La figura del juez "sin rostro", que pemitió mejorar en Colombia la lucha contra el narcotrafico y su secuela de terrorismo, desaparecerá el 30 de junio por disposición constitucional y los magistrados afectados temen por su seguridad.
Los jueces y fiscales sin rostro están rodeados de amplias garantías de seguridad para intervenir en casos en que de otro modo podrían exponerse a represalias.
Su gestión permitió la captura de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, máximos jefes del cartel de Cali, una organización narcotraficante que controlaba 80 por ciento del mercado mundial de la cocaína.
Los hermanos Rodríguez Oejuela fueron capturado en 1995 y en 1998, jueces sin rostro condenaron a Gilberto a 22 años de prisión y a Miguel, a 24 años, las sentencias más duras impuestas hasta ahora en Colombia por tráfico de drogas.
El anonimato también ampara a los principales testigos en esos procesos especiales, surgidos a iniciativa del gobierno del liberal Virgilio Barco (1986-1990), cuando arreciaban los atentados terroristas atribuidos a las bandas de narcotraficantes.
La Cámara de Diputados deberá aprobar dos proyectos de ley presentados por el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura para desmontar ese mecanismo judicial extraordinario.
El principal objetivo del gobierno de Barco era la captura de Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha, dos jefes del narcotráfico muertos posteriormente por las fuerzas de seguridad.
Entre 1989 y 1991, el grupo Los Extraditables, brazo armado del cartel de Medellín, de Escobar, causó más de 1.000 víctimas en una serie de atentados para disuadir la extradición de colombianos a Estados Unidos.
Entre los muertos figuran miembros de la sociedad civil, periodistas, jueces y funcionarios del gobierno, como el fiscal Carlos Hoyos y los ministros de Justicia Rodrigo Lara y Enrique Low.
Algunos funcionarios consideran la figura de los magistrados y fiscales sin rostro "un ejercicio antidemocrático" que viola las garantías del debido proceso.
Fabio Hernández, presidente de Asonal Judicial (principal asociación de funcionarios judiciales), advirtió que a partir del 1 de julio "no debe quedar vestigio de ese sistema penal".
Entre los casos que sigue la justicia sin rostro también se cuentan procesos por porte ilegal de armas, corrupción administrativa, subversión y actividad paramilitar.
La detención en 1998 de tres miembros de la Unión Sindical Obrera, del sector del petróleo, que fueron acusados por un fiscal sin rostro de terrorismo, dejó al descubierto irregularidades en ese sistema.
Los abogados defensores de los sindicalistas demostraron abusos, como la presencia de falsos testigos.
Hernández afirmó a IPS que la eliminación de la justicia sin rostro es "una exigencia de los sectores democráticos del país y de la comunidad internacional".
Asimismo, dijo que el mecanismo ha permitido, además de condenar a los narcotraficantes, "perseguir a los sectores que luchan por un cambio social y económico en Colombia".
La preocupación de los jueces, magistrados y fiscales sin rostro radica en los riesgos a los que se expondrán a partir de la supresión de esos procesos excepcionales, que también determinaría la excarcelación de los acusados aún no condenados en la fecha anunciada del 30 de junio.
Las cifras oficiales dan cuenta de 2.700 resoluciones de acusación y 1.600 condenas por delitos como actividad paramilitar, terrorismo, secuestro y narcotráfico.
Entre enero de 1998 y febrero de este año hubo 2.425 personas secuestradas por los guerrilleros de izquierda, por los grupos paramilitares de derecha y por delincuentes comunes.
Los proyectos de ley presentados ante la Comisión Primera de la Cámara de Diputados contemplan el traslado de los procesos sin fallo a los tribunales superiores de cinco ciudades del país.
Pero los magistrados de las salas penales de Bogotá, Pasto, Cali, Neiva y Armenia se opusieron a recibir los casos que queden pendientes, debido a "las condiciones de violencia que vive el país" y porque su vida correría "grave peligro"
Hay actualmente 57 jueces sin rostro, 12 de los cuales están radicados en Bogotá.
El comienzo del debate en el Congreso está previsto para el 20 de junio. Mientras, la Fiscalía General de la Nación prepara un plan para asegurar la protección a los jueces sin rostro que quedarán al descubierto desde el 1 de julio. (FIN/IPS/mjll/ff/ip/99
