Los gobiernos de Africa austral se resisten a ratificar un tratado que otorga derechos de propiedad intelectual a las empresas mejoradoras de especies vegetales y no recompensa a las comunidades de las que proceden esas plantas.
El Convenio Internacional de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) es un acuerdo sobre los derechos de los fitomejoradores que fue adoptado inicialmente por cinco países europeos. Ningún otro estado pudo participar hasta 1978, cuando el documento fue revisado y se abrió a todos los países.
El convenio de la UPOV es rígido y exige que sus miembros adopten sus normas como leyes nacionales. El resultado fue un alto grado de estandarización, contrario a la realidad de la diversidad biológica y socioeconómica de los distintos países.
Esa estandarización se incorpora a la definición de las nuevas obtenciones de plantas. Para merecer protección, una obtención debe ser nueva, distinta, uniforme y estable.
Esta definición excluye las variedades mejoradas por los agricultores y destruye la biodiversidad al imponer la uniformidad.
Los derechos de los fitomejoradores no apuntan a mantener o aumentar la diversidad y la sustentabilidad, sino a la destrucción de la biodiversidad y a la creación de sistemas agrícolas uniformes y, en consecuencia, ecológicamente vulnerables.
Por lo tanto, convenios como el de la UPOV son inherentemente incapaces de proteger los derechos de los agricultores derivados de su papel de innovadores y productores de variedades diversas, que forman la base de todo otro sistema de cultivo.
La Comunidad de Desarrollo de Africa Austral (SADC), integrada por Angola, Botswana, República Democrática de Congo, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe, desea renegociar el convenio.
SADC pretende postergar la aprobación de nuevas leyes hasta la conclusión de una revisión sobre el vínculo entre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, la convención sobre biodiversidad de las Naciones Unidas y el convenio UPOV. Se prevé que esa revisión terminará este año.
Edward Dalisto Zulu, experto en sistemas de semillas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca de Zambia, explicó que su gobierno "todavía no se incorporó a UPOV porque los zambianos están escépticos sobre el convenio".
"El convenio de UPOV cambió de su versión de 1978 a la de 1991, y creemos que ésta no protege los derechos de los agricultores", declaró Zulu a IPS.
Por ejemplo, Zulu teme que la ratificación del tratado impida a los pequeños agricultores, que producen entre 65 y 75 por ciento de los alimentos de Zambia, guardar semillas de una cosecha para reusarlas en la siembra siguiente.
Aunque el actual convenio de la UPOV no reconoce, y por tanto no protege, los derechos de los agricultores como derechos positivos, el de 1978 tenía una excepción que otorgaba al agricultor el derecho a guardar semillas de variedades protegidas.
De manera similar, la excepción de los fitomejoradores otorgaba a éstos y a los investigadores libre acceso a obtenciones protegidas para usarlas en la creación de otras variedades.
Sin embargo, UPOV 1991 eliminó esas excepciones. Los fitomejoradores e investigadores tendrán que pagar regalías al propietario de una obtención dada para poder usarla en la creación de otras variedades, y la excepción de los agricultores se volvió opcional.
Son los fitomejoradores los que decidirán sobre sus legítimos intereses y los aplicarán al Estado. Dado que ellos son, en este caso, compañías multinacionales de semillas más poderosas que casi cualquier gobierno del Sur, los "límites razonables" serán fijados por estas corporaciones y no por gobiernos individuales.
La autorización de los fitomejoradores será, por tanto, el determinante final de la venta y la comercialización del material cosechado. UPOV 1991 es, en consecuencia, tan monopolista como los regímenes de patentes.
Joseph Gopo, director general del Instituto de Investigación Biotecnológica del Centro de Investigación y Desarrollo Científico e Industrial de Zimbabwe, señaló que las leyes sobre patentes son demasiado generales y no otorgan la protección adecuada.
"Muchas variedades de plantas han sido robadas y es difícil recuperarlas. Lo que pretendemos es que se ponga fin a esta piratería perpetrada por empresas extranjeras", dijo. (FIN/IPS/tra-en/lm/mn/mlm/dv/99
