Las familias cubanas, divididas por la frontera ideológica del estrecho de la Florida, aparecen como las principales víctimas del último conflicto entre Cuba y Estados Unidos, esta vez en el terreno de las telecomunicaciones.
En tiempos de Internet, alrededor de un millón y medio de exiliados cubanos tendrán que pagar tarifas más elevadas por una simple llamada telefónica a la isla.
Por el momento esas comunicaciones se harán a través de terceros países.
"Es como viajar a Santo Domingo, que está a una o dos horas de La Habana, haciendo escala en Santiago de Chile", comentó Raúl Valdés, ingeniero civil de 48 años, al recibir la noticia del veredicto de un juez federal estadounidense.
James Lawrence King ordenó este jueves que más de 6,2 millones de dólares que cinco empresas telefónicas adeudan a la isla por las comunicaciones entre Cuba y Estados Unidos, sean destinados a pagar una indemnización de 187,6 millones de dólares.
Los fondos para el pago a la empresa cubano-italiana Etecsa de las compañías AT&T, MCIWorld, LDDS, IDB y Wiltell, se mantenían embargados desde diciembre en espera de la decisión de la justicia del estado de Florida.
El conflicto telefónico tiene su raíz en una demanda presentada hace dos años por los familiares de tres pilotos que murieron a consecuencia del derribo por fuerzas aéreas cubanas de dos aeronaves del grupo de exiliados Hermanos al Rescate.
Armando Alejandre, Carlos Costa y Mario de la Peña murieron el 24 de febrero de 1996, según la versión oficial de La Habana, cuando realizaban una de las tantas acciones de ese grupo en violación del espacio aéreo de la isla.
Washington, sin embargo, asegura que las naves sobrevolaban aguas internacionales cuando fueron abatidas por los MIG cubanos.
King aprobó entonces y ratificó este jueves que la indemnización por 187,6 millones de dólares debe cobrarse también de un fondo de 178 millones que Estados Unidos mantiene congelados a Cuba desde inicios del gobierno de Fidel Castro.
"Si no pagan no hay comunicación", dijo Oscar de los Reyes, funcionario de la cancillería cubana, que calificó el fallo del juez federal estadounidense como "una disposición extraterritorial".
La Habana anunció el 25 de febrero la suspensión de las conexiones con las cinco empresas estadounidenses involucradas, que brindaban alrededor de 85 por ciento de los enlances telefónicos con la isla.
Las comunicaciones se mantuvieron a través de Sprint y TLDI, con sede en Puerto Rico, que habían realizado sus pagos antes de que King congelara los fondos. Otras empresas desviaron las llamadas telefónicas por Canadá, México, España e Italia.
La alternativa por un tercer país y las altas tarifas son, sin embargo, bien recibidas por muchas personas que aprecian cualquier alternativa a un corte total de las comunicaciones que recuerde los peores momentos de las últimas cuatro décadas.
"Mi hermano lleva cuatro años llamando por teléfono todos los domingos, sobre todo por nuestros padres, que tienen más de 70 años y no hacen más que pensar en él. En el último mes llamó una sola vez", dijo Graciela Jiménez, arquitecta de 37 años.
Por su parte, funcionarios de AT&T afirmaron en Estados Unidos que el volumen de las llamadas telefónicas entre ambos países sigue siendo constantes y que su calidad sólo sufrió ligeramente.
Con la nueva opción, las firmas estadounidenses pagarán a un tercer país, que será a su vez el encargado de pagarle a Cuba, una cadena que aparece como la solución para que los familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate busquen otras fuentes de pago.
Se estima que la mayoría de los más de 11 millones de habitantes que tiene Cuba posee al menos un familiar cercano en Estados Unidos, con el cual intenta mantener contactos sistemáticos.
Pero obtener una visa de turista para visitar el país norteamericano se vuelve cada vez más difícil, la cantidad de cubanos con acceso a correo electrónico es insignificante, y el correo regular entre ambos países no existe.
El telófono queda así como la forma de comunicación más usual, complementada por cartas, paquetes y dinero que transportan los miles de exiliados que cada año visitan la isla para familiares, amigos y hasta desconocidos.
Expertos locales estiman en unos 75 millones de dólares el monto anual que recibe Cuba por llamadas telefónicas de y hacia Estados Unidos, una operación permitida desde 1992 por la ley estadounidense de la Democracia Cubana o Ley Torricelly. (FIN/IPS/da/dg/ip-cr/99) = 03192028 NYC144
