El parlamento de Colombia asumirá un papel más activo en el estancado diálogo de paz con las organizaciones guerrilleras del país, en procura de acercamientos que permitan reanudar proceso.
Por propia iniciativa y con el aval del gobierno, las comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Diputados se reunirán la próxima semana, en fechas que están por definir, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Con la mediación, los legisladores buscarán superar los obstáculos que se han presentado para reanudar el diálogo entre las dos grupos insurgentes y el gobierno.
Samuel Moreno, miembro de la Comisión de Paz del Senado, afirmó que el Congreso legislativo "debe participar más activamente para ayudar a buscar un acercamiento" que permita la pronta reanudación del incipiente diálogo iniciado por el presidente Andrés Pastrana.
Para la senadora Claudia Blum, del opositor Partido Liberal, es necesario "buscar los puntos en común" entre el gobierno y los guerrilleros para la reanudación de las conversaciones.
Alfredo Rangel, ex asesor de paz del gobierno, dijo a IPS que tanto los guerrilleros como el gobierno deben asumir con claridad el compromiso de continuar con las conversaciones "pese a los obstáculos que se presenten".
Para Rangel, en este acuerdo se debe tener en cuenta la prolongación del período de desmilitarización de una zona del país establecido para el diálogo con las FARC, que finaliza el 7 de mayo.
Otros observadores consideran que para la reanudación del diálogo debe buscarse un acuerdo entre las partes, para concentrarse en dos puntos específicos: cómo terminar la guerra y el contenido político de la agenda de negociación.
Las FARC, principal organización guerrillera del país, decidió unilateralmente suspender el diálogo con el gobierno hasta el 21 de abril, y espera que para entonces se hayan tomado "medidas concretas" contra los paramilitares de derecha.
Esta fuerza insurgente suspendió el diálogo con el gobierno apenas dos semanas después de iniciarlos en febrero, tras una escalada paramilitar que entre el 7 y el 12 de ese mes dejó un saldo de 137 civiles muertos.
El día 5, un comando de las FARC asesinó a tres activistas estadounidenses de los derechos humanos de los indígenas, que colaboraban con un proyecto de educación y defensa de la cultura de la comunidad u'wa.
Las FARC reconocieron que el hecho fue "un grave error" anunciaron sanciones para los responsables y, pese a que el gobierno afirmó que el diálogo continuará, el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, consideró que el asesinato de los estadounidenases puede ser un obstáculo para la la paz.
Tras el asesinato de Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay podría estar un sector disidente de las FARC que no está de acuerdo con el proceso de diálogo que se ha iniciado y al que Estados Unidos le ha dado su apoyo.
Los primeros acercamientos entre el ELN y el gobierno, que se celebrarán en Caracas el 14 de febrero, quedaron suspendidos tras la negativa del Poder Ejecutivo de retirar el Ejército de cinco municipios del norte colombiano para la realización de la Convención Nacional en la definirían su agenda de negociación.
El ELN anunció el lunes su decisión de realizar la Convención Nacional con representantes de la sociedad civil y sin la presencia del gobierno en el exterior.
El comisionado presidencial para la Paz, Víctor Ricardo, afirmó que el aporte de los legisladores para la reanudación del diálogo "es importante, para que se pongan todas las cartas sobre la mesa y haya una mayor claridad dentro del proceso".
El anuncio de los congresistas de buscar acercamientos para descongelar el diálogo, coincidió este miércoles con los fuertes combates entre las FARC y las fuerzas del gobierno en la región de Urabá, en el noroeste colombiano.
El comandante del Ejército, Fernando Tapias, informó que en los enfrentamientos murieron 50 insurgentes y tres soldados. (FIN/IPS/yf/mj/ip/99
