron el uso del dispositivo dijo que se trataba de un discriminación sin fundamentos que viola las reglas mundiales del libre comercio.
India, Malasia, Pakistán y Tailandia cuestionaron la medida con el argumento de que Estados Unidos impone su ley sobre otros países sin tomar en cuenta la ley internacional.
La respuesta del Departamento de Estado fue proponer reglas que no imponen a terceros países la obligatoriedad del dispositivo, pero permiten las importaciones desde países que sólo declaren usarlos.
Las organizaciones ambientalistas afirmaron que es imposible controlar el uso del dispositivos en cada barco camaronero. El Instituto Earth Island, el Club Sierra y otros grupos indicaron que de ese modo resulta fácil "lavar" los camarones pescados sin usar el dispositivo.
Peter Fugazzotto, director asociado del Proyecto de Restitución de Tortugas Marinas de California, se preguntó de qué manera Estados Unidos podría controlar el cumplimiento de su ley barco a barco si no es con la prohibición en cada país exportador de instalar el dispositivo.
Fugazzotto agregó que la ley original brindaba incentivos económicos a los países para que aprobaran las leyes que exigen el uso de dispositivos y programas de entrenamiento técnico a los pescadores de camarones.
La consecuencia de la ley estadounidense fue que 16 países, entre ellos los de América Central y China, aprobaran leyes que obligan a usar dispositivos de exclusión de tortugas.
"Es posible, dado su repetido fracaso en los tribunales, que el Departamento de Estado se presente ante el Congreso para tratar de cambiar la ley, rindiéndose así a la voluntad de la OMC", comentó Fugazzotto.
El activista sostuvo que es improbable que el cambio de ley tenga suficiente apoyo político, y señaló que la opinión pública se opone cada vez más a los acuerdos internacionales de comercio.
"No creo que la opinión pública estadounidense soporte semejante ataque a las leyes", advirtió. (FIN/IPS/tra- en/dk/mk/ceb/mj/en if/99
