El amotinamiento popular que estalló el 27 de febrero de 1989 en Venezuela fue vencido como un hecho delictivo, pero al cabo de 10 años se muestra como vencedora divisoria de aguas de la vida política y social.
Conocida como Caracazo o 27-F, la semana de desórdenes, saqueos y represión iniciada ese día dejó un saldo de varios centenares de muertos, al menos 2.000 heridos y 150 millones de dólares en daños a comercios, principalmente en la capital.
Pero también, según coinciden desde sicólogos hasta gobernantes, y desde sacerdotes hasta militares, "rompió la ilusión de armonía" con la que creció la democracia venezolana desde 1958, y marcó los principales acontecimientos políticos registrados desde 1989.
La influencia de la desordenada rebelión alcanzó al auge de manifestaciones populares en 1991, a los alzamientos militares de 1992, a la remoción de Carlos Andrés Pérez como presidente y a la elcción de Rafael Caldera, en 1993.
También al desplome de los partidos tradicionales, a la emergencia de poderes regionales y locales, y a la victoria del teniente coronel Hugo Chávez, jefe de una cruenta asonada de 1992, en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998.
El detonante del 27-F fue un alza intespestiva de tarifas, decidida por transportitas suburbanos, luego que el entonces recién estrenado segundo gobierno de Pérez (1989-1993) ordenó elevar los precios de la gasolina.
Miles de trabajadores quedaron súbitamente sin posibilidades de ir a laborar y cobrar su salario. Fue la gota que colmó el vaso de ira y frustración por una década de continuo deterioro del nivel de vida.
La protesta dio paso a una avalancha de violencia con dos días de preeminencia de turbas en las calles, seguidas de varias jornadas de férreo control militar y polciial: fue entonces cuando, según organizacions de derechos humanos, se produjo el mayor número de muertes.
"Pasados 10 años podemos entender mejor el fenómeno", dijo a IPS el sociólogo Tulio Hernández, "y en primer lugar registrar que es la mayor masacre en la historia de Venezuela en todo el siglo. Ningún otro movimiento popular dejó tantos muertos".
También "fue el primer quiebre del pacto institucional con el que funcionó la democracia desde 1958: se produjo una especie de decisión colectiva de romper con el Estado de Derecho imperante", según Hernández.
Pérez, pocos días después de la trágica semana, expresó su angustia por la brecha entre las clases sociales de Venezuela (la pobreza apenas pasaba de 50 por ciento entonces, actualmente supera 75 por ciento) y observó que se había registrado un enfrentamiento "de pobres contra ricos".
Constatando los muchos pequeños comercios saqueados a la vera de barriadas humildes, el entonces rector de la Universidad Central, Luis Fuenmayor, observó que se había tratado de una confrontación "de pobres contra pobres".
El 4 de febrero de 1992, cuando el parlamento discutió el alzamiento que acaudilló Chávez, el entonces aspirante presidencial socialcristiano Rafael Caldera dijo que "los pobres rompieron a pedradas la vitrina del Fondo Monetario: a un pueblo con hambre no se le puede pedir que defienda la democracia".
Una comisión multipartidaria del parlamento levantó en 1989 un informe sobre el Caracazo y lo calificó como "punto de inflexión de un largo proceso de deterioro y envilecimiento, tanto de las condiciones de vida de los venezolanos como del ambiente cultural- moral de la República".
Según Hernández "fue también un gran fracaso nacional. El Caracazo fue una rebelión sin propósito y una contienda sin ganadores, aunque a la vez quedó como una herida abierta".
La prolongación de los fracasos se expresa en el auge de la violencia criminal en los años subsiguientes o "27-F en miniatura", y la conversión de las ciudades en selvas de rejas de hierro que cubren puertas y ventanas.
Las frustraciones van desde el rechazo a la rectificación -más trascendente decisión de Estado es subir el preco de la gasolina que el de la leche- hasta el temor de que, derruidos mecanismos de movilidad social, quien nace pobre así morirá.
En el terreno político, sin embargo, "la ira popular siguió escuchándose", según Hernández, y así los golpistas de 1992 de modo intermitente gozaron de popularidad y Caldera ganó en 1993 como candidato independiente suprapartidista.
Luego, indicó el sociólogo, en 1996 y 1997 la popularidad favoreció la candidatura independiente de Irene Sáez, alcaldesa de un municipio caraqueño y Miss Universo en 1981, en tanto en 1998 se volcó hacia Chávez como abanderado anti-sistema.
Más aún, quien resultó principal rival de Chávez en los comicios del año pasado, Henrique Salas, se definió también como "hijo del 27 de febrero", pues su estrella política creció desde que en 1989 fue elegido gobernador de Carabobo, estado industrial cercano a Caracas.
Chávez, quien este sábado lanzará un plan cívico-militar de acción social, como reparación por el daño imputable a las fuerzas armadas durante el Caracazo, es la más vistosa expresión política del cambio provocado por la trágica semana.
"Nunca más un 4 de febrero", proclamó Chávez a poco de asumir el poder, en alusión a la fecha de la rebelión que encabezó contra el orden constitucional, "pero que nunca más el ejército salga a reprimir: nunca más un 27-F".
La asociación de ambas fechas es reciente en el discurso de Chávez, pues no lo hizo en sus justificaciones de la asonada en 1992, pero de larga data para historiadores como el ex presidente interino Ramón Velásquez (1993), para quien "el 27-F la gente salió a la calle …y a sus casas aún no ha regresado". (FIN/IPS/jz-eg ip la 99
