Grupos ambientalistas de Estados Unidos se oponen a que el gobierno de ese país conceda apoyo a la construcción de un gasoducto entre Bolivia y Brasil, que según estiman causará serios perjuicios ambientales y sociales.
El gasoducto proyectado, de 630 kilómetros de longitud, atravesaría áreas de bosques tropicales en Bolivia y Brasil, así como la vertiente acuifera que alimenta la cuenca de Pantanal, en la zona centrooccidental brasileña, que es la región de tierras húmedas más extensa del mundo.
La Corporación de Inversiones Privadas en el Exterior de Estados Unidos (OPIC), una agencia de crédito bilateral, debe decidir esta semana si concede un seguro de riesgo político a la compañía Enron, que está asociada con la transnacional Shell para realizar el proyecto.
El recorrido previsto comienza en Ipias, al este de Bolivia, como ramificación del principal gasoducto Bolivia-Brasil de la región, y corre hacia el noreste hasta Cuiabá, en el estado centrooccidental brasileño de Mato Grosso.
Enron está construyendo en Cuiabá una central energética de ciclo combinado, alimentada con gas natural, de 480 megavatios.
"Casi 90 por ciento de la ruta boliviana del gasoducto atraviesa bosques tropicales únicos y vírgenes, así como los ecosistemas del Pantanal", señaló Atossa Soltani, directora de Amazon Watch, una organización no gubernamental de vigilancia con base en California.
"El sendero de 30 metros de ancho del gasoducto abrirá el corazón de esa zona virgen a la explotación incontrolada, la caza ilegal, la tala de árboles y la colonización", añadió. El proyecto también atraviesa el territorio de una comunidad indígena.
Amazon Watch, Amigos de la Tierra y la filial boliviana del Fondo Mundial de la Flora y Fauna Silvestre (WWF) enviaron una carta a la Junta de Directores de la OPIC, indicando que la ley de asistencia al extranjero estadounidense prohíbe financiar proyectos extractivos y de infraestructura en selvas tropicales primarias.
También señalaron que la concesión de fondos al proyecto violaría un compromiso asumido en 1997 por el presidente estadounidense Bill Clinton, quien aseguró que reforzaría las normas que impiden a la agencia financiar iniciativas de impacto perjudicial sobre el ambiente.
La OPIC ha preparado durante varios meses su estudio sobre el proyecto, que incluye una evaluación de impacto ambiental pagada por Enron y realizada por una firma boliviana de consultores en ingeniería. Personal de la agencia también visitó el área afectada en enero y conversó con organizaciones ecologistas.
"Como parte de nuestra evaluación, vamos a examinar todas las preocupaciones" planteadas por grupos ambientalistas, aseguró Harvey Himberg, director de Política de Inversiones y Asuntos Ambientales de la OPIC.
Sin embargo, los ambientalistas temen que Enron no haya informado correctamente sobre el impacto social y ecológico que tendrá el gasoducto.
La evaluación de impacto ambiental pagada por Enron incluye una lista de 34 especies que actualmente están en peligro de extinción en el área, y admite que los impactos del gasoducto sobre los ecosistemas serán "negativos", "permanentes" e "irreversibles".
Sin embargo, los ambientalistas señalan que el estudio no se acompaña de propuestas adecuadas para evitar la explotación abusiva del área mediante la tala, la caza y las actividades agrícolas que, previsiblemente, seguirán a la apertura de una entrada en el bosque tropical.
"Es muy dudoso que los patrocinadores del proyecto puedan reforestar con éxito parte del terreno correspondiente al recorrido del gasoducto y restringir el acceso a esa entrada en la selva", afirmó Soltani.
En la evaluación de impacto pagada por Enron tampoco se estudió correctamente la ecología de las áreas habitables atravesadas por el recorrido del gasoducto, apuntó a su vez, Patricia Caffrey, directora de la filial boliviana del WWF.
"El gasoducto partirá en dos el último remanente significativo que queda en el planeta de una región seca dotada de una selva tropical perenne", dijo Caffrey.
"Desafortunadamente, la evaluación de impacto ambiental pagada por Enron no analizó las interrelaciones y dinámicas ecológicas de los hábitat a lo largo del recorrido del gasoducto", añadió.
Caffrey afirmó también que el estudio no consideró los impactos potenciales del gasoducto sobre los animales acuáticos de las tierras húmedas de la región de Pantanal, donde viven caimanes, nutrias gigantes, 250 variedades de peces y 90.000 tipos de plantas.
"Sin esa información y su correspondiente análisis, la OPIC no podrá aplicar en forma adecuada las normas ambientales que la rigen, y tampoco será posible definir medidas apropiadas para mitigar el impacto del proyecto", opinó la directora de la filial boliviana del WWF.
Enron alegó en su defensa que las áreas donde el impacto del proyecto será negativo no corresponden a selvas tropicales "primarias" y que, por lo tanto, la construcción del gasoducto no debe verse afectada por las normas ambientales de la OPIC.
"El gasoducto atravesará algunos de los tramos selváticos menos perturbados del Amazonas occidental", indicó Susanna Hecht, docente de Políticas Públicas e Investigación Social en la Universidad de California, en Los Angeles.
"Esas selvas son el remanente de lo que quizá fue uno de los más extensos ecosistemas tropicales, y que ha sido devastado y en gran medida eliminado en América Latina", agregó.
Debido a la rareza de las selvas tropicales secas y perennes de Bolivia, tanto el WWF como Conservación Internacional, otra organización no gubernamental ambientalista, han otorgado prioridad a ese ecosistema en sus listas de salvaguardia.
"Recientes investigaciones sugieren que muchas plantas y animales de esos bosques no existen en ninguna otra parte del mundo", afirmó David M. Olson, responsable científico del WWF.
Las selvas tropicales secas son mucho más raras que las húmedas y están mucho más amenazadas. "En su mayor parte fueron taladas, porque tenían suelos y climas típicamente favorables para la agricultura", agregó Olson.
Grupos ambientalistas también sostuvieron que la evaluación de impacto ambiental pagada por Enron no examinó las consecuencias sociales que puede tener el pasaje del gasoducto a través de la reserva indígena de Santa Teresita, en Bolivia. Según Soltani, alrededor de 150 familias de indígenas ayori se verán afectadas.
"El estudio no se ocupa en forma adecuada de lo que pasará con Santa Teresita, y Enron tampoco ha concretado un acuerdo final con las poblaciones damnificadas sobre compensaciones y medidas para mitigar el impacto", comentó la directora de Amazon Watch.
Soltani también indicó que quizás uno de los efectos más graves de la construcción del gasoducto será la asociación de ese proyecto con el aumento de las actividades de prospección y extracción de petróleo y gas en el oriente boliviano.
El estudio de impacto ambiental pagado por Enron tampoco dice nada de esos impactos secundarios, a pesar de que "un gran número de nuevas concesiones petroleras y gasíferas están ubicadas dentro de parques nacionales y áreas reclamadas por poblaciones indígenas", señaló. (FIN/IPS/tra-en/dk/kb/ego/mp/en/99)
